Junto a la diputada Clara Sagardía, compañera en la Bancada Convergencia Social, presentamos un proyecto de ley para asegurar la participación política de las personas con discapacidad. Si se aprueba, los partidos deberán incorporar al menos un 5% de los candidatos para cargos públicos a personas con discapacidad y dedicar al menos un 5% de su presupuesto en promover la participación política de este segmento de la población.

Es una medida concreta para la inclusión, que se suma a iniciativas como la ingresada en el Senado, la que propone escaños reservados para las personas con discapacidad. Estos Proyectos de Ley se ajustan a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por nuestro país en 2008. Aunque puede parecer una imposición para algunos, no es una novedad en el ámbito legislativo. El Congreso de México, compuesto por 500 diputados, inauguró el nuevo periodo legislativo con 8 parlamentarios que tienen alguna discapacidad. Si bien el número no alcanzó a lo establecido por ley, es más alto que la composición del parlamento anterior. Un pequeño gran avance.

Reflexionar y legislar en torno al tema me llevó una y otra vez a compararla con la lucha feminista. ¿Por qué? Porque ambos segmentos de la sociedad han existido siempre, pero no en la primera línea de la historia. La incorporación de mujeres y personas con discapacidad comenzó a principios del siglo XX. Si las mujeres pudimos votar en elecciones por primera vez en 1934 y recién en 1952 en elecciones presidenciales, las personas no videntes pudieron votar en 1969; las personas analfabetas se incorporaron al padrón en 1972. El Servel ha realizado avances profundos como el Voto Asistido, indispensable con el voto obligatorio, pero en la práctica ha tenido serios inconvenientes, como lo indica la investigación de  Marcela Tenorio, Florencia Herrera y Pablo Marshall, sobre las elecciones de 2021.

Un 19.5% de las personas con discapacidad que solicitaron el voto asistido, no lo pudieron usar en sus mesas de votación. Un 11.5% tuvo problemas para acceder a sus lugares de votación por fallas en accesibilidad física, señalética e información. El 21% de los casos en los que la persona pidió ejercer su derecho al Voto Asistido, el presidente y los vocales de mesa no supieron cómo actuar. Una cifra importante es que los problemas fueron mayores en regiones que en Santiago. Estos números nos deben preocupar, ya que cerca del 20% de nuestra población tiene alguna discapacidad. Solo piensen ¿Podrá una madre ir a votar junto algún familiar en una silla de ruedas neurológica, en locomoción pública de regiones?

La participación en política ha sido esquiva pero no imposible. En el actual Parlamento, personas como el diputado Francisco Undurraga o la senadora Fabiola Campillai forman parte del Congreso, llevando junto a sus convicciones políticas la bandera de la discapacidad. Si bien, se hicieron adaptaciones estructurales para que su participación sea igual de fluida que el resto, en el caso de la senadora. ¿Por qué no tenemos un 20% de parlamentarios con discapacidad, que representen al 20% de la población? ¿Cómo podemos incentivar a las personas con discapacidad a que entreguen su punto de vista en la política?

Si políticas públicas obligaron a los partidos políticos, empresas y a la administración pública a la paridad, la que ha traído beneficios y ha demostrado que no hay trabajos ni oficios para un género definido, es el momento de que las personas con discapacidad se integren a repensar nuestra sociedad. Si queremos un país para todos -y no para algunos- es el momento.

En el Día de la Discapacidad, dejo nuestro Proyecto de Ley con esperanza en que mis compañeros en el Congreso compartan la necesidad de tener una política diversa, y que nuestras diferencias físicas no sean impedimento para convivir y trabajar en una sociedad más justa y ecuánime.