Han pasado casi 40 años desde que se enviaron grandes cantidades de desechos mineros tóxicos desde Rönnskärsverken en Skellefteå a Arica en Chile, que aún hoy en día afecta el medio ambiente y los derechos humanos de la comunidad local. Se estima que 12.000 chilenos han estado expuestos a los desechos, que corren el riesgo de provocar cáncer y abortos espontáneos.

El 2 y 3 de junio, Suecia organizará una reunión ambiental internacional de la ONU en Estocolmo titulada "Un planeta saludable para la prosperidad de todos: nuestra responsabilidad, nuestras oportunidades". La reunión se lleva a cabo en el 50 aniversario de la primera conferencia ambiental de la ONU que se llevó a cabo en Estocolmo en 1972. Suecia suele promoverse como un líder mundial respecto a temas ambientales y de sostenibilidad, pero el caso de Arica proyecta una sombra oscura sobre esa imagen. El Estado sueco no ha asumido la responsabilidad de detener el escándalo de la contaminación en Chile, al que ha contribuido con su pasividad. De acuerdo con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, los estados deben garantizar que las empresas bajo su control cumplan con sus obligaciones de debida diligencia, pero el gobierno no actúa. Ya es hora de hacer lo correcto.

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Cuando Boliden embarcó 20.000 toneladas de desechos mineros tóxicos desde Rönnskärsverken en Suecia a la ciudad de Arica en Chile, se informó al estado sueco, a través de la Agencia Sueca de Protección Ambiental (Naturvårdsverket). Pero a pesar de las normas sobre responsabilidad estatal por actividades nocivas para el medio ambiente que se desarrollaron en el derecho internacional de este tiempo, Suecia no hizo nada para prevenir o controlar la exportación de los residuos tóxicos a Chile. Chile, que entonces era una dictadura militar bajo el régimen de Augusto Pinochet caracterizada por la falta de respeto a los derechos humanos, carecía por completo de una legislación ambiental efectiva, así como de autoridades ambientales creíbles. Es así que Boliden pudo evitar los requisitos suecos más estrictos de protección ambiental al exportar los desechos. Los desechos de Boliden contienen grandes cantidades de mercurio, plomo y otras sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente, y ya han causado daños significativos. Así describe la situación el relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos (SvD 28 de mayo de 2021):

“Los efectos de la falta de acción del Estado sueco han sido catastróficos para la comunidad local de Arica: muchos han muerto de cáncer y otras enfermedades; las mujeres han sufrido infertilidad involuntaria y abortos espontáneos; y los recién nacidos han sufrido de daños congénitos, daños en los nervios y cerebrales, así como espina bífida. El gobierno chileno estima que 12.000 personas han estado expuestas a los desechos tóxicos. "

Tanto la población local como el medio ambiente local se ven gravemente afectados cuando ni Boliden ni los gobiernos de Suecia o Chile asumen la responsabilidad por el impacto sobre el medio ambiente y los derechos humanos. Los residuos mineros tóxicos contienen metales pesados ​​que no son degradables. Por lo tanto, los residuos seguirán causando daños en el futuro, siempre que permanezcan en el sitio.

A pesar de las repetidas presiones de los abogados en Suecia que trabajan para los afectados en Arica, tanto como los ocho relatores especiales de derechos humanos de la ONU, el gobierno sueco no ha actuado para encontrar una solución sostenible. El requisito es y sigue siendo que Suecia y Chile tomen medidas urgentes para que los residuos tóxicos sean devueltos a Suecia. Además, los afectados en Arica deben ser reparados de las lesiones que han sufrido y tener garantizado su derecho a una adecuada atención en salud.

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En una interpelación en el Parlamento sueco en junio de 2021, Per Bolund, exministro de Medio Ambiente y Clima (MP, el Partido Verde Sueco), respondió de manera positiva que Suecia está comprometida y dijo que "nosotros [estamos] por supuesto preparados para asistir a Chile si tal asistencia fuera solicitada". Desde entonces, Chile ha tenido contacto con Suecia sobre los desechos en Arica, pero el gobierno sueco guarda silencio. Recientemente, la actual Ministra de Clima y Medio Ambiente Annika Strandhäll (S, el Partido Socialdemócrata) anunció a través de su Secretario de Estado Anders Grönvall que no hay una nueva decisión ni nueva información para compartir sobre lo que ha hecho el gobierno para ayudar a Arica en los últimos años. En otras palabras, el gobierno no ha tomado ninguna iniciativa formal ni medidas concretas.

Esto es una vergüenza para Suecia. El gobierno debe escuchar al pueblo de Arica. Nuevamente, como el estado sueco se negó a controlar la exportación de los desechos tóxicos a Arica, de acuerdo con el derecho internacional, ahora es responsable de contribuir a que los desechos se manejen de manera sostenible. Por lo tanto, antes de la reunión de la ONU, esperamos una respuesta del gobierno de que se comprometerá a trabajar para encontrar una solución. Al hacerlo, el gobierno puede asegurar que Suecia esté a la altura de la imagen de ser un país responsable y líder mundial en el campo ambiental, y junto con Chile acuerden iniciar un proceso para retirar los desechos de Arica.

Los desechos deben transportarse de regreso a Suecia y Rönnskärsverken, donde actualmente existe una instalación adecuada para el depósito final. En Rönnskärsverken, los residuos se pueden almacenar en los cimientos, a 350 metros bajo tierra, a diferencia de Arica, donde se almacenan solo unos decímetros bajo tierra. Los desechos tóxicos también se encuentran en las afueras de la ciudad de Arica y por ende afectan significativamente a la población local, mientras que en Suecia estarían almacenados de una manera mucho más segura.

Por lo tanto, hacemos un llamado al gobierno para que tome urgentemente la iniciativa de un acuerdo con Chile sobre cómo se pueden mover los residuos de Arica a Suecia. Tal acuerdo recibiría mucha atención en la reunión de la ONU, así como un gran apoyo de organizaciones de todo el mundo que trabajan para la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Y Suecia demostraría así que nosotros, como país, tomamos en serio nuestros compromisos internacionales sobre el desarrollo sostenible y las palabras clave para que la ONU cumpla con "nuestra responsabilidad, nuestras oportunidades".

Firman:

Anna Johansson; Secretaria general, Amnistía Internacional Suecia

Rodrigo Pino; Director gerente, Arica – Fundación para la democracia ambiental

Jonas Ebbesson; Profesor de derecho ambiental, Universidad de Estocolmo

Lovisa Prage; Presidenta, Solidaridad Suecia-América Latina (Latinamerika­grupperna)

Luz Ramírez; Director gerente, Mamitas del Plomo

Karin Lexén; Secretaria general, Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, (Naturskydds­föreningen)

Anna Åkerblom; Asesora legal, Swedwatch