“Estamos preocupados”, dice el fiscal Luis Toledo. El persecutor es el director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional y le ha tocado analizar el crecimiento exponencial que ha tenido el fenómeno de la droga Tusi, llamada así por la semejanza fonética en inglés del compuesto “2C-B”.

Toledo advierte que lo que se comercializa en el país con el nombre de Tusi no tiene nada que ver con el “2C-B”. Lo que se vende en Chile es principalmente ketamina, un poderoso anestésico utilizado en la medicina veterinaria, al que se le añade un colorante rosado para parecerse a la droga original.

Para el también exfiscal regional de O’Higgins el problema es mucho más profundo que la aparición de una nueva droga. “El narcotráfico no viene solo (...), las armas están vinculadas con el narcotráfico o la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o laboral. Las redes criminales ocupan las mismas vía”, sostiene.

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El persecutor va más allá. Considera que no ha existido un mirada integral sobre el crimen organizado en Chile y que de no hacerlo “cualquier medida va a ser insuficiente”. Además, Toledo reconoce preocupación por la corrupción al interior de instituciones públicas como las policías, aduanas e incluso el mismo Ministerio Público. “En ocasiones a uno le queda un sabor de que aquí había algo mucho más profundo”, reconoce.

Sobre la presencia del Tusi en el país, Toledo explica que se trata de “organizaciones más complejas” y enfatiza en que “en países vecinos, como Bolivia y Perú, la ketamina no está regulada como sustancia estupefaciente. Llega fácilmente hasta la puerta de entrada, de ahí nuestra frontera es tan permeable que permite efectivamente la entrada”.

-¿Cómo es el perfil del productor de Tusi en Chile?

La vinculación con ese productor que une la ketamina con la cocaína, o solamente vende ketamina, y le añade el colorante, es generalmente de ciudadanos extranjeros o de extranjeros relacionados con chilenos. El Tusi hoy día tiene un precio similar a un gramo de cocaína, un poco menos.

-¿Cuánto es eso?

Más o menos $13 mil o $15 mil, aunque por menos también, por $10 mil puedes encontrar. Va a depender de la variación respecto a lo que esté compuesto el Tusi. Si tiene más o menos ketamina.

-Menciona que se trata de organizaciones más complejas, pero ¿en relación a qué? ¿A lo que encontrábamos como organizaciones de narcotraficantes acá en Chile?

Hablo de redes criminales más complejas porque ese tipo de organizaciones nosotros no las conocíamos hace cinco años atrás. Más complejas desde el punto de vista del uso de armas, de la violencia asociada al narcotráfico. También porque tienen vínculos internacionales concretos. La ketamina que viene de afuera está asociada a redes criminales internacionales que son bastante más violentas. Aquí se vincula con lo que se ha llamado el Tren de Aragua y bandas más o menos de la misma conformación. También existe una relación con el tráfico carcelario, organizado desde el interior de las cárceles. En Chile hay un aumento en la criminalidad organizada, es un fenómeno creciente. Nos tiene muy ocupados y a la vez preocupados porque vemos que la respuesta jurídico penal, si bien se ha acrecentado, no ha sido suficiente.

-Una respuesta insuficiente, dice, ¿qué hace falta desde el punto de vista de la persecución?

Nosotros hemos planteado hace ya bastante tiempo la urgencia de la existencia de una Fiscalía Antidroga con competencia nacional, para abordar este tipo de redes criminales que están presentes en varias regiones del país. Hay una necesidad comercial de estas bandas, Chile es buscado porque paga más por el gramo de Tusi que nuestros vecinos, entonces la ganancia es mayor.

-Acá es más caro…

Claro, es más caro. Para poder vincular una causa en una región con una de otra región, tanto a nivel policial operativo, como a nivel de Fiscalía, qué decir a nivel de tribunales, es más costoso que cuando se ve el tema desde el punto de vista de organización regional o solo local. Muchos países como Colombia o España tienen fiscalías antidrogas con competencia nacional, que permiten unificar y analizar los datos, dirigir investigaciones de trascendencia nacional para tener resultados más concretos respecto a la persecución penal. Eso, la Fiscalía hoy día lo logra solo a través de medios de coordinación, de buenas voluntades, pero no hay un respaldo de una estructura nacional. El narcotráfico no viene solo. Yo escucho este último tiempo que la preocupación va a ser el tema de las armas, pero las armas están vinculadas con el narcotráfico, o la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o laboral. Las redes criminales ocupan las mismas vías y todos los medios que le sean posible para aumentar sus beneficios económicos, entonces, no es un solo tema: no es solo armas, no es solo narcotráfico. Se requieren herramientas que permitan ver este tema desde el punto de vista nacional. Se debe acrecentar la coordinación internacional, este fenómeno no es solo del país.

-Afirma que las coordinaciones de las fiscalías se dan por buena voluntad, ¿qué dicen los protocolos del Ministerio Público?

Existen herramientas e instrucciones que ha dictado el fiscal nacional (Jorge Abbott) a través de la unidad de drogas que me toca dirigir, que permiten la coordinación y obligan a los fiscales a avisar cuando se haga una diligencia en otra región. Pero eso es una instrucción sobre la base de herramientas jurídicas que no dan el ancho para poder armar una estructura con competencia a nivel nacional. Si un fiscal de Iquique lleva una investigación en contra de una de estas redes criminales y luego aparecen nexos en Punta Arenas, vamos a demorar mucho tiempo en darnos cuenta de esa situación.

-¿No hay un acceso unificado a todos esos datos?

No hay acceso unificado y el fiscal que lo lleva en Punta Arenas puede tener la mejor de las voluntades, pero muchas veces no tiene la suficiente información porque existe una especie de "competencia" interna policial. Se reservan la información, hay competencia interna a nivel de las policías, también a nivel interagencial, Carabineros con la Policía de Investigaciones (PDI). Lo que estoy promoviendo, y el fiscal nacional lo ha dicho también, es que eso no puede quedar a la buena voluntad ni a la decisión de un fiscal regional o de un fiscal adjunto, o de una policía o de otra, esto debe ser una estructura orgánica.

-Y dentro del Ministerio Público, ¿también hay competencia?

Hemos tratado de mejorar internamente eso, pero sí, claro que hay. Somos seres humanos. Muchas veces cuando un caso va creciendo nos interesa poder llegar a puerto con él, lo difícil es tomar decisiones cuando un fiscal está más apurado que otro o más avanzado que otro. ¿Quién decide? Cuando se produce esta colisión entre investigaciones finalmente está resuelto por instructivos internos, lo decide el fiscal nacional, pero para que eso llegue al fiscal nacional va a demorar mucho. Puede ser que la operación se haya frustrado para un fiscal o se haya anticipado para otro, y el resultado no sea el óptimo en pro del beneficio de una investigación penal más profunda. Esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo.

-¿Hace cuánto tiempo?

Uf…cinco años aproximadamente, desde que empezó este fenómeno. Hay que recordar tiempo atrás cuando empezó el fenómeno de la marihuana “cripy” o más atrás cuando estábamos plagados de marihuana paraguaya. En un momento pasa que la marihuana paraguaya dejó de llegar y ahí empieza el fenómeno de la “cripy”. ¿Por qué razón? Si eso no es normal. Por qué motivo una marihuana que se puede producir en suelo nacional viaja miles de kilómetros para llegar a Chile. Todas esas preguntas, que tienen respuesta a nivel de análisis, nos venimos a dar cuenta muy tarde. Ya el año 2016 y 2017 en el informe del observatorio anticipamos que el fenómeno de la “cripy” era un gran fenómeno. Luego, empezaron a llegar toneladas y toneladas de marihuana del Valle del Cauca, en Colombia. El año pasado llegaron más de 3,5 o casi 4 toneladas de marihuana de puertos mexicanos, eso no lo habíamos visto.

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-¿Estamos tarde ahora con el Tusi?

No creo que estemos tarde. Estamos peor que antes, pero podemos mejorar dependiendo de en qué momento reaccionemos. Pero no reaccionemos con aumentar las penas, con medidas que son para la galería. Cuando empezamos con los portonazos se crea el Sacfi (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos), pero su principal objetivo eran los delitos contra la propiedad, porque “el gran delito que afectaba a los ciudadanos eran los portonazos”. Los portonazos siempre han estado vinculados al tráfico de drogas, siempre. No es posible que lo veamos a título de síntoma, si usted tiene fiebre y lo tapamos con paracetamol nunca vamos a saber qué está debajo. Estamos creando leyes y aumentando penas para temas que son las consecuencias de un mercado criminal que es mucho más profundo. Me preocupa mucho la corrupción, funcionarios de Carabineros sancionados en el norte por tener vínculos con el contrabando, funcionarios de Gendarmería teniendo un quiosco y vendiendo cosas dentro de las cárceles. Funcionarios del Ejército desviando armas. El tema de la corrupción en Chile puede mejorar si cohesionamos equipos de investigación con una mirada integral. Hoy en día, las bandas criminales más organizadas han encontrado un buen nicho en nuestro país.

-Si yo le preguntara a esas instituciones probablemente me dirían que no se trata de casos comunes, ¿qué diría a eso?

Si menciono a estas instituciones no digo que otras, incluso el Ministerio Público, no estén involucradas, o funcionarios de la institución. Esos son los casos descubiertos hasta el día de hoy. Lo que yo podría contestar es que hay un fenómeno en el norte que es preocupante, que está vinculado no solo con la migración, la migración es parte de esta realidad compleja. No son los migrantes los responsables de esta situación, es el Estado de Chile el que requiere de una respuesta más cohesionada  y de decisiones más consistentes. Cuando hablo de funcionarios de Carabineros condenados en Arica no quiere decir que en esa misma ruta los funcionarios de Aduanas no estén involucrados, los funcionarios de la PDI o incluso funcionarios de otros estamentos y de otras reparticiones públicas.

-¿Cuál es la magnitud de la corrupción que menciona? Se podría pensar que siempre va a existir ese tipo de corrupción, pero ¿es algo grande o menor? 

Creo que ser tolerantes respecto a ese tipo de corrupción no es una buena idea. Para la operación de estas organizaciones criminales, el primer objetivo es el control territorial. Si conoce al carabinero, si tiene el vínculo con el funcionario de Aduanas que dejó pasar la droga, las armas o dejó pasar a los migrantes con la ketamina, ese control es el que se está buscando. Eso se puede pagar perfectamente. Puede estar pasando en algunas poblaciones de Santiago con funcionarios públicos. Muchas veces no se puede acreditar, en otras ocasiones a uno le queda un sabor de que aquí había algo mucho más profundo, pero uno llega hasta cierto nivel. La preocupación tiene que ver con la actual mirada sectorizada: mirar la corrupción, el tráfico de armas o el tráfico de migrantes distinto del narcotráfico.

-¿Cómo sería el camino legislativo para la creación de una “Fiscalía Nacional Antidroga”?

Es materia de reforma constitucional, se requiere una voluntad más o menos importante de todos los sectores políticos. La seguridad pública no debe ser matizada desde el punto de vista ideológico, es como la Educación o la Salud. Se requieren políticas de largo alcance, que trasciendan un gobierno. Se necesita un Ministerio de Seguridad Pública que se aboque a temas técnicos de seguridad. No es posible que Gendarmería, en el análisis de información de redes criminales al interior de la cárcel, dependa del Ministerio de Justicia. O que Aduanas, en la parte que tenga que ver con información y análisis, dependa del Ministerio de Hacienda. Todo eso tiene que estructurarse bajo el amparo de un ministerio con mirada de largo plazo de seguridad pública, aportando como brazo operativo a una fiscalía con competencia nacional. Ese esquema es el que hoy día tiene España o Italia. Ellos han aprendido a punta de terrorismo y sangre, yo espero que en Chile no tengamos que esperar lo que aconteció en otras sociedades para tomar medidas.

-¿Ha tenido conversaciones con parlamentarios? ¿Ha visto voluntad por ese lado?

Tenemos otras urgencias. Ese es nuestro problema en Chile. Estamos enfrentados a múltiples necesidades, cuál de todas más importante: las pensiones, la salud, la educación, pero yo elevo la seguridad pública como un derecho humano, tal como lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos.

-Cuando dice "tenemos otras urgencias", ¿eso es lo que algunos parlamentarios le han dicho?

Eso es lo que he podido percibir. Estamos actuando sobre lo contingente y no sobre lo importante, lo que quizás es normal o comprensible. Pero estamos dejando de lado la importancia del tema ya desde hace varios años. He visto a algunas autoridades este último tiempo hablar del fenómeno o la complejidad del comercio callejero, el comercio ambulante. Sí, es una preocupación, genera crimen, pero esto que hablo yo, honestamente, es quizás la madre del problema de la criminalidad y la violencia callejera. Si no hay una organización que sostenga investigaciones profesionales de largo alcance, entonces cualquier medida que tomemos a nivel municipal o regional va a ser insuficiente.