“Es necesario mostrar la cadena de ilegalidad que es el centro del crimen de Dom y Bruno”
El asesinato del periodista británico Dom Phillips y el ambientalista y defensor de los derechos indígenas Bruno Araujo Pereira puso los ojos del mundo en el Valle de Javarí, en la Amazonía de Brasil, un territorio donde se encuentra la mayor concentración de pueblos indígenas en aislamiento en el mundo.
Se trata de zona de frontera con Perú y Colombia que se ha convertido en una de las regiones más peligrosas de la Amazonía por la presencia del crimen organizado. El narcotráfico, la pesca ilegal, la minería y tala ilícitas confluyen en un mismo lugar, actividades ilegales que tienen arrinconados a los pueblos de frontera.
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La periodista Katia Brasil conoce bien este territorio y sabe de los riesgos asociados a la investigación de los delitos ambientales en la Amazonía brasileña, donde vive desde 1990. Katia Brasil es una de las fundadoras y editora ejecutiva de la agencia de periodismo de investigación independiente Amazonia Real.
Katia Brasil conversó con Mongabay Latam sobre lo que hasta ahora se conoce del reciente crimen, pero también de la pesca ilegal y su relación con el narcotráfico, de los atentados que han ocurrido en esta región y de cómo el gobierno de Brasil ha debilitado a las instituciones dedicadas a los pueblos indígenas.
— Hasta el momento, ¿qué se conoce sobre el asesinato de Dom Phillips y Bruno Aráujo Pereira?
— Dom estaba escribiendo un libro sobre las perspectivas de la población de la Amazonía para mejorar y desarrollar sus actividades económicas de forma sostenible. Por eso estaba escuchando a los ribereños y a los pueblos indígenas. Y viaja con Bruno a la región del Lago del Jaburu en un barco. Hasta donde llegaron no está dentro de la Tierra Indígena del Valle de Javarí, por tanto no necesitaban autorización para entrar. El sábado 4 de junio, Dom estaba acompañando a un equipo de vigilancia, eran como 13 indígenas del equipo de Univaja (Unión de los Pueblos Indígenas del Valle de Javari), que estaba haciendo inspecciones en el valle. Lo que hemos sabido es que ese día sábado, este equipo encontró la embarcación del pescador ‘Pelado’ [Amarildo da Costa Oliveira, quien confesó el crimen del periodista y el indigenista] que se dirigía hacia la tierra indígena, estaba con dos pescadores más tratando de ingresar y quienes estaban allí —más o menos seis indígenas, más Bruno y Dom— siguieron el barco de ‘Pelado’, hasta que en cierto lugar, cerca del borde de la tierra indígena, ‘Pelado’ y otros dos pescadores los apuntan con armas. Todo fue grabado. Entonces ellos retroceden y se dirigen a la base de la Funai (Fundación Nacional del Indio), donde está incluso la Fuerza Nacional de Seguridad Pública [de Brasil] e informan sobre lo sucedido. Regresan al Lago de Jaburu y pasan la noche ahí.
— ¿Qué pasó después?
— Al día siguiente Bruno y Dom inician el regreso a la ciudad de Atalaia del Norte —en la frontera de Brasil—, pasan por la comunidad de San Rafael, conversan con la esposa del líder de la comunidad, Manoel, y se van. En ese camino suceden todos los hechos. Por información de los indígenas creemos que fue una emboscada, eso también lo dice la Policía Federal. Hay ocho sospechosos, ocho personas actuaron para este brutal crimen del que no tenemos ni palabras para describir lo sucedido. Un crimen premeditado. No tuvieron oportunidad de defenderse debido a los disparos. Fueron sorprendidos por las balas. Bruno recibió tres disparos, uno fatal en la cabeza, y Dom recibió un disparo en el pecho. Entonces Bruno pierde el control de la lancha y pasa a través de la vegetación, ha quedado marcado por la velocidad de la lancha. Ahí los matan y los entierran.
Tres días después de iniciada la búsqueda —porque el gobierno brasileño tardó demasiado en activar sus organismos para investigar—, una embarcación que pertenecía a ‘Pelado’ fue detenida llena de pescado.
El periodista británico Dom Phillips entrevistando al presidente Jair Bolsonaro en un desayuno con periodistas en julio de 2019. Imagen cortesía de Marcos Correa/Amazonia Real.
—¿Por qué el gobierno tardó tanto en iniciar la búsqueda?
—Porque tenemos un presidente de la República, Jair Bolsonaro, que odia a los pueblos indígenas, odia a los defensores, odia a los activistas, odia a los periodistas, desdeña y se regodea con las víctimas. Somos muy vulnerables. No solo quienes van al campo y a la Amazonía sino también los periodistas que están en Brasilia, cubriendo el día a día. Muchos hasta tienen problemas emocionales porque estás escuchando palabras duras todos los días. Bolsonaro critica a las mujeres, a los periodistas, a las personas LGBTIQ. Y esto también sucede en la capital de Amazonas, en la frontera, te critican a ti y a tu trabajo. Cuando las palabras pesadas vienen de un presidente de la República, miles de personas piensan que está diciendo la verdad y creen que tienen derecho a atacarnos también. Así que todo se volvió mucho más peligroso.
—¿Han ocurrido otros asesinatos de periodistas en esa zona de la Amazonía?
—No tengo conocimiento de una muerte tan brutal anteriormente, pero hay un caso en el estado de Roraima, en la capital de Boa Vista, donde hace un año aproximadamente, un periodista que estaba investigando a un político fue secuestrado, amarrado y dejado en una zona de difícil acceso y casi muere. Tenemos varios casos de periodistas asesinados solo por contradecir a aquellas personas que se creen dueñas del poder. Son políticos, empresarios, gente involucrada en la corrupción. Por lo general, estas muertes ocurren porque el periodista denunció casos de corrupción. Y también hay amenazas cuando realizamos artículos sobre minería, sobre empresas mineras, surgen algunas amenazas veladas y también hostigamiento judicial, este último es un asunto cada vez más fuerte contra los periodistas. En Amazonía Real tenemos dos demandas en los tribunales interpuestas por empresarios que quieren eliminar el contenido del sitio a través de acciones legales. Esto está sucediendo mucho en varios medios de prensa amazónicos.
—¿Cuál es la situación que se vive en la Amazonía de Brasil?
—Es una región que limita con varios países, pero principalmente con Colombia, Perú y Bolivia, países donde la influencia del narcotráfico en las fronteras es determinante. Ahí tenemos a Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo que utiliza la ruta brasileña, donde no hay inspección ni seguridad. Los traficantes envían la droga, llegan a Manaos y otras regiones que dan acceso al estado de Pará, luego Rondônia y Mato Grosso. Tenemos fronteras vulnerables y sin vigilancia, sin seguridad policial.
Está, por ejemplo, la frontera de Tabatinga, que es una avenida que cuando cruzas al otro extremo estás en Leticia, Colombia. Y si vas a Perú, hay una carencia muy grande en la frontera, no hay supervisión. Toda la frontera está abierta al narcotráfico. Entonces es necesario que haya un cambio efectivo en la conducta de la seguridad fronteriza.
Imagen satelital de la zona donde desparecieron Dom Phillips y Bruno Araújo Pereira. Fuente: Google Earth
—¿Cómo está impactando esta falta de seguridad a los territorios indígenas?
—Aunque estén demarcados, como el Valle de Javarí, que se estableció como territorio indígena desde 2001, existe un gran flujo de pescadores y cazadores furtivos que ingresan a ese territorio para extraer todos los recursos. No pescan un pececito, no son pescadores artesanales, son profesionales que conducen botes grandes llenos de animales silvestres y de peces, especies amparadas por la legislación brasileña. Y esos pescados valen mucho en el mercado. Por ejemplo, en esta región hay un pez que se llama tambaquí, que cuesta hasta 900 R$ (alrededor de 175 dólares) en las fronteras. Son peces muy valiosos. Así que quien financia esta red de pescadores profesionales y de cazadores no es cualquiera, hay un intermediario que mueve esta red. La gasolina para los barcos es cara, las redes para pescar también, son un producto caro y se invierte mucho en este tipo de economía. Entonces, ¿qué pasa con este tráfico que está relacionado con el lavado de dinero? Tienes a una serie de delincuentes colombianos y peruanos que dirigen cárteles.
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—¿Hay una relación directa entre la pesca ilegal y el narcotráfico?
—Sí, definitivamente. No tengo duda. Recientemente, la esposa de un narcotraficante que asesinó a dos policías en 2011 y en 2015, fue arrestada por la Policía Federal de Amazonas, tenía orden de captura y figuraba como prófuga por la Interpol. Los traficantes que son detenidos ahí en la frontera son investigados por la Interpol. Eso explica el grado de peligro que existe allí. Hace poco hubo una muerte de otro narcotraficante que fue asesinado por dos sicarios en la región de Leticia, y es un narcotraficante que domina el tráfico en Manaos. Los detalles de estos dos hechos no se conocen muy bien, pero no sabemos si existe una relación con los asesinatos de Dom y Bruno. Es mucha coincidencia que las detenciones y las muertes por sicarios sucedan casi al mismo tiempo de este crimen bárbaro del periodista y del indigenista. Es necesario que la Policía Federal investigue hasta agotar todas las sospechas. Eso es lo que estamos esperando para saber qué hay detrás de este esquema de pesca ilegal, quién alimenta esta cadena ilegal, todo este crimen que es parte de la vulnerabilidad de las fronteras.
—¿El narcotráfico se ha extendido por toda la Amazonía?
—Hay muchos puntos donde tenemos tráfico de drogas. Está la Tierra indígena Valle de Javarí, en la frontera de Tabatinga y Atalaia del Norte, luego entramos a Roraima, en la frontera con Venezuela, allí la Tierra Indígena Yanomami está invadida por más de 26 000 mineros. Y nosotros sabemos que ahí también está el narcotráfico. Luego vas a Pará, a la región del Alto de Tapajós, donde ya han sufrido ataques, y sabemos que ahí también influye el narcotráfico. En la región de Acre las tierras indígenas y los ribereños también están amenazadas por el narcotráfico. En la región del Alto Solimoes de Rio Negro hay comunidades seducidas por este negocio ilegal. La influencia del narcotráfico está también en la extracción de oro, en la pesca ilegal, en la caza ilegal y en la tala de madera. Se llevan mucha madera, sobre todo en la zona de Mundurukú. En Tapajós, además de madera está el oro. Luego, en Rondônia tienes tráfico de madera, oro y diamantes. En Acre hay mucha madera y también mucho pescado. Donde hay muchos recursos naturales, ahí están los narcotraficantes.
—¿Desde cuándo está instalada la ilegalidad en el Valle de Javarí?
—El gobierno brasileño demarcó la Tierra Indígena del Valle de Javarí en el año 2000 y lo ratificó en el 2001, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Entonces, cualquiera que ingrese a la tierra indígena sin permiso es ilegal. Los pescadores, cazadores y traficantes que andan por esa ruta, todos son ilegales. Esta invasión viene desde hace muchos años, una violencia y amenaza a pueblos indígenas como los Matis, los Korubo, los Marubo, los Kanamari, todas son poblaciones grandes y dentro de ellas hay grupos más pequeños que permanecen aislados.
Vigilia del personal de la Fundación Nacional del Indio (Funai) cuando aún no se sabía del paradero de Bruno Pereira y Dom Phillips. Foto: cortesía de @_flavia_quirino/Brasil de Fato vía Amazonia Real.
—¿Qué se debe hacer para enfrentar esta ilegalidad?
—Es necesario mostrar la cadena de ilegalidad que es el centro del crimen de Dom y Bruno. Hay algo muy oscuro que necesita ser investigado. ¿Quién estaba detrás de este crimen? Hoy hablan de ocho sospechosos, pero: ¿Quién financió todo esto? ¿Cuál fue realmente la razón? Todavía tenemos muchas preguntas sin respuesta. También esperamos que haya seguridad permanente de las Fuerzas Armadas o de la Policía Federal. El jueves [23 de junio] habrá un paro general de los empleados de la Funai que tienen una serie de problemas y el gobierno tiene que hacerse cargo de eso, porque el gobierno brasileño es responsable de brindar la seguridad, no hay otro mecanismo.
—Se ha hablado del desmantelamiento de la Funai…
—Es cierto que la fiscalización de la Funai ha ido decreciendo. La cantidad de servidores, los recursos, toda la parte logística que es muy costosa. Se han reducido los recursos. El apoyo a la Funai ha disminuido mucho en los últimos años. Cuando Bolsonaro llegó al gobierno en noviembre de 2018, los puestos de control de la Funai comenzaron a ser atacados con disparos. Los pescadores pasaban frente a la base de la Funai en la confluencia de los ríos Ituí e Itaquaí y disparaban diciendo: “aquí ahora mandamos nosotros”. En 2019 tuvimos el homicidio de un empleado que trabajaba en la Funai y realizaba inspecciones. Fue asesinado en Tabatinga por dos sicarios en motos que le dispararon mientras llevaba a su familia en la moto. Y no se llegó a ninguna conclusión en la investigación. Luego, en 2020, la situación empeoró con la pandemia. La población cada vez es más vulnerable.
—Actualmente Brasil está en época electoral, ¿qué podría pasar en la Amazonía?
—Estamos entrando a elecciones y creo que serán decisivas para que Brasil regrese a su plena democracia, a sus organizaciones sin atentados, a una prensa que tenga más tranquilidad para trabajar. Estamos viviendo un momento muy complicado bajo un gobierno de ultraderecha que necesita irse. Ya no aguantamos más este momento tan difícil que estamos pasando. Acabamos de ver las elecciones en Colombia y tenemos una primera mujer negra vicepresidenta. Así que eso nos da la esperanza de que la situación va a cambiar. Vamos a estar muy atentos a las elecciones, sobre todo en los pueblos pequeños donde el narcotráfico influye bastante. Vamos a estar atentos con esta participación de políticos indígenas que ahora muestran interés en llegar a las cámaras federales, a las cámaras municipales y al Congreso. Hay varios indígenas compitiendo. Seremos muy conscientes de esto porque ellos también necesitan tener una buena cobertura y que haya una visibilidad de sus acciones.
