Este viernes, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar determinó el sobreseimiento definitivo del expresidente Sebastián Piñera y algunas autoridades de su gobierno en la causa por el presunto delito de fraude al Fisco en el arriendo de residencias sanitarias.

La decisión del tribunal concuerda con la postura del Ministerio Público. El ente persecutor solicitó hace dos semanas el sobreseimiento en este caso, debido a que no se logró acreditar la existencia de un delito después de un año de investigación.

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En detalle, esta causa se inició por una querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) después de que un informe de la Contraloría General de la República (CGR) estableció que en el proceso de contratación de los hoteles O’Higgins y Queen Royal B hubo "un enriquecimiento sin causa en favor del prestador de servicio y, por ende, un perjuicio al patrimonio público".

Los pagos cuestionados por el ente fiscalizador ascenderían a $53,7 millones, en el caso del primero hotel, y $174 millones, en el segundo. Entre las autoridades sobreseídas que habían sido apuntadas en la acción judicial inicial figuran, además del exmandatario, los exministros Jaime Mañalich y Enrique Paris, junto con el exsubsecretario de Redes Asistenciales y actual Convencional Constituyente, Arturo Zúñiga.

Postura de la Fiscalía

De acuerdo al fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, Patricio Toro, al momento en que se realizaron las contrataciones "era aplicable una normativa de excepción". Por este motivo, el Ejecutivo pudo "incorporar clausulas de costos operativos fijos".

Estos cobros adicionales no habrían sido constitutivos de delito porque "estaban permitidos por el contexto y la normativa determinó que no existía comisión de delito", según indicó la institución persecutora.

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El abogado representante de Piñera, Gabriel Campos, afirmó tras conocer la decisión del juzgado viñamarino que "esto da cuenta de que la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos no tenía fundamento jurídico con relación a estas imputaciones específicas".

"Se descartó la existencia de negociación incompatible y tráfico de influencias, habiendo un pronunciamiento de la Contraloría en este sentido. También se descartó la existencia de fraude al fisco, la cláusula cuestionada sobre los ‘costos operativos fijos diarios’ en la contratación de determinadas residencias sanitarias estaba amparada por la normativa vigente en la época", agregó Campos en conversación con Biobío.

Investigación por residencias sanitarias en Santiago

En paralelo a este caso, a principios de marzo la Fiscalía decidió formalizar a tres exfuncionarios del Ministerio de Salud (Minsal) durante la administración de Piñera que están involucrados en otras contrataciones de residencias sanitarias cuestionadas.

Orlando Andrés Durán, es uno de los funcionarios apuntados como presunto autor de fraude al Fisco y negociación incompatible mientras se desempeñaba como jefe de la Divap (División de Atención Primaria).

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Los ilícitos se habrían cometido en la contratación por $205 millones del hotel Clínica SpA para recibir a personas contagiadas con COVID-19. Sin embargo, esta empresa habría estado vinculada a Durán, y de acuerdo al registro de sociedades del Ministerio de Economía fue creada el 24 de marzo del 2020, después de la llegada de pandemia a Chile.