Tras la renuncia anticipada –y por muchos esperada– de Jorge Abbott como último fiscal nacional, se desató una frenética y verdadera carrera por llenar la vacante dejada por este.

Y es que en esta justa deportiva –haciendo una analogía con el fútbol– no se corre por un solo carril. No son solo los candidatos y aspirantes al cargo los que compiten entre sí para llevarse el gran trofeo (ser nombrado Fiscal Nacional para este periodo) sino que, además, es la verdadera competencia de poder que subyace en el proceso de su nombramiento, y me refiero a la pugna entre los tres poderes del Estado llamados por ley a intervenir en este proceso.

En este último sentido, se advierte que las relaciones entre el actual gobierno y la Corte Suprema (Poder Judicial) no pasan por su mejor momento, y qué decir acerca de las relaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo: intentando retomar el rumbo del diálogo y los acuerdos.

Así las cosas, esta importante nominación merece la atención de todos nosotros: los ciudadanos. Aunque suene majadera, es evidente que la principal preocupación de la gente es la crisis de seguridad derivada de un crecimiento exponencial de la delincuencia y el surgimiento del crimen organizado. De ahí, entonces, el llamado de atención a seguir este proceso con especial interés: el próximo Fiscal Nacional será el encargado de dirigir, ni más ni menos, la persecución penal o criminal en Chile, fijando criterios claves, realizando los cambios que a gritos se requiere y articulando una nueva forma de abordad el fenómeno delictivo en Chile.

Entonces, no es baladí quién llevará en sus hombros esta tarea. Mal que mal el cargo en sí –desde el punto de vista protocolar– representa la 7ª autoridad del país, aunque en mi opinión tiene una cuota de poder francamente altísima ya que, en la práctica y en los hechos, puede borrar de un plumazo graves imputaciones a personas o sectores que también ostentan el poder. Ejemplos hay muchos (lamentablemente) y debe ser por ello, entre otras razones, que la administración de Abbott ha sido por lejos la más deficiente de todas.

Pero volvamos a la real importancia de esta nominación. Al igual que el Contralor General de la República, el Fiscal Nacional también es una autoridad no colegiada nombrada para ejercer durante 8 años el cargo. Es decir, se extiende, en rigor, por dos periodos presidenciales, dos gobiernos y, en este caso particular, pasará por tres gobiernos (debido a la renuncia Abbott). Si esto no es importante, me pregunto ¿qué otro cargo puede serlo dado el contexto que vivimos?

Es precisamente acá donde debemos “bajar la pelota al piso” y poner en la cancha lo que realmente está en disputa. ¿Insistirá el gobierno en proponer al Senado a la única candidata mujer sólo por su género, para ser coherente con su programa de gobierno transformador y feminista? Marta Herrera tiene currículum y experiencia en la institución que la llevó a la quina de la Corte Suprema, pero, tras haberse desempeñado en tres altos cargos bajo la tutela del último Fiscal Nacional, es un hecho conocido por todos que representa el continuismo de Jorge Abbott. ¿Es eso lo que el Chile actual necesita? Claramente no.

Por otro lado, el candidato Carlos Palma (actual Fiscal Regional de Aysén), quien también goza de las cualidades para estar en la quina, se encuentra imputado por el supuesto delito de obstrucción a la investigación. Más allá del legítimo derecho a la presunción de inocencia, es un hecho cierto que la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la resolución del tribunal de garantía que rechazó el sobreseimiento definitivo solicitado por su defensa; es decir, existe un doble pronunciamiento del poder judicial que insta por seguir adelante en la investigación en su contra. Así las cosas, y sin perder de vista la falta de legitimación de las autoridades en general, ¿en un escenario de delincuencia desatada, nos podemos permitir un nuevo Fiscal Nacional que eventualmente en el futuro puede llegar a ser formalizado? Qué duda cabe: algo así sería impresentable.

Van quedando en la cancha tres candidatos que por trayectoria, experiencia y currículum podrían ser ganadores de este partido. Todos ellos con propuestas de sentido común, actuales, transformadoras e incluso osadas, pero necesarias para estos tiempos: ataque frontal al crimen organizado; el tan esperado, justo y necesario énfasis en las víctimas (que, dicho sea de paso, han sido las más afectadas por el deficiente desempeño institucional), así como también con una perspectiva de género concreta y contundente, que no se quede sólo con una medida de protección inútil y frustrante, entre otras interesantes propuestas.

El Presidente Boric (como árbitro del partido) no puede permitirse el lujo de proponer al Senado a un candidato que de antemano sabe que será rechazado, pues ello no sólo sería una derrota política en sus 8 meses de gobierno, sino que pondría en riesgo su propio capital al banalizar un nombramiento que, hoy por hoy, es esencial para la recuperación de la confianza de la ciudadanía en un Estado que está llamado por ley a garantizarnos seguridad, paz y tranquilidad.

Por su parte el Senado en esta oportunidad tampoco tiene “cintura” para esas viejas y nefastas prácticas de manejos de poder a su conveniencia, pues –a diferencia del nombramiento de Abbott– la ciudadanía está observando con lupa su desempeño y, por último, por razones netamente prácticas: no se les olvide que este nuevo Fiscal Nacional transitará por 3 gobiernos cuyos domicilios políticos pueden ser insospechados.

Desde el lunes 7 de noviembre corre el tiempo del Presidente (tiene 10 días corridos) para proponer al Senado un nombre. Y este partido, señores, no puede soportar tiempo extra, como sí puede el fantasioso planeta fútbol.