Ya hay borrador de la propuesta de nueva Constitución y la arista ambiental es una de las que han causado más interés tanto a escala nacional como internacional.

El exministro de Medio Ambiente durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Marcelo Mena, en conversación con El Desconcierto. destaca los avances presentes en el borrador, no solo en materia estrictamente ambiental, sino también en cuanto al modelo de desarrollo y en la descentralización de poder y recursos para hacer posible un desarrollo sustentable.

-¿Qué aspectos destacarías sobre el borrador de la propuesta de nueva  Constitución en materia ambiental?

La Comisión de Medio Ambiente entendió que no bastaba con una serie de declaraciones de principios para poder avanzar en que el desarrollo del país sea sustentable; sino que era fundamental mirar la estructura del desarrollo económico, la toma de decisiones y el financiamiento para poder ejecutar todo esto.

En muchos aspectos, esta propuesta de Constitución es muy avanzada y eso da una gran esperanza porque es la primera escrita después del Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), en un contexto en que el planeta entero reconoce que hay límites en cuanto a las emisiones de contaminantes, y que si no se respetan el futuro se hace invivible. Hay límites en cuanto a la pérdida de biodiversidad por el riesgo de enfermedades zoonóticas como la que nos tiene en esta pandemia.

Esta propuesta tiene medidas excepcionales con respecto a la gestión del agua, donde en un par de artículos se avanza más que lo que se pudo avanzar en muchos años por las trabas de la Constitución actual. También hay que destacar el derecho al aire limpio, ya que según la OMS la contaminación en el aire mata a 7 millones de personas cada año y esto es un avance.

-¿Cuáles son los cambios más importantes con respecto a la Constitución actual?

Lo más estructural tiene que ver con una mirada de largo plazo en vez de una de corto plazo, y una mirada colectiva en vez de la mirada individual. El hecho de que haya más poder de decisión y autonomía en las regiones es fundamental para un territorio más sustentable, y que el financiamiento tenga una finalidad más descentralizada también. Ambas cosas han sido identificadas por la OCDE como barreras para el crecimiento de Chile y con este borrador hay barreras que se superan.

En el largo plazo hay cosas como el principio precautorio, el de no regresión y el de equidad intergeneracional que nos obligan a mirar más allá de nuestra generación y tomar en cuenta a las que vienen. Esto es un cambio fundamental en la toma de decisiones con respecto al cambio climático.

También es destacable el reconocimiento de la crisis climática y es muy potente lo que se logró en materia de crisis hídrica, de pasar de un régimen de concesiones a uno de derechos que son transitorios, revocables y trasparentemente adjudicados que también es un cambio fundamental frente al oligopolio que posibilitó la desigualdad e injusticia que vemos hoy con respecto al agua.

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-¿Hay algo en el borrador que te genere preocupación?

Lo que no me gustó tanto como a muchos es cómo quedó el balance entre la Cámara de Diputados y la Cámara de las Regiones. Sí pienso que es importante tener contrapesos que impidan que el ímpetu momentáneo pueda causar grandes cambios irreversibles porque son sujetos a las mayorías que pueda tener cualquiera. Es importante estar todos de acuerdo a nivel territorial y poblacional al tomar decisiones y a ese balance todavía le falta un poco.

-¿Pero hay algo importante que crees que falte en el texto?

Soy parte de un grupo de académicos y autoridades que hicimos un decálogo del constituyente verde con diez puntos como participación ciudadana o plurinacionalidad y todas las cosas esenciales están recogidas en la Constitución. Yo mismo he sido ministro de Medio Ambiente atado de manos por algunas normas o leyes porque la  Constitución impedía cambiarlas y creo que esta Constitución será un pilar importante para darle una señal al mundo de que a Chile le importa el desarrollo sustentable y que tiene todas las herramientas para hacerlo sin excusas.

-Ante la ausencia de Chile en el Acuerdo de Escazú durante la última administración, se miraba a la Convención Constitucional como una alternativa para consagrar en la legislación chilena los derechos de acceso que promueve el acuerdo. ¿Se refleja eso en el borrador?

El torpe rechazo del Acuerdo de Escazú por la administración Piñera gatilló en el movimiento ambiental un reconocimiento que quizás no estaba tan explícito antes, sobre los derechos de acceso y de justicia ambiental (que hoy tiene un principio en el borrador) y que son fundamentales para una democracia más justa. La misma alza de violencia con defensores ambientales nos hace pensar qué tan lejos estaremos del deterioro que han sufrido otras democracias con respecto a los defensores ambientales. El hecho de que haya defensorías especiales para esta temática es un avance importante.

-¿Qué leyes y reformas serán fundamentales para poder llevar a la práctica el espíritu de este borrador en materia de protección ambiental?

Hace falta una reforma al Servicio de Evaluación Ambiental, que dé garantías a las comunidades tanto como a los proyectos. Tiene que existir ese equilibrio y que la participación ciudadana tenga un espacio para que el diálogo que le de legitimidad a los proyectos, entendiendo que siempre es posible mejorarlos.

La implementación de reformas con respecto a la gestión del agua va a ser esencial en el corto plazo y estoy convencido que en eso se puede avanzar mucho en corto tiempo. También será importante fortalecer el marco jurídico con respecto al cambio climático, reflejando la ambición de esta constitución que habla del deber del Estado en la crisis climática. Y por cierto es importante que se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), para que el Estado pueda ejercer su deber de proteger la biodiversidad a través del Ministerio de Medio Ambiente. Esto es algo que se lleva tramitando 12 años.

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-¿Cuáles serán los principales desafíos en el proceso de armonización?

Deberá abordar y conciliar temas que están en otras comisiones y que tienen que ver con la protección ambiental. Los artículos transitorios serán fundamentales también, por ejemplo, con respecto al agua, para que entre en vigencia el nuevo régimen es importante hacerlo en el corto plazo, pero con una autorización que mantenga el derecho de propiedad por un tiempo para no darle pie a quienes se oponen a esta transición con el argumento de que da incertidumbre.

-Desde el extranjero hay mucho interés específicamente por la arista ambiental de este proceso constituyente. ¿Cómo se compara el texto propuesto con otras constituciones del mundo en esta materia?

Hay una diferencia con otras constituciones de países que han sido históricamente petroleros y que comenzaron el proceso con declaraciones de interés y de principios ambientales, pero sin buscar cambios en la matriz productiva. En el caso chileno los convencionales entendieron que esto no se remite estrictamente a lo ambiental, sino que tiene que ver con el modelo de desarrollo, la distribución del poder y del financiamiento. Esa es la gran diferencia con otras constituciones. Hay un poder político estructurado para poder apoyar los principios ambientales más amplios.

-Cuando se habla de protección ambiental, siempre aparecen voces que se preocupan por el desincentivo a la inversión y el desarrollo económico. ¿Cómo influye el texto propuesto en este debate?

Esto tiene que ver con preguntarse para quién y para qué es el desarrollo que queremos. Hay quienes ven una amenaza en que haya una limitación de la extracción minera en la cercanía de glaciares. Pero se olvidan que una gran parte de la economía de la zona central se sustenta por el agua que viene en un 70% de esos glaciares. Es evidente que no todo puede desarrollarse en cualquier lado y que tienen que existir limitaciones que puedan poner un freno para dar espacio a otras actividades.

Hay gente que habla de la falta de certeza con respecto a cambios en la distribución del agua. Pero les falta ver, como lo ha visto la OCDE, la limitación al crecimiento que genera la concentración de los derechos de agua que fueron entregados de forma poco trasparente y gratuita a unos pocos actores que han concentrado y comercializado el recurso.

También importa preguntarse si es más importante el crecimiento a largo plazo o a corto plazo. A largo plazo tendremos un crecimiento económico con menores costos en energía y más inversión en tecnologías limpias. Si Chile no aborda el cambio climático va a perder cerca de ¼ de su crecimiento económico al 2050. Si enfrenta la crisis climática con decisión va a tener muchos más beneficios que costos y va a tener acceso a una economía competitiva con energía más barata.

Lo que se está buscando acá es un crecimiento para la generación actual y las que vienen. Hay que preguntarle sino a las comunidades pesqueras cuánto valió el crecimiento a corto plazo en su momento, cuando ahora tenemos dos tercios de las pesquerías colapsadas. Hay que preguntarse cuánto valió el crecimiento a corto plazo de la salmonicultura, cuando su desarrollo mal hecho significó el colapso ambiental de la zona con un legado de desastre ambiental y social.

Lo que quiero decir con esto es que creemos en el desarrollo a largo plazo y hay quienes solo se preocupan por lo que va a pasar el próximo año. Quienes tenemos la intención de tener un futuro en este país y que pensamos en los que vienen y no solo en nosotros, tenemos un cambio radical con respecto a la constitución vigente que fue egoísta, que fue hecha pensando en lo individual y no en lo colectivo, y que es fundamental remediar a través de este nuevo modelo de desarrollo que enmarca esta propuesta de nueva constitución.

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