A comienzos de este año, cuando se inició la etapa de presentaciones de Iniciativas de Normas Populares dentro del proceso constituyente, una de ellas fue reconocer el derecho a la Educación en Derechos Humanos (EDH) reconocido a nivel constitucional. Impulsada por la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos (REEDH), y apoyada por más de quince instituciones públicas y organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos en el país, esta iniciativa contó con poco más de 1.400 votos. Es decir, no obtuvo el suficiente respaldo para ser debatida en el texto que el próximo 4 de septiembre nos tocará aprobar o rechazar.

Por tal motivo es que la propuesta de nueva Constitución sólo hace referencia a la promoción de la formación y educación en derechos humanos cuando se enlistan las atribuciones de la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Naturaleza. En esta última se hace hincapié en: “Promover la formación y educación en derechos ambientales y de la naturaleza”.

Aun así, nos interesa volver sobre lo fundamental de esta propuesta, que buscaba darle un valor esencial a educar y sensibilizar sobre los principios de los derechos humanos, para el respeto de la dignidad individual y colectiva, por el buen vivir y la solidaridad entre los pueblos y sus comunidades. Sin embargo, hacer que esto sea incorporado requiere de estrategias y metodologías que sean aplicadas de manera transversal en jardines infantiles y escuelas, desde los primeros niveles de enseñanza en adelante, hasta instituciones públicas, sociales y privadas. Especialmente debería estar presente en cada una de las instituciones que imparten o están ligadas a la educación, para así generar una cultura de derechos humanos, garantías de no repetición y prevenir la violación a los derechos humanos.

En la propuesta de norma se planteaban problemas a resolver. Uno de ellos tenía relación con que otros sectores educativos, centros de formación técnica privados, FF.AA., Carabineros e Investigaciones, y actores sociales que pueden y deben ser sujetos de educación no formal en esta materia, funcionarios públicos, municipios, empresas, organizaciones de la sociedad civil, no están recibiendo esta educación de manera formal. Esto último da cuenta de cómo estos espacios no se aprovechan como canal de información y aprendizaje para ir ampliando el conocimiento colectivo sobre un tema que nos involucra en todas nuestras dimensiones, que nos concientiza sobre derechos como la calidad y el acceso a la educación hasta el derecho de vivir en una vivienda digna o un medio ambiente libre de contaminación. Todos estos temas fueron incorporados en la propuesta de nueva Constitución.

De todos modos, han sido las mismas organizaciones sociales, las agrupaciones de trabajadores, educadores, artistas, colectivos de distintos ámbitos, quienes, reconociendo el indiscutido valor y la urgencia de educar en derechos humanos para avanzar en una sociedad más inclusiva y diversa, han hecho lo que el Estado hasta ahora no ha asumido como una obligación.

Con ese objetivo, han surgido iniciativas tan relevantes como la Escuela “Trenzando Territorios”, una escuela de formación de formadores en Derechos Humanos, Participación e Incidencia para activistas y dirigentes de organizaciones migrantes y promigrantes de Chile, la cual es levantada por el área de educación y derechos humanos del Observatorio Ciudadano.

La Escuela Trenzando Territorios se erige como respuesta ante el actual contexto de violencia, exclusión y racismo que viven las personas migrantes en el país, particularmente en lo que respecta al acceso a derechos como salud, educación, vivienda, trabajo, entre otras esferas; y la necesidad de que se refuercen conocimientos y habilidades específicas en derechos humanos vinculados a la movilidad humana, el enfoque de género, la justicia racial y los marcos nacionales e internacionales migratorios.

Es una instancia que pretende incentivar y fortalecer especialmente la participación de mujeres y jóvenes de organizaciones políticas, sociales y culturales migrantes y promigrantes a nivel nacional, mediante metodologías experienciales, participativas y antirracistas provenientes de la educación popular, a fin de empoderarles en su quehacer cotidiano, motorizar sus organizaciones y fortalecer sus redes en clave comunitaria.

En tal sentido, ante la falta de protagonismo del Estado en esta materia, y sin garantía constitucional, son las organizaciones de la sociedad civil las que comprenden la urgencia de educar acerca, mediante y para los derechos humanos, la cual permite generar no sólo una conciencia ciudadana crítica y participativa en las personas sino que también propende a la construcción de una sociedad democrática, equitativa, inclusiva e intercultural.00