Un nuevo castigo colectivo estamos observando en territorio ocupado palestino. En efecto, Franja de Gaza, que durante décadas a sufrido ataques indiscriminados por parte de la potencia ocupante, Israel, es nuevamente castigado tras el pretexto de buscar aniquilar a líderes de Yihad Islámica que se “refugiarían” entre la población civil.

El contexto en Franja de Gaza es el que omiten en Tel Aviv, ya que no señalan que allí vive una población de aproximadamente dos millones de personas en 365 kilómetros cuadrados, es decir, una zona densamente poblada y en la cual más de un 80% ha sido desplazada desde otras zonas palestinas.

La prensa internacional suele omitir que esa población no cuenta con derechos humanos básicos o de primera generación; en los hechos no son considerados ciudadanos, puesto que se les tiene encerrados tras muros de manera permanente, además están a disposición de la potencia ocupante (Israel) para tener acceso a sus alimentos, medicinas, abastecimiento de agua y todo lo necesario para existir.

Por cierto, viven bajo la administración de Hamás, movimiento político-religioso de resistencia que no reconoce al Estado de Israel, y que realiza acciones violentas en contra Israel, cuestión que para la potencia ocupante justificaría los ataques desproporcionados, indiscriminados, y que en derecho debieran ser objeto de una investigación en sede penal por crímenes internacionales de lesa humanidad, según establece el Tratado de Roma (1998), el cual da vida a la Corte Penal Internacional. Si bien Israel no lo ha suscrito, Palestina sí.

En ese contexto, debemos recordar que la Corte Penal Internacional confirmó la apertura de una investigación penal el pasado 2021, por lo que de avanzar en la investigación, si se consigue superar las presiones que ejerce Israel y sus aliados (como Estados Unidos), la treintena de asesinatos producto de la reciente ofensiva israelí debieran ser parte del juicio.

Nada recuperará las vidas perdidas de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y civiles palestinos en general que se han informado por distintos medios de comunicación, pero al menos se ha abierto una pequeña esperanza de que algún día habrá justicia a décadas de crímenes y acciones de agentes estatales que, apelando a su derecho de vivir seguros, han cometido atroces crímenes en la más completa impunidad.