Este martes 18 de octubre, día que se conmemora el tercer aniversario del estallido social en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que, de un total de 3.151 querellas presentadas por el Instituto, 2.879 acciones judiciales se encuentran sin personas formalizadas.

Esto significa que, en un 91% de las causas, los eventuales responsables no han concurrido ante la justicia o no han sido identificados, sin que se lograra dar con su paradero para iniciar un juicio.

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El consejo del INDH calificó como “las violaciones a los derechos humanos más graves y numerosas desde la vuelta a la democracia al país”, las vulneraciones a los derechos fundamentales causadas por agentes del Estado.

“A tres años de la crisis social resulta preocupante que, de las 3.151 querellas interpuestas por el INDH, y que aún están abiertas, sólo el 9,5% hayan sido formalizadas. De las 3.626 víctimas asociadas a las querellas, a un 38% de ellas no se le ha tomado siquiera su declaración. Pareciera que las gestiones del Ministerio Público han resultado insuficientes para determinar personas imputadas, y proceder así a la determinación de responsabilidades penales”, alerta la directora del INDH Consuelo Contreras, al evaluar los avances judiciales de las causas presentadas por el INDH en el contexto de la crisis social.

“El gobierno debe proponer una política de reparación integral que incluya medidas dirigidas a la restituir las condiciones o la situación previa a la vulneración de los derechos humanos de las víctimas, entre ellas, por ejemplo, la rehabilitación de los daños físicos o psicológicos padecidos por las víctimas; la indemnización compensatoria a consecuencias del daño o pérdida sufrida, y, la satisfacción por medio de acciones públicas de reconocimiento de los hechos y las víctimas”, añadió.

En ese sentido, Contreras expresó que “la urgente instalación de una comisión calificadora ayudaría a darles mayor certeza, en cuyo proceso se tome en cuenta variables como por ejemplo el menoscabo laboral que les haya producido la violencia estatal y también que no colisione con otros beneficios, como por ejemplo una pensión de invalidez”.

Cabe recordar que, desde el 18 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se desplegó a través de todo Chile para observar en terreno y desde la primera fuente, a través de sus funcionarios, el actuar de los agentes estatales ante las manifestaciones sociales que se extendían a lo largo del país.

Respecto de las víctimas representadas por el INDH y las lesiones que sufrieron, 212 corresponden a personas que presentan trauma ocular; 3.324 a personas con lesiones físicas de diversa consideración; 404 que fueron vulneradas sicológicamente y 533 que fueron sujetas de violencia sexual.

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