En una columna anterior planteábamos que el auge de las noticias falsas ha supuesto un golpe a la calidad de la democracia, ya que una opinión pública desinformada, cuya lógica se base en informaciones falsas y de fuentes desconocidas, tenderá a ser manejable por quienes dominen una retórica sentimental, lo que reduce drásticamente la libertad de elección y polariza la opinión pública.

En esta columna queremos desentrañar el mecanismo de las fake news y abordar posibles estrategias de solución.

La pregunta que surge es ¿por qué las noticias falsas llegan a ser creíbles a nivel masivo? La respuesta puede encontrarse en el estudio Influencia de las noticias falsas en la opinión pública-Septiembre de 2018: “Las comunidades que se articulan a través de estas plataformas dan lugar a las llamadas “cámaras de eco”, que responden a burbujas digitales en las que los propios miembros comparten informaciones que respalden sus puntos de vista y que son terreno de cultivo propicio para la expansión de las fake news. Si bien Facebook puede considerarse como la red principal a la hora de construir este tipo de comunidades, es en Twitter, por la naturaleza de la red social, donde las noticias falsas se expanden con mayor facilidad. Según un estudio impulsado por el propio Twitter, en el que participó un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), las noticias falsas reciben un 70% más de retuits que las veraces. Esta investigación, publicada en la revista Science, arrojó una serie de datos que muestran la facilidad con la que las fake news se propagan en esta red social. A las informaciones veraces analizadas en este estudio les llevó seis veces más tiempo que a los bulos (mentiras) alcanzar a 1.500 personas. En el caso de las fake news políticas, mientras una noticia falsa llega a 10.000 individuos, la mentira política se difunde entre el doble de personas y en una tercera parte del tiempo. Una de las cuestiones claves a la hora de entender el fenómeno de las fake news es el papel que los bots juegan en este proceso”.

El ser humano tiende a seguir a aquellos grupos o individuos que compartan gustos y puntos de vista. Los seres humanos que viven en una cámara de eco pueden propagar cosas ridículas. “Las personas aplican un sesgo de confirmación a su pensamiento (o recolección selectiva de evidencias) y prefieren creer lo que ya creen. Les requiere un esfuerzo mental excesivo cambiar de opinión y lo evitan, aunque haya pruebas en contra de sus creencias previas”, sostiene Takis Metaxas, investigador de Wellesley y Harvard. Las fake news, por su naturaleza, contenido y objetivo que persiguen, impiden la construcción de un juicio racional y bien formado.

Científicos le dan incluso una explicación biológica: sucede porque cuando leemos algo que se alinea con nuestras convicciones y creencias previas, el cerebro segrega dopamina, sustancia química que da placer. Por el contrario, cuando leemos algo que no nos gusta, neurológicamente se produce incomodidad. Es más, somos cuatro veces más propensos a ignorar una información si esta es contraria a nuestras creencias. Un estudio de la revista Nature descubrió además que la susceptibilidad a las noticias falsas se explica, al menos en parte, por una falta de habilidades de razonamiento apropiadas al momento de enfrentarse a contenido engañoso.

A todo lo anterior se suma la persistente baja en la confianza hacia los gobiernos, Congresos, partidos políticos, medios de comunicación y expertos de diferentes rubros.

Habiendo descubierto el principal mecanismo de acción de las redes de desinformación, es hora de reflexionar acerca de cómo enfrentar esta amenaza. No existen soluciones obvias ni tampoco un camino fácil. Sin embargo, nuestro futuro está condicionado por la eficacia con que contrarrestemos este inescrupuloso fenómeno.

En primer lugar, se hace imperativo que desde la ciudadanía se haga un esfuerzo extra en ser rigurosos a la hora de divulgar contenido en la web, utilizando de forma responsable y cauta la información que circula a través de las redes. Estamos hablando de educación, educación y más educación.

En segundo lugar, es necesario establecer regulaciones de diferente naturaleza, las cuales deben ser cautas en no afectar la libertad de expresión, pero al mismo tiempo eficaces en disuadir la desinformación. En la lucha contra la desinformación resulta clave la coordinación con tres actores: las empresas tecnológicas, la sociedad civil y los factcheckers y las instituciones académicas. Algunos caminos a explorar son:

• Promover la desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación y su independencia. En un país como Chile, en que los medios están muy concentrados, en pocas manos y se coluden fácilmente, una medida interesante sería diversificar la propiedad y adoptar medidas que cautelen su independencia o al menos que sea pública la línea editorial. Esto es particularmente importante por cuanto una caja de resonancia de las fake news son los medios tradicionales, que suelen reproducirlas.
• Creación de organismos especializados en detectar y alertar la circulación de información falsa. Una herramienta útil para esto son los factcheckers o verificadores de hechos. Algunas cuentas interesantes: @fastcheckcl en Twitter; fact check tools de Google; cuentas fact checking de Facebook. El problema es que los seguidores de noticias falsas no quieren que les digan que las noticias en las cuales ellos creen son falsas (sesgo de confirmación), por lo que desactivan estos mecanismos.
• Obligar a las plataformas tecnológicas (redes sociales) y a los medios de comunicación a tomar medidas efectivas frente a esta plaga. En cierta forma esto se ha estado haciendo tímidamente mediante herramientas de fact checking, pero es relativamente fácil bloquearlas. Un ámbito donde las empresas podrían ser muy eficaces es bloqueando las cuentas bots (cuentas automatizadas que imitan el comportamiento de personas en las redes sociales, habitualmente gestionadas por algoritmos), pero les ha faltado voluntad ya que esas mismas cuentas contribuyen a la valorización de las compañías… Solo recordar que el propio Elon Musk estimó que en Twitter había 65 millones de cuentas falsas, esto antes de adquirir la plataforma.
• Regular y sancionar la creación y difusión de información falsa, mediante legislación ad-hoc. En Chile, entre 2018 y 2022, parlamentarios de distintos sectores políticos han propuesto al menos 8 proyectos de ley para regular las “fake news” en Chile, ya sea en procesos electorales, crisis sanitarias o para mayor transparencia en las redes sociales. Una demanda transversal que, sin embargo, no ha tenido mayores avances en el Congreso Nacional. Aparecen dos estrategias posibles: combatir la industria de las fake news descubriendo y sancionando a quienes las financia (“sigue el dinero”) o creando un ambiente de vigilancia en las plataformas.

Algunos señalan que nada debiera afectar la libertad de expresión. Sin embargo, cuando dos derechos se contraponen, sin duda que es necesario buscar un equilibrio. En este caso, el derecho a la libertad de expresión se contrapone al derecho a acceder a información veraz y de calidad. De hecho, el Foro Económico Mundial, en su informe anual sobre riesgos globales, consideró a la desinformación como un obstáculo el ejercicio de las libertades civiles y la democracia. Por lo demás, la acción de desinformar no refiere a opiniones, sino que de difundir información comprobadamente falsa.

Fake news en el derecho comparado

A nivel internacional, observamos un escenario bastante dinámico. Un estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional (de Chile) así lo evidencia.

• La Unión Europea elaboró un Plan de Acción para una respuesta coordinada contra la desinformación, aprobado a fines de 2018. De su contenido destaca la creación, materializada en marzo de 2019, de un Sistema de Alerta Rápida (RAS) con puntos de contacto nacionales para alertar instantáneamente sobre campañas de desinformación a través de una infraestructura tecnológica específica y para intercambiar información entre los Estados miembros y la Unión. Este sistema asegura la necesaria coordinación entre los socios europeos y facilita tanto la monitorización de las redes para detectar campañas y acciones de desinformación como, eventualmente, el diseño de respuestas comunes cuando resulte necesario. Adicionalmente, elaboró un “Código de Prácticas sobre Desinformación”, firmado por varias empresas líderes, y que es el primer instrumento de diálogo público-privado para avanzar en su regulación. Finalmente, se encuentra en tramitación una actualización de la legislación que gobierna el sector digital a través de una Ley de Servicios Digitales y otra Ley de Mercados Digitales, con el propósito de abordar los nuevos temas asociados al comercio electrónico y a la desinformación en redes sociales.
• Dentro de los avances normativos, la legislación alemana NetzDG (2017) estableció obligaciones especiales a las plataformas de internet como Google, Twitter y Facebook para combatir la difusión de diversos tipos de información (discursos de odio, pornografía infantil, fake news y otro tipo de material ilegal que señala), con penas de hasta 50 millones de euros.
• El estudio de la BCN antes referido señala que la norma alemana ha inspirado numerosos esfuerzos similares. El think-tank danés Justitia reportó que, a octubre de 2020, otros 24 países habían adoptado o propuesto, consciente o inconscientemente, modelos similares a la matriz de la NetzDG: Honduras, Venezuela, Vietnam, Rusia, Bielorrusia, Kenia, India, Singapur, Malasia y Filipinas, Francia, Reino Unido y Australia. Luego, 11 nuevos países siguieron el modelo alemán: Kirguistán, Brasil, Austria, Turquía, Malí, Marruecos, Nigeria, Camboya, Indonesia, Kirguistán y Brasil, Etiopía, Pakistán y Turquía. Todos los países referidos requieren que las plataformas en línea eliminen categorías vagas de contenido que incluyen "información falsa" (Kirguistán, Nigeria y Marruecos), "blasfemia"/"insulto religioso" (Indonesia, Austria, Turquía), "discurso de odio" (Austria, Camboya), “incitación a generar anarquía” (Camboya) y "derechos personales y de privacidad" (Turquía).
• Brasil está tomando medidas. El Senado aprobó recientemente un proyecto de Ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en internet contra las falsas informaciones, muy resistido por el gobierno de Bolsonaro, por razones evidentes. El proyecto considera, entre otras cosas: a) la exigencia de que las plataformas mantengan a disposición del Poder Judicial, durante tres meses, los registros de encaminamientos de mensajes masivos, con la identificación de sus remitentes; b) la obligación de los proveedores de abrir el acceso remoto a sus bancos de datos para atender órdenes judiciales; c) la prohibición de creación de robots (cuentas automatizadas); y d) sanción a las plataformas digitales que incumplan esas normas, que podrán ser multadas con hasta un 10% de su facturación anual en Brasil.

Es evidente que nuestro país no está al margen de este flagelo y debemos acordar medidas efectivas, antes de que este fenómeno escale y provoque daños irreparables a nuestra frágil democracia.