La propuesta de la UDI de retomar el proyecto Aula Segura recibió un portazo de parte del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien fue enfático en señalar que fue “una ley que no tuvo mucho sentido ni en su minuto ni creo que hoy día”.

Lo anterior luego de que un grupo de parlamentarios del partido liderado por Javier Macaya llegara a La Moneda a entregar un documento para el Presidente Gabriel Boric en el que oficializan su solicitad para que le otorgue urgencia al proyecto conocido como Aula Segura 2.0.

Específicamente, y en el contexto de los hechos derivados de manifestaciones que se han intensificado en los últimos meses, la arremetida del gremialismo busca que el Ejecutivo no le dé beneficios a secundarios que se involucren en hechos como quemas de buses y desórdenes, además de sancionar a estudiantes "sorprendidos efectuando hechos de violencia", informa este viernes un artículo de La Tercera.

Sin embargo, la iniciativa del partido de oposición no encontró mayor acogida en el responsable de la cartera, quien evidenció sus reparos ante las intenciones del gremialismo, asegurando que la actual normativa y los propios manuales de convivencia “tienen incorporados en sus protocolos acciones para hacer frente a actos de violencia, perfectamente pueden ser implementados en la medida en que se implemente el debido proceso”.

Posteriormente, Ávila complementó sus declaraciones apelando a las herramientas de las que dispone el Ejecutivo para intervenir ante situaciones complejas. “Nosotros podemos asegurar el derecho a la educación de niños que, por ejemplo, un establecimiento decida expulsar por distintas razones (...) Distinto es lo que pasa dentro de los establecimientos donde perfectamente se pueden hacer debidos procesos y generar expulsiones si lo encuentran adecuado”, relevó.

"Es un voladero de luces"

“La iniciativa de la derecha de impulsar un Aula Segura 2.0 es un voladero de luces porque, al igual que su versión anterior, no aportará nada y solo contribuirá a fracturar aún más las comunidades educativas", sostuvo la diputada de Comunes, Emilia Schneider.

Para la parlamentaria, el sistema actual faculta a la autoridad para adoptar medidas en caso de que así lo ameriten las circunstancias, por lo que no es necesario apelar a la iniciativa que pretende retomar la UDI.

"En 2019 intentaron impulsar un proyecto de estas características, al cual se opuso incluso, la entonces ministra de educación Marcela Cubillos. Para enfrentar el malestar y la violencia en las comunidades educativas hay que distinguir. Por una parte, se necesita prevenir, investigar y sancionar aquellos hechos de violencia, cuestión para la cual las autoridades tienen facultades para llevar a cabo estos procesos. Y por otro lado, ante las legítimas demandas del movimiento social por la educación, necesitamos fortalecer el diálogo, la convivencia escolar, abordar las dimensiones socioemocionales de las comunidades educativas y, por supuesto, fortalecer la educación pública”, dijo.

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La postura de la parlamentaria oficialista contrasta con las argumentaciones del jefe de bancada de los diputados UDI, Jorge Alessandri, quien en declaraciones que reproduce ADN defendió el proyecto asegurado que “si un joven atentó gravemente contra su escuela, y privó a muchos niños de estudiar, sería injusto que esos niños con sus impuestos, dos años después, le tengan que pagar la universidad al que atentó violentamente contra su proceso educativo. ¿Quién podría estar en contra de eso? Es sentido común".

En tanto, en una postura cercana a la del Ejecutivo se encuentra la diputada del PC, Karol Cariola, quien admitió desconocer “cuál es el objetivo de los parlamentarios respecto de este proyecto".

"Todos los proyectos de ley son discutibles, habrá que analizar en su mérito qué indicaciones le van a poner. Por algo ese proyecto de ley no vio la luz al menos en los últimos años”, agregó.

Pese a que se mostró a favor de la toma de medidas para enfrentar la compleja situación derivada de los hechos de violencia constatados en manifestaciones que se han intensificado en el último tiempo, compartió sus reparos a la iniciativa del partido de oposición. "No creo que esto sólo se resuelva con sanciones. Creo que el gobierno tiene que tomar mayores medidas desde el punto de vista de la inclusión, la reinserción, tomar medidas desde el punto de vista del rol de las comunidades educativas, hay procesos de conversación que se están dando en las escuelas también”, dijo en CNN.