En los últimos días, la oposición al gobierno de Gabriel Boric inició una arremetida en contra del oficialismo, principalmente desde el Parlamento, a través de mociones de censura, acusaciones constitucionales, denuncias y citaciones a sesiones especiales.

Todo comenzó hace un mes, cuando el diputado del Partido Liberal (PL), Vlado Mirosevic, ganó la presidencia de la Cámara Baja derrotando a Miguel Ángel Calisto, candidato respaldado por la derecha.

Tan pronto se dio a conocer su triunfo, los partidos de oposición se articularon para tomar represalias, especialmente a través de censuras a distintas comisiones del hemiciclo.

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El diputado Francisco Undurraga (Evópoli), detalló entonces que la coordinación abarcaba al “PDG, el Partido Republicano, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli” para “censurar 13 comisiones” y traspasar el mando de las mismas “a esta nueva fuerza política que fue en contra del presidente Mirosevic en las elecciones anteriores”.

Según informaron los legisladores de oposición, las comisiones que censurarían serían la de Bomberos, Recursos Hídricos, Personas Mayores, Ciencia y Tecnología, Defensa, Seguridad, Desarrollo Social, Minería, Deporte, Agricultura, Economía, Zonas Extremas y Cultura.

Hasta el momento, han destituido a cinco: La diputada Ana María Bravo (PS) en Familia, y a Nelson Venegas (PS) en Recursos Hídricos y Desertificación. También a Carolina Marzán (PPD) de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, Consuelo Veloso (RD) de la Comisión de Agricultura, y Daniel Manouchehri (PS) de Economía.

PAES con “sesgo ideológico”

Sin embargo, la estrategia de la oposición no se quedó ahí y se desplegaron, tal como lo hace un enjambre de avispas, para debilitar a su objetivo en distintos flancos. Uno de ellos fueron los cuestionamientos a la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Historia y Ciencias Sociales.

Desde la UDI, los diputados Sergio Bobadilla, Eduardo Cornejo y Fernando Bórquez acusaron un “sesgo ideológico” y pidieron citar al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la directora del Demre, Leonor Varas, a la comisión de Educación de la Cámara. En tanto, el diputado Hugo Rey (RN) ofició al Mineduc para hacer la trazabilidad y dar con los responsables del cuestionario aplicado en esta versión.

Una de las preguntas que provocaron la polémica fue la número 1, que consultaba por los 17 escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional. “¿Cuál es la importancia para el sistema democrático chileno en dicho momento?”, era la interrogante.

Al respecto, Rey señaló que “es absolutamente inaceptable que, en definitiva, se elaboren preguntas de alternativas que parecen no tener respuesta indubitada, y en las que mejoran sus opciones de acceder a la educación superior quienes sintonizan ideológicamente con quienes elaboran la prueba”.

Por otro lado, los diputados UDI también reclamaron por la 53, que hace referencia al Golpe de Estado de 1973 y el “cambio de paradigma político-económico que desembocó en un nuevo modelo socioeconómico”.

También mostraron molestia con la pregunta 55, que asegura que desde 1980 se implementaron “diversas políticas públicas de orientación neoliberal, consolidando la economía de mercado”, y consultaba “¿qué problema económico estructural se ha mantenido hasta la actualidad?”.

Sobre estas interrogantes, desde la UDI acusaron que “pareciera que el único objetivo de esta prueba no fue medir conocimientos, sino que seguir haciendo propaganda de ideas que han fracasado en todo el mundo (...) la PAES de Historia y Ciencias Sociales se está transformando en una herramienta política y un instrumento de adoctrinamiento para los jóvenes, en la que se busca dar como verdad una serie de hechos que no son tales”.

Acusación constitucional contra Jackson

Este domingo, la bancada de diputados del Partido Republicano dio otro paso más en la estrategia de la derecha. Los parlamentarios señalaron que estudiarán “todos los antecedentes e informaciones disponibles” para evaluar la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

A través de un comunicado, los Republicanos indicaron que la acción nace a raíz de “las graves acusaciones sobre irregularidades, errores administrativos y presiones políticas” que presuntamente existirían al interior de Desarrollo Social, según acusó la exseremi de la cartera de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo (PPD).

Hidalgo aseguró en entrevista con Radio Bío Bío que, tras mostrar su negativa a aprobar el proyecto Plaza Egaña Sustentable, se le pidió que dejara el cargo. Asimismo, antes que se votara el proyecto, afirmó que la ministra del Interior, Carolina Tohá, le había exigido que votara a favor.

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La denuncia fue contestada por la cartera ministerial a través de un comunicado, en el que se consigna que la decisión se debió a “la causal de pérdida de confianza”.

Esto “fue motivado por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias, cuestión que es obligación de toda autoridad política y funcionario público, ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle ubicado en la Región Metropolitana”, explicaron.

Según la bancada republicana, este lunes comenzarían a recolectar las firmas necesarias para presentar la acusación constitucional, y que durante las próximas semanas estudiarán los antecedentes para llegar a la conclusión respecto de la viabilidad de la acción.

Carta a la SIP por agenda de medios de Vallejo

La última parte de la ofensiva conocida fue la carta que la UDI envió la semana pasada a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por la agenda contra la desinformación que ha desplegado la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

En una breve gira por Europa, la ministra dio inicio a la agenda de la Secretaría General de Gobierno en temas como fortalecimiento a la libertad de expresión y de prensa, el combate a la desinformación y la construcción de un trabajo colaborativo con otros países y actores de la sociedad civil.

Para los diputados UDI Juan Antonio Coloma, Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero, este plan sería “una grave amenaza a la libertad de prensa, sobre todo en sociedades democráticas que propenden a garantizar el periodismo plural e independiente”, según le escribieron al presidente del SIP, Michael Greenspon.

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La misiva cuestiona que las “medidas gubernamentales generen una intervención indebida en la interacción de la prensa con la ciudadanía”, y que Javiera Olivares (PC), expresidenta del Colegio de Periodistas, esté detrás del grupo de trabajo de combate a la desinformación, en donde también participarán Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Lituania y Noruega.

Así, los diputados gremialistas indicaron que la agenda “atentaría contra los valores de una sociedad que defiende los derechos fundamentales y la plena realización de las personas, en un entorno libre de controles o regulaciones que puedan coartar el trabajo de disciplinas asociadas a las comunicaciones y, con ello, el derecho a ser informado que asiste a cada integrante de las sociedades democráticas”.