En la tarde del martes, desde el Ministerio de Hacienda dieron a conocer los nombres que el Presidente Gabriel Boric seleccionó para el directorio de Banco Estado. La presidencia quedó para la ingeniera comercial Jessica López, mientras que la vicepresidencia fue para Daniel Hojman. El resto del Consejo Directivo quedó conformado por Jeannette von Wolfersdorff, Enrique Román, Pablo Zamora y Tamara Agnic. Es precisamente este último nombre el que desató la polémica.

Apenas se hizo público el nombramiento, desde el Partido Demócrata Cristiano (DC) salieron a a través de redes sociales a criticar la decisión. En específico, recordaron un episodio ocurrido entre 2014 y 2015, cuando Agnic era superintendenta de Pensiones, y que involucró a una operación entre la AFP Cuprum y su fusión con una administradora recién creada llamada Argentum. Todo, en una cuestionada operación que le significó miles de millones en beneficios tributarios.

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Todo empezó un año y medio antes, cuando el holding estadounidense Principal compró la AFP Cuprum al grupo Penta -vinculado a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín-. La operación rondó los US $1.500 millones. Pero, para septiembre de 2014, Principal Institutional Chile S.A., la filial chilena y controladora de la AFP, solicitó a la Superintendencia de Pensiones (SP) su fusión con Cuprum, lo que se les negó.

El problema fue que la ley solo permitía que una AFP se fusionara con otra entidad del mismo giro, es decir, otra AFP. Con esta respuesta, dos meses después Principal solicitó a la misma SP la creación de la AFP Argentum. Para enero de 2015, la SP dio el visto bueno y se concretó la fusión entre Cuprum y la nueva AFP Argentum.

Agnic, en su rol de superintendenta, autorizó la polémica fusión de Cuprum y Argentum. La acusación fue que esta última solo era una AFP “de papel” y que toda la operación no era más que una maniobra para formar un goodwill tributario, es decir, una figura contable que les permitiría ahorrar impuestos. En total, Cuprum dejó de pagar alrededor de $80 mil millones en impuestos a raíz de esta fusión.

Tiempo después, AFP Provida haría una maniobra parecida al unirse a Acquisition.

Los dictámenes de Contraloría: “No resulta admisible”

Cuando estalló el escándalo en 2015, los entonces diputados Fuad Chahin y Patricio Vallespín (ambos DC) llegaron hasta la Contraloría General de la República (CGR) para que se pronunciara sobre la fusión de Cuprum y Argentum. En diciembre de ese mismo año Patricia Arriagada, quien subrogaba al contralor general, respondió a la solicitud.

En el dictamen N° 98.889, de 2015, el ente fiscalizador fue claro en criticar la operación. Uno de los primeros puntos que hizo al respecto fue que Argentum utilizó antecedentes que pertenecían a Cuprum para solicitar su creación como AFP.

En efecto, la ley exige que la AFP en creación -en este caso Argentum- entregara un plan de negocios para analizar su factibilidad. La Superintendencia de Pensiones se negó por años a entregar el “plan de negocios” que Argentum les hizo llegar para esta operación. Tras distintas solicitudes invocando la Ley de Transparencia y batallas judiciales, en 2017 The Clinic accedió al documento y demostró que, en general, no era más que un “copy paste” del plan de negocios de Cuprum.

“No resulta admisible que en un proceso de constitución de una AFP se acompañen los antecedentes de otra, aun cuando aquella sea su controladora, puesto que, en definitiva, ello importa no dar cumplimiento a las exigencias que para tal efecto fija el legislador”, cuestionó la CGR en 2015.

“Principal Institutional Chile S.A. era una empresa sin experiencia en administración de fondos de pensiones, cuyo esquema organizacional tampoco cumplía los estándares que esta Superintendencia exige a una AFP”, agregó.

Otra de las críticas del ente fiscalizador contra la Superintendencia fue la figura legal utilizada para concretar la fusión, una “constitución sujeta a una condición suspensiva de fusión”. Es decir, la SP otorgó la autorización para que Argentum se constituyera como AFP, pero solo bajo la condición de que se fusionara con Cuprum.

Ante esto, la CGR consideró que “sólo existía válidamente AFP Cuprum S.A. y no AFP Argentum S.A. al momento de verificarse la fusión, esta última institución no se encontraba en condiciones de concurrir a aquella”.

“(...) resulta contradictoria la figura de que se apruebe una fusión en la cual participe una entidad que para tener existencia legal requiera precisamente fusionarse con otra”, argumentó la CGR sobre el aparente contrasentido.

En febrero de 2016, el ente fiscalizador emitió el dictamen N° 9.702, que vino a complementar el anterior. En esa oportunidad destacó que “(...) a la luz de los antecedentes y normas legales que indica, en el proceso de formación de la nueva administradora de fondos de pensiones mencionada (Argentum), no se acreditó el cumplimiento de las exigencias que al efecto fija el legislador”.

“Asimismo, manifestó que la definición legal de fusión supone la existencia de dos o más sociedades y que, en la especie, al momento de verificarse la fusión, solo existía válidamente la AFP Cuprum S.A. y no la AFP Argentum S.A., por lo que esa figura no pudo operar conforme a derecho”, insistió.

Finalmente, la CGR puntualizó que “(...) corresponde aclarar que esta Contraloría General solo se limitó a aludir al carácter impugnable judicialmente de esos actos”.

El duro informe de la Cámara

Los mismos hechos motivaron a que en junio de 2015 se creara una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta, tras casi un año de trabajo emitió un informe con voto de mayoría en el que apuntaron directamente a la Superintendencia de Pensiones y al rol de Tamara Agnic.

La primera conclusión y propuesta del informe es solicitar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que demande ante tribunales la nulidad de la fusión. Los parlamentarios aludieron a “los actos administrativos cometidos contra derecho por la Superintendencia de Pensiones, (...) las que significarán un detrimento millonario para el patrimonio del Estado de Chile, por no enterarse los impuestos correspondientes que se debieran pagar de no haberse producido tal operación financiera (...)”.

También se propone oficiar a Contraloría para que exija que la SP invalide la fusión, ya que a juicio de los parlamentarios, “la entidad pretende validar artificiosamente y contrario a derecho la fusión investigada por esta Comisión”.

“La Superintendencia contraría su deber de actuar siempre con preeminencia del interés público toda vez que se ocupa a priori de establecer ‘la buena fe de los solicitantes’, no obstante la inexistencia del prospecto de negocios y de información detallada de los antecedentes, causa y razones técnicas de la fusión o ‘razón de negocios’, sin entrar en el análisis de su legitimidad o no”, cuestionaron.

Para los parlamentarios, la SP no se hizo cargo “en lo absoluto de la forma irregular en la que, debido a su actuar contrario a derecho, los solicitantes obtienen un beneficio de impuestos al que no tendrían derecho de acceder, con enorme perjuicio al interés fiscal”.

En el informe, la comisión también alude a que en la negativa inicial de la SP a la fusión entre Principal y Cuprum habría ocurrido una suerte de “recomendación” por parte del órgano, al sostener que debían ser entidades del mismo giro. En esto, cabe consignar, la CGR no estuvo de acuerdo y consideró que la SP solo estaba argumentando su decisión, como es deber legal de los órganos del Estado.

Finalmente, la Cámara propuso que el Ejecutivo pusiera urgencia legislativa, así como que enviara proyectos, en relación a iniciativas que regulen la fusión de las AFP y que se prohíba la reestructuración societaria de las mismas cuando “éstas no tengan como principal finalidad el beneficio de sus afiliados”.

La Sala de la Cámara dio el visto bueno al texto con 58 votos a favor, cero en contra y 28 abstenciones.

Para cuando se aprobó el informe en la Cámara, Agnic ya no era la superintendenta. En octubre de 2015, mientras se realizaba la investigación, puso su cargo a disposición, aunque su salida definitiva se dio 40 días después, en enero del año siguiente.

Críticas desde la DC y la defensa de Marcel

La senadora y exministra del Trabajo -cargo que asumió pocos meses después de ocurridos los hechos-, Ximena Rincón, publicó este miércoles un video en redes sociales para criticar el nombramiento.

“No se entiende el nombramiento como directora del Banco del Estado de Tamara Agnic. Fue claro lo que dijo la Contraloría en su época respecto de proceder ilegal. No solo eso, también la Cámara de Diputados, después de un informe contundente respecto de su accionar”, cuestionó.

La parlamentaria DC instó al gobierno a cambiar su decisión y apuntó al rol que habrían jugado las “amistades” en el nombramiento. “Todavía hay tiempo de reconsiderar. No puede ser que porque son amigos de un ministro terminen ocupando cargos quienes no han dado señales de transparencia y de probidad”, llamó.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también se refirió a la polémica. El secretario de Estado defendió la elección de Agnic y afirmó que “eso tiene que ver con una discusión que ocurrió hace aproximadamente diez años. Esa discusión fue resuelta en aquel momento así que no hay mucho que agregar".

“Tamara Agnic es una profesional muy destacada. Ha tenido un rol muy importante. Trabajó en una firma de auditoría (...). Su currículum habla por sí solo”, agregó.