El pasado 16 de agosto, el directorio nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip), publicó un comunicado en el que reveló la existencia de una investigación y sanción en contra de la actual directora de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Ymay Ortiz, por acosar y maltratar laboralmente a una funcionaria de dicho departamento.

“Respecto a hechos graves de maltrato y acoso laboral en contra de una abogada asesora (...) determinándose en el transcurso de la investigación que estos hechos de maltrato afectaron en total a 5 víctimas, todas abogados de la referida Unidad Especializada. A causa de estos hechos, y en distintos momentos, 3 de ellas renunciaron al Ministerio Público (situación extremadamente grave). Una de las víctimas estuvo con licencia médica extensa, a causa de la situación, y su enfermedad fue calificada como enfermedad laboral originada por hostilidad de la jefatura”, detalla el documento.

El Desconcierto tuvo acceso a las declaraciones presentes en el sumario administrativo en contra de Ymay Ortiz -instruido el 2 de diciembre de 2021-, quien se desempeña en el cargo desde marzo de 2019, luego que el exdirector de dicha Unidad, Luis Torres, fuese removido del cargo por denuncias de acoso sexual al interior del Ministerio Público.

“En una ocasión pedimos como Unidad hablar de las metas que nos estaba asignando para este año, en la que le planteamos las dificultades que veíamos (...) en ese momento Ymay muy molesta le señaló a toda la Unidad: '¡Sus peros me castran!' (...) A raíz de este episodio, ella reaccionó muy molesta por nuestras observaciones, alzando fuertemente la voz, comenzando luego con una exposición de su postura que se prolongó por varios minutos, en la que se enfocó en hacernos ver como pocos colaboradores, resistentes a sus ideas, entre otros calificativos”, relata una de las declaraciones, con respecto a un hecho ocurrido en enero de 2021.

Sin embargo, y pese a acreditarse en la investigación administrativa el maltrato laboral hacia la abogada asesora por parte de Ymay Ortiz, la Fiscalía Nacional solo la sancionó con una amonestación privada, lo que para Anfumip tiene un directo responsable: Jorge Abbott, a quien le solicitaron una audiencia para conversar la problemática de acoso laboral al interior del Ministerio Público. No obstante, dicha petición fue denegada.

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Sin embargo, lo ocurrido en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional no es un caso aislado. La Anfumip  confirmó -mediante una declaración pública- diversas situaciones de acoso laboral en la Fiscalía Local de Punta Arenas, las que han sido denunciadas al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, a la directora ejecutiva regional de Magallanes, Verónica Larraín; al fiscal nacional, Jorge Abbott, y a la directora ejecutiva nacional, Francisca Werth.

Para la asociación de funcionarios, sin embargo, Verónica Larraín no sería idónea para intervenir en este tipo de situaciones, ya que, fue sancionada por graves hechos de maltrato y acoso laboral en la Fiscalía Local de Ñuñoa en la cual se desempeñó como administradora.

Los casos de abuso en la fiscalía, en rigor, no han cesado. El Desconcierto logró recabar otros dos casos de acoso y maltrato laboral, ocurridos en las fiscalías regionales del Maule y Coquimbo.

“Cálmate, por favor”

 La primera vez que C* fue acosada laboralmente por su jefe, el fiscal regional de Coquimbo Adrián Vega, fue durante los primeros meses del estallido social, cuando en su rol de fiscal debía visitar las comisarías de Carabineros para recopilar información con respecto a detenciones o presuntas violaciones a los DD.HH. en la región.

“La sra. fiscal manifestó que cuando estuviera de turno concurriría en horas de la noche a las unidades policiales, específicamente de Carabineros, reaccionando de manera enérgica y prepotente el Fiscal Regional, parándose de su asiento, colocando su cuerpo por sobre el escritorio que los separaba, manifestando: '¡No, el que manda aquí soy yo, no vas a ir a ninguna parte, tienes prohibido de concurrir a la comisaría en ese horario!'. En ese momento mi representada se asustó y estando sentada en la silla frente al escritorio (...) puso sus manos con las palmas abiertas, para detenerlo y le respondió '¡Cálmate, cálmate por favor, ok, ¡no asistiré!'”, se lee en la tutela laboral a la que este medio tuvo acceso exclusivo, y que fue presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Los episodios de acoso y maltrato laboral continuaron, volviéndose constantes. En otra ocasión, C estaba investigando el delito de apremios ilegítimos en contra de dos víctimas, a manos del capitán Luengo de la Segunda Comisaría de Coquimbo. Mientras realizaba el escrito para la formalización junto a Vega, C revisó el escrito que el fiscal regional había redactado, agregando el delito de detención ilegal, exclamando él: “¿Y le agregaste la detención ilegal?”.

La fiscal recuerda -en su tutela laboral- el caso de unos jóvenes que fueron detenidos y agredidos en una manifestación, y que durante su traslado a la 1ª Comisaría de La Serena -la que concentraba la mayor cantidad de casos de violaciones a los DD.HH.- fueron sometidos a violencia física y psicológica con amenazas de “tirarlos al mar al igual que los detenidos desaparecidos”, si no cantaban la última estrofa del Himno Nacional y el himno de carabineros, entre otros.

En una circunstancia, el fiscal regional le dijo a C que estaba perdiendo la objetividad por lo sucedido con su abuelo, y que se estaba convirtiendo en una defensora de DD.HH. Cabe mencionar que el abuelo de la fiscal fue víctima durante la dictadura.

“El día 8 de enero de 2020, el fiscal regional concurrió hasta la oficina de mi representada, a notificarla personalmente de que había tomado la decisión de sacarla de las investigaciones, manifestándole en la ocasión '¡qué te crees, yo tengo prestigio entre los jueces del tribunal oral, qué te crees si tu no tienes asignadas las causas de los fallecidos, qué te crees, si no estás investigando ejecutados políticos ni desapariciones forzadas!'”, continúa narrando el documento judicial.

Ante esta situación, el abogado de C, Fernando Leal, presentó una tutela laboral, fijándose juicio para el próximo 5 de octubre, por la denuncia en contra del Ministerio Público. Sin embargo, la fiscal sigue trabajando en la Fiscalía Regional de Coquimbo, junto a su agresor.

"Tratos inapropiados"

Durante el 2020, el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Talca, Héctor de la Fuente, fue denunciado por acoso y maltrato laboral en contra de la abogada asistente P*, por lo que el 22 de febrero de 2021, la Fiscalía Regional del Maule ordenó una investigación administrativa destinada a verificar los hechos.

En dicha denuncia, se explicaba que en la última semana de septiembre del año 2020, P recibió una llamada telefónica del fiscal jefe, en que éste la había increpado severamente por solicitar ayuda con las minutas, señalándole que su trabajo era malo, que era la más lenta, y que siempre buscaba la manera de "sacarse pega de encima". Además, de descalificaciones humillantes y amenazantes.

Incluso, debido al acoso permanente, la abogada asistente presentó sintomatología de enfermedad profesional -diagnosticada por la ACHS-, por lo que estuvo con licencia médica desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021.

“Yo notaba a P* (y otra víctima) muy angustiada, pero frente a esto Héctor les decía que no dieran como justificación que eran mamás, porque D* de Curicó también lo era y tenía un rendimiento muy bueno. A través de un WhatsApp que tenemos, P siempre se mostraba angustiada y decía qué podíamos hacer (...) Ella me dice que se tiene que quedar trabajando hasta las tres o cuatro de la madrugada, y eso me consta (...) Me dice que cuando trabajaba lo hacía llorando o rezando”, se lee en la declaración de una compañera de P, quien además agrega que Héctor de la Fuente insistía en sus dichos de que la abogada era floja.

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Sin embargo, y pese a acreditarse el maltrato laboral del fiscal adjunto jefe hacia P, el 26 de julio de 2022, el Ministerio Público resolvió que este trato inadecuado “no es de gravedad tal que amerite una sanción administrativa, pero sí para que se proceda al registro de un incidente crítico en su hoja de vida o desempeño”.

-Las semejanzas que hay entre ambos casos, es que ambas son mujeres, abogadas, y que ambas fueron maltratadas por sus jefaturas. La otra coincidencia es que ambas recurrieron al fiscal nacional (Jorge Abbott), sin embargo no se hizo nada para investigar (...) Jorge Abbott en lo personal representa la impunidad para el poder-, comenta Fernando Leal, quien también es abogado de P.

Desde la Anfumip afirmaron la existencia de diversas investigaciones administrativas por maltrato y acoso laboral, “en las que han sido investigadas personas que ocupan altos cargos directivos en el Ministerio Público en los cuales el fiscal nacional, quien es la máxima autoridad de la institución y quien resuelve en definitiva los procesos disciplinarios, trata de forma mucho más favorable y benigna a quienes ejercen algún tipo de autoridad o jefatura importante, dejando al descubierto una evidente protección hacia los denunciados, en desmedro de las víctimas, lo cual redunda en una sensación de impunidad reiterada que se ha instalado en este tipo de situaciones”.

Además, con respecto al caso de P, mencionan que lo más extraño de este caso es que se dispuso dentro de la resolución, el registro de una observación negativa en el sistema de evaluación de desempeño del fiscal jefe denunciado, lo cual no forma parte del reglamento de responsabilidad administrativa.

El Desconcierto contactó a la Fiscalía Nacional para consultar sobre las denuncias por acoso y maltrato laboral en contra de la actual directora de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Ymay Ortiz.

La entidad confirmó el sumario administrativo en contra de Ortiz por el maltrato laboral hacia una funcionaria de su Unidad. “En virtud de los antecedentes recopilados por el funcionario investigador designado, el Fiscal Nacional, con fecha 26 de julio del presente año, resolvió aplicar a la investigada la sanción de amonestación privada (...)  por incurrir en tratos inapropiados en dos reuniones (...) Cabe agregar que de los once hechos denunciados, el resultado final arrojó que sólo dos -correspondientes a dos reuniones de equipo- implicaban un trato no apropiado y se excluye, desde el propio funcionario investigador, la existencia de una conducta de acoso. Los demás hechos no fueron materias de cargos porque, de ser ciertos estarían prescritos, porque no pudieron acreditarse o no constituían conducta alguna de maltrato”, aseguró la entidad en conversación con este medio.

Desde la Fiscalía Regional del Maule confirmaron el sumario administrativo en contra de Héctor de la Fuente, del cual fue sobreseído. Además, revelaron que el resultado de la  investigación estuvo a la vista del fiscal regional Julio Contardo y por el Fiscal Nacional Jorge Abbott.

Respecto al caso de C, la Fiscalía Regional de Coquimbo no quiso referirse al tema.

*Los nombres de las denunciantes fueron resguardados.

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