Por fin hay acuerdo, gritan algunos, porque la verdad es que sí, ya era urgente empezar a tomar acción con respecto a la realización del proceso de cambio constitucional. ¿Pero realmente hay motivos para celebrar este acuerdo?

Se entiende, y siempre se supo, que ciertos puntos debían de cambiar para lograr sacar adelante el nuevo proceso, pero realmente esta vez no hubo freno alguno: más que un acuerdo sobre los bosquejos iniciales del proceso, también delinearon la forma y fondo, acordando buena parte de lo que debía de trabajarse a futuro y la forma en que se debía trabajar.

Para empezar, hay que recordar que 5.673.793 personas votaron por una Convención Constitucional electa por la ciudadanía para escribir la nueva Constitución, mientras que sólo 1.492.260 de personas votaron por una Convención Mixta. Aun así, el Congreso decidió ir por la segunda opción, optando por escribir la nueva Constitución con 50 consejeros electos por votación obligatoria (Consejo Constitucional), 24 expertos electos por ellos (Comisión Experta) y otros 14 juristas (Comité Técnico de Admisibilidad) quienes, adivinen, son electos por ellos mismos.

Tampoco les bastó no respetar la voz del pueblo expresada en esa elección, sino que también delinearon la participación y rol que debían de jugar los consejeros, sus expertos y juristas, definiendo sus poderes de forma bastante asimétrica.

Esto se debe a diversas razones. En cuanto a los “expertos”, los consejeros no solamente reciben una propuesta de anteproyecto por parte de ellos (influyendo en alguna medida sobre la pauta de lo que se hablará después), sino que también tienen la facultad de formular propuestas que, de no ser rechazadas por 2/3 del Consejo Constitucional (quórum realmente altísimo, que obliga a más de la mayoría de las diversas fuerzas políticas a ponerse de acuerdo), serían resueltas por una Comisión Mixta entre consejeros y expertos, o en caso de superar los 3/5, sería aprobada, dejando poco margen para rechazar propuestas de “expertos”. Estos “expertos”, para colmo, según el acuerdo, son “Personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”, algo claramente subjetivo según quién evalúa, por lo que básicamente quedaría en manos de los partidos seleccionar quiénes son los que parecieran ser más expertos que otros.

En cuanto a los juristas, sucede lo mismo en cuanto a su elegibilidad, pero el mayor problema es el gran poder de veto que poseen, donde si solamente 1/5 del Consejo o 2/5 de la Comisión Experta decide el requerir revisar cierto punto, necesitaría una votación de la mayoría absoluta de los miembros del Comité para así declarar inadmisible cualquier norma, constituyendo una especie de Tribunal Constitucional al que pueden ir a acudir las fuerzas políticas, las cuales sin poseer mayoría (por el bajo quórum de 1/5) podrían llegar a eliminar esa norma si consiguen el apoyo de la mitad de los juristas.

Por último, también decidieron plantear 10 puntos que delimitan el texto constitucional en cuanto al contenido que deberá tener, delineando ya la construcción del texto constitucional en sí mismo. Esto es grave, no porque las normas propuestas sean malas; independiente de ello, empezar a escribir la Constitución que regirá todo un país no es una tarea para la que fueron electos. ¿Reformar la Constitución actual? Podrían, pero empezar a escribir una nueva Constitución requiere de nuevos convencionales, o en este caso consejeros, quienes justamente electos por la voluntad popular sean quienes delimiten y definan estos puntos, lo cual incluso resultaría en una mayor legitimidad frente a la gente.

Y ya la gota que rebalsó el vaso fue la decisión de forma casi dictatorial de que la Cámara de Diputados y el Senado siguieran vigentes, perpetuando de esta forma algo que ellos desean, desligándose de lo que prefiera la gente por el mismo hecho de imponerlo.

Puede que los puntos posean temáticas que eran necesarias: reconocer un Estado descentralizado, comprometerse al cuidado y conservación de la naturaleza, incluso reconocer a los pueblos indígenas, son temáticas que a mí parecer debían estar sí o sí en el texto final, pero no por ello tomarse la decisión de forma unilateral, ignorando la necesidad de escuchar la voluntad popular.

No busco con esto llamar a votar Rechazo a este acuerdo: creo que todo se deberá ver con texto en mano. Sin embargo, es un mal inicio para aquellos que buscamos mayor democracia en este país y menos cocinas políticas como la que acaba de suceder.