Justicia aplaza audiencia de revisión de cautelares del exalcalde Miguel Ángel Aguilera
Para esta mañana estaba agendada la audiencia, en el 15° Juzgado de Garantía de Santiago en el Centro de Justicia, en la que se revisarían las medidas cautelares contra el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (exPS), quien actualmente pasa sus días en el penal de Santiago 1 cumpliendo prisión preventiva desde julio del año pasado.
De acuerdo a información de La Tercera, el tribunal revisaría el ofrecimiento de la Fiscalía al exjefe comunal de discutir un procedimiento abreviado para resolver su caso si el acusado asume su responsabilidad en los dos casos de soborno que se le imputan.
De esta manera, se podría consensuar una condena de 819 días, siete años sin ejercer cargos públicos y una multa de casi $20 millones en atención a los delitos de los que se le acusa. De prosperar esta alternativa, de hecho, Aguilera podría dejar su régimen de privación de libertad y quedar sujeto a una medida menos gravosa.
Pero de momento el exalcalde tendrá que seguir esperando, dado que el trámite de este miércoles se pospuso a causa de la cuarentena preventiva por Covid en que se encuentra el módulo en que está en Santiago 1.
En consecuencia, la audiencia quedó reagendada para el lunes 18 de julio a las 9:00 horas.
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Las acusaciones que pesan sobre Aguilera
La imputación del Ministerio Público apunta a que, en diciembre de 2014, el exjefe comunal habría aceptado en su cuenta corriente de BancoEstado una transferencia de casi $10 millones en dinero en efectivo. Dos meses después, otra por $4 millones por haber adjudicado a la empresa Asesorías en Investigación Social Ltda, proyectos urbanos para la comuna con una inversión comprometida de $42 millones.
Posteriormente, Aguilera habría incurrido en un segundo caso de soborno. Específicamente en enero de 2016, al aceptar una transferencia en su cuenta corriente de Banco Santander por un total de $3 millones por parte del exconcejal PS y condenado en esta causa, José Miguel Zapata, tras adjudicar a la misma empresa la implementación de un Plan Comunal de Prevención de Seguridad por una suma que alcanzó los $14.950.000.
