En 1980, el actual sistema de pensiones hizo una promesa al país, a través del DL (Decreto Ley) N° 3.500, que evidentemente no se cumplió: al día de hoy aún no tenemos un sistema de seguridad social, que según el Artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos, debiera estar garantizada.

Por el contrario: el rendimiento del sistema de AFP es sumamente deficiente para sus afiliados. Sin ir más lejos, recién en 2008 se logró resolver -en parte- una gran deficiencia de cobertura, con la creación del Pilar Solidario, a través de la Ley N° 20.255, de Reforma al Sistema de Pensiones. Aun así, entre 2008 y 2021, la mitad de las personas jubiladas recibieron una pensión autofinanciada igual o menor a $ 64.216. Si este análisis lo enmarcamos en el enfoque de género, el problema es aún mayor para las mujeres, quienes se sitúan en los $ 30.685, a diferencia de los $ 137.310 de los hombres. Sólo gracias al Pilar Solidario hoy la Pensión Garantizada Universal (PGU) faculta una mediana de $ 211.142 para las mujeres y de $ 321.304 para los hombres.

En consecuencia, el sistema se sustenta básicamente con aportes estatales, por lo que reformar es urgente, ya que poseemos un sistema privado, de ahorro, que no cuenta con una mirada colectiva, ni componentes solidarios, sino que sólo el Estado asume esa dimensión “solidaria”, mientras cada persona debe “rascarse con sus propias uñas” para generar una pensión futura que le permita sobrevivir.

Para solucionar el problema, el actual proyecto de ley de pensiones, presentado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, elimina las AFP, dando paso a nuevos inversores privados de fondos previsionales y, por otro lado, una alternativa pública que permitirá la competencia.

Asimismo, se crea un seguro social en base a un nuevo Fondo Integrado de Pensiones que se financiará con el aporte de los empleadores, donde se registrarán todos los aportes en cuentas personales con compensaciones significativas para mujeres. Todo lo anterior será complementado con el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $ 250.000, cuando se apruebe la Reforma Tributaria, por fin otorgándole un piso de seguridad social.

En nuestra querida comuna de San Miguel, hay más de 25.000 personas mayores y otras caminamos hacia la edad de jubilación. Todas y todos clamamos por dignidad para nuestras pensiones. Por eso mi compromiso, desde la concejalía de San Miguel, con este proyecto es total, ya que entrega soluciones concretas a quienes requieren -con urgencia- un reconocimiento a su trabajo, sea este remunerado o no. Para que gocemos de un nuevo sistema que entregue pensiones dignas para Chile.