El panorama político actual, marcado por la redacción de una nueva Constitución para nuestro país, se constituye en la oportunidad perfecta para problematizar un fenómeno que, por más que ha sido develado y criticado en el pasado reciente, posee una relevancia lo suficientemente grande como para que sea necesario abordarlo públicamente una y otra vez. Sobre todo, si tomamos en cuenta que poco o nada se ha avanzado en su resolución. Nos referimos al clientelismo y el patronazgo a nivel de las municipalidades de nuestro país.

La existencia de este fenómeno es un hecho reconocido por una serie de investigadores/as del mundo de las ciencias sociales, quienes han contribuido a que sus nocivos efectos sean detectados y expuestos mediante estudios de carácter cualitativo. Con el objetivo de aportar a la construcción de un sentido común crítico respecto de esto, hemos publicado un documento de trabajo —usando un enfoque cuantitativo— en el que demostramos que una buena parte de los/as alcaldes/as chilenos/as hace un uso oportunista del presupuesto de los municipios que administran, especialmente en lo relativo a programas y asistencia social (https://estudiosnuevaeconomia.cl/documentosdetrabajo/).

A la luz de la evidencia asociada al clientelismo y el patronazgo, además del contexto socioeconómico de pobreza y vulnerabilidad de un porcentaje no despreciable de la población de nuestro país, es plausible afirmar que dicha manipulación oportunista tiene como objetivo cooptar el voto de los sectores pobres y de las capas medias, aprovechando, de paso, una debilidad estructural de la institucionalidad municipal de nuestro país: la discrecionalidad del gasto en ayudas sociales.

Los resultados de nuestro estudio indican que la gran mayoría de los/as alcaldes/as que repostularon en los comicios de 2012 incrementaron de manera desproporcionada los gastos en programas y asistencia social durante los dos años inmediatamente anteriores a la elección —específicamente, cerca de un 74% de los/as alcaldes/as incurrió en esta práctica—. El promedio de dichos incrementos alcanzó un 2,71%. Esto, a simple vista, puede no parecer mucho. Sin embargo, al tomar en cuenta la magnitud de los presupuestos municipales del país se comprende fácilmente que dicha cifra, lejos de ser insignificante, es lo suficientemente alta como para —en caso de ser administrada de manera eficiente— asegurar la captura de una buena parte del voto de los segmentos populares.

Un incremento de un 2,71% respecto de la media del periodo de gobierno (2008-2012) equivale a cerca de 14 millones y medio de pesos. Si esta cifra se reparte entre cien potenciales electores/as poco antes de los comicios, cada uno/a recibiría cerca de 145 mil pesos. No está de más señalar que si dicho monto se entrega a personas pobres o vulnerables puede llegar a influir de manera significativa en la decisión que éstas tomen al momento de sufragar, inclinando la balanza a favor del/de la alcade/sa que repartió el beneficio.

La gravedad de la situación se vuelve muchísimo más patente si centramos nuestra atención en la más grosera de las distorsiones oportunistas del periodo, misma que llegó a un sustancioso 11,29%. En dicho caso, el dinero extra a disposición del/de la alcalde/sa podría haber llegado a la ingente suma de 61 millones de pesos. Si esta cifra se hubiese repartido entre 500 potenciales votantes, a cada uno le habría correspondido cerca de 121 mil pesos. Dado que, a partir de la instauración del voto voluntario, la cantidad de personas que efectivamente ejercen su derecho a sufragar ha disminuido considerablemente, cien o 500 votos pueden ser decisivos en aquellos comicios que se anticipan como más reñidos, entregando a los/as alcaldes/as oportunistas una ventaja sustancial frente a los/as retadores/as.

En segundo lugar, un hecho que refuerza nuestra interpretación de la utilización del gasto social como una herramienta de cooptación del voto de los sectores pobres y vulnerables dice relación con que, a mayor tasa de pobreza comunal, mayor es la recompensa que obtienen los/as alcaldes/as por la entrega de montos de dinero más abultados para programas y asistencia social. Vale decir, a medida que la pobreza comunal desciende, y aumenta el gasto social, menor probabilidad tiene el/la alcalde/sa de ser reelecto/a, y viceversa: a medida que se incrementa la pobreza, y más dinero se desembolsa en este ítem, más chances tiene el/la jefe/a comunal de ganar nuevamente la elección. Esto se ve potenciado por el hecho de que los municipios de menor tamaño —y, por lo general, a cargo de comunas con mayores tasas de pobreza— gastan menores cantidades de dinero —en términos absolutos— en el área social, razón por la cual los/as electores/as parecen recompensar de manera mucho más decidida a los/as alcaldes/as más generosos en esta clase de contextos.

Un tercer resultado de la investigación, particularmente llamativo, es el hecho de que el electorado chileno reacciona de manera positiva frente al comportamiento dispendioso de los/as alcaldes/as única y exclusivamente cuando se trata del ítem presupuestario de los gastos sociales.

En otras palabras, mayores niveles de gastos totales y gastos corrientes perjudican las probabilidades de los/as alcaldes/as de ser reelectos/as. Una hipótesis que consideramos plausible, y que podría ayudar a explicar este fenómeno, dice relación con la posible existencia de desvíos sistemáticos de recursos monetarios desde el área de las inversiones municipales a los gastos corrientes, perjudicando, de esta manera, la entrega de bienes y servicios públicos asociados a la salud y educación municipales, y que —creemos— el electorado considera como extremadamente relevantes para su bienestar cotidiano. Esta, sin embargo, es una hipótesis que debe ser puesta a prueba en investigaciones futuras.  

Consideramos que la discrecionalidad con que los/as alcaldes/as hacen entrega de dineros a los habitantes de las comunas de nuestro país —por concepto de gastos sociales— constituye un peligroso y nocivo foco de potencial cooptación de votos, favoreciendo el desarrollo y extensión de vínculos clientelares que afectan especialmente a la población más pobre y vulnerable, quienes ven a los/as jefes/as comunales como los/as principales agentes del Estado a los que recurrir en caso de necesidad.

Esta situación, por supuesto, afecta de manera significativa la calidad del régimen democrático de nuestro país, al promover que las preferencias político-ideológicas de la población sean modificadas maliciosamente por la expectativa de contar con ayudas en dinero en caso de votar por el/la alcalde/sa que hace entrega de las mismas.

Finalmente, creemos que una posible manera de poner coto a la situación se relaciona con la creación de un sistema de postulación centralizado, mediante el cual los/as ciudadanos/as puedan realizar solicitudes de ayudas sociales que no dependan del criterio o voluntad del/de la alcalde/sa de turno. De esta manera, se privaría a dichas autoridades del poder para cooptar los votos de los/as habitantes más necesitados/as, y permitiría que las preferencias políticas reales de buena parte de la ciudadanía a nivel de las elecciones municipales puedan ser expresadas de manera clara, sin distorsiones de por medio.