La pasada semana, Chile fue elegido como el mejor destino verde del mundo por los premios World Travel Awards, considerados como los “Oscar del turismo”. Chile también es uno de los países que menos recursos públicos destina a las áreas protegidas, que representan grandes atractivos turísticos para el país. La reducción del presupuesto destinado a esta área en un 21% con respecto al 2022, gatilló un paro de guardaparques que lleva ya más de dos semanas. 

Entre los temas de preocupación para los guardaparques, se mencionan las condiciones de seguridad de las y los trabajadores, y el presidente del sindicato Cesar Bastías ha denunciado en la prensa la presencia de narcotráfico y personas armadas dentro de los parques y reservas nacionales del país. A esto se suman los hechos de violencia contra los guardaparques del Parque Nacional Nahuelbuta sucedidos el 13 de noviembre. 

Aunque todavía no es claro qué tan generalizada es la problemática, lo cierto es que dentro de la labor de los guardaparques, que deben encargarse de la conservación de grandes extensiones naturales en zonas remotas y con escasos recursos, se enfrentan además a situaciones delictuales sin las herramientas para saber lidiar con ellas. Entre los guardaparques parece haber coincidencia en que hay espacio y necesidad de mejorar el acompañamiento y apoyo a las y los trabajadores que están expuestos a situaciones de riesgo. 

“En el norte hay problemas en los pasos fronterizos. En la zona centro hay presencia de plantaciones dentro de las áreas protegidas, y en el sur hay situaciones como la que pasó en Nahuelbuta. Además hay otros casos donde los colegas no se atreven a denunciar ante sus jefaturas porque han sido amenazados. Son cosas que se han alertado ante las autoridades y sentimos que la institución no le toma el peso a las denuncias que se hacen hasta que pasa algo más grave”, reflexiona Daniel Medel, secretario del sindicato de trabajadores y trabajadoras de la región del Maule. 

[Te puede interesar] Dependencia y vulnerabilidad del financiamiento de las áreas protegidas en Chile

Situaciones de riesgo

Ante las denuncias sobre la presencia de narcotráfico en las áreas protegidas, el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, admitió conocer el caso del Parque nacional La Campana, dentro del cual se encontraron plantaciones de marihuana. Otro caso no mencionado por el ministro pero sí por autoridades de Conaf y por representantes sindicales de guardaparques, es el del parque Fray Jorge en La Serena, donde también hay plantaciones de marihuana. “En algunos casos la PDI ha hecho operativos desde adentro de los parques entonces los traficantes asumen que son los guardaparques los que datean a la policía porque son los que están siempre en terreno. Son situaciones que se manejan a veces sin considerar la exposición de los trabajadores”, comenta José Luis Gutiérrez, representante de guardaparques en la zona norte. 

“Como los parques son aislados y no tienen pavimento sino caminos o huellas, se usan para movilizar droga porque hay menos control carretero. En el Parque nacional Pan de Azúcar hace un año un vehículo venía por un camino interno del parque y como se dio la vuelta se pudo dar cuenta de que venía con un cargamento de droga. Se hizo un operativo de PDI y al haber pesquisado uno, tú sabes que es un paso que utilizan dentro de la unidad. El guardaparque en su labor tiene que controlar la gente que entra para ver a dónde van, si vienen con perros y uno no sabe cómo puede reaccionar la gente que está cometiendo un ilícito si se le viene a controlar entonces es un riesgo directo que enfrenta el guardaparque”, ejemplifica José Luis. 

En la zona norte, en los parques aledaños a la costa, guardaparques que prefirieron dar su testimonio de forma anónima declaran situaciones de inseguridad al enfrentarse a la extracción ilegal de algas marinas para su tráfico. El barreteo de algas en las regiones de Antofagasta y Atacama se ha agravado por su vínculo con la crisis migratoria, donde personas de alto nivel de vulnerabilidad se dedican a esta actividad ilegal. Según los relatos de algunos guardaparques, además esto tendría un vínculo con el narcotráfico, donde se pagaría con drogas por la extracción de las algas, incluyendo también situaciones de consumo como parte de la misma actividad. Todo esto, según relatan, hace que los encuentros con esta actividad sean de gran inseguridad para los trabajadores de las áreas protegidas. 

Otra situación es la que ilustra el último caso de connotación pública donde sujetos quemaron las instalaciones del Parque nacional Nahuelbuta y amenazaron a los guardaparques. En la zona de Malleco se han sucedido otros hechos donde guardaparques se han visto expuestos a situaciones de violencia, como lo que sucedió en la Reserva Nacional Malleco en marzo de este año. “En el caso de Nahuelbuta efectivamente había habido alertas de que podía ocurrir algo así y tanto el Estado como la institución han tenido una reacción tardía, actuando una vez que ya se suceden hechos de gravedad. Más que como problema, debemos ver esto como una oportunidad de cambio para analizar la situación con otras instituciones y ver cómo se puede mejorar la seguridad para nuestro personal y habitantes, y para el patrimonio natural que estamos protegiendo”, sostiene Álvaro Marín, vocero del cuerpo de guardaparques en La Araucanía. 

Mayor respuesta ante las advertencias de los guardaparques sobre posibles situaciones de riesgo, capacitación y directrices claras para lidiar con situaciones de riesgo, información clara y seguimiento sobre el estado de las causas en investigación, y una mesa de trabajo con otras autoridades para abordar el tema de la seguridad, son algunos de los pasos a seguir que proponen los representantes de los guardaparques en distintas regiones. También afirman la necesidad de una mayor inyección de recursos, que puede contribuir  a que haya más personal para que los guardaparques no tengan que monitorear un área solos, o mejores equipos de radio para las unidades que tienen problemas de comunicación en zonas remotas.