Afirmar que la diversidad sexual y de género permanece prácticamente invisible en términos estadísticos, tanto en América Latina como en el mundo, es una declaración casi incuestionable, excepto por algunas pocas y recientes experiencias.

Hasta ahora, algunas oficinas de estadística de la región han realizado encuestas o preguntas específicas de sondeos sobre población LGBTIQ+. Por ejemplo, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2015, de Chile, arrojó que, mientras en el 17% de los hogares con jefe/a heterosexual había algún miembro que había sufrido discriminación o recibido un trato injusto, en el caso de los hogares con jefe o jefa gay, lesbiana o bisexual la cifra ascendía a un 45%. Mientras que en la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, elaborada por el INEI de Perú (2017), el 56,5% de los encuestados indicó que no revelaba su orientación sexual o identidad de género por miedo a “ser discriminado y/o agredido” (72,5%), “perder a la familia” (51,5%) y “perder el trabajo/oportunidades laborales” (44,7%). Además, el 62,7% de los encuestados manifestó haber sufrido alguna vez discriminación o violencia, principalmente en espacios públicos (65,6%) y en el ámbito educativo (57,6%).

Mirando los resultados de estas y otras encuestas, pareciera que los principales problemas que afectan a la población LGTBI+ están ligados a la discriminación y violencia, sin embargo, es imposible establecer a qué otras desigualdades se enfrentan en vivienda, salud, transporte o trabajo si los censos de población y las encuestas los invisibilizan y, por ende, los excluyen.

En las dos últimas rondas censales (décadas de 2000 y 2010), todos los países de América Latina formularon la consulta sobre el sexo de la persona mediante categorías binarias de respuesta: por un lado, hombre, varón o masculino; y, por el otro, mujer, hembra o femenino. En algunos casos se optó por plantear la pregunta a partir de las dos opciones de respuesta (¿es varón o mujer?) en vez de colocar el término “sexo” en la interrogante.

En el resto del mundo la situación no es mejor, aunque ya existen algunos países que están trabajando en diferentes vías de avance, ya sea mediante la consideración en encuestas no probabilísticas y probabilísticas o mediante estándares nacionales que incluyen sexo, género y orientación sexual como categorías diferentes para sus próximas encuestas censales.

Noruega, por ejemplo, consideró la categoría “otro” para dar cabida a una opción de respuesta que no se encuadrara entre las dos de la matriz binaria (mujer-hombre/femenino-masculino) o en su combinación. Además, en este país será posible no identificarse con ninguna de las categorías ofrecidas para la identidad sexual (sin registrar si se identifica con alguna otra), mientras que para la atracción sexual se ofreció la posibilidad de no sentirla ni hacia hombres ni mujeres, pero no hacia alguna otra opción.

En Canadá, en tanto, se contempló una tercera opción, aunque fuera cerrada (intersexual y género diverso) y, al igual que en Australia, se estudia la posibilidad de no considerar el binarismo en la variable habitual de sexo, aunque aún no se cuente con implementaciones concretas.

Debido a que estas experiencias son recientes, aún no es posible encontrar resultados sobre ellas en datos censales que hayan surgido de una medición directa, sin embargo, su existencia muestra el inicio de un cambio que parece urgente.

Si bien es cierto que existen elementos técnicos que pueden dificultar la captación de la experiencia de subjetivación sexogenérica, como la necesidad de establecer categorías cerradas, exhaustivas y excluyentes, ya no hay excusas para seguir suprimiendo deliberadamente de nuestras estadísticas nacionales a una población que, además, tiene que “esconderse en el clóset” por los niveles de discriminación y violencia que sigue experimentando.

Es posible suponer que, para generar las condiciones adecuadas para captar este dato, se requiere un cambio sociocultural profundo en relación con el tema, de modo que la visibilidad estadística pueda arrojar datos confiables. Sin embargo, sembrar esta discusión en las oficinas estadísticas de los países de América Latina y en otras instituciones estatales que relevan información de este tipo es un primer paso importante que se debe dar para contribuir a dicho cambio.