Como es tradicional cada 10 años, Bolivia planifica para noviembre un nuevo censo de población y vivienda. Este instrumento, imprescindible en cualquier país para tomar cualquier decisión, se ha convertido —qué novedad— en otro grave conflicto político en la polarizada sociedad boliviana.

Se debe recordar que desde 1994, cuando se aprobó la Ley de Participación Popular, parte de la recaudación impositiva se transfiere a los municipios en función a la cantidad de población que tienen, por lo que el censo en Bolivia no es un ejercicio inocuo.

El conflicto se ha centrado en la negativa de las autoridades a introducir la categoría “mestizo” cuando se pregunte por la adscripción o no de una persona a un pueblo indígena. Los dos anteriores censos otorgaron amplia mayoría a los que se declararon integrantes de alguno de los 36 pueblos indígenas reconocidos, todo lo cual le dio mayor legitimidad a las grandes movilizaciones indigenistas que llevaron al poder a Evo Morales; no fue el único motivo, ni mucho menos, pero le permitió construir una narrativa mayoritaria.

Hoy, las clases medias (que se han distanciado del gobierno) y sectores políticos e intelectuales opositores sostienen que, si en ese entonces se hubiera preguntado por la categoría “mestizo”, hoy sería otra la historia.

Sin embargo, especialistas más sensatos justifican que introducir ese concepto significaría racializar el censo, impidiendo medir con exactitud la autoidentificación indígena (que es la forma que el derecho internacional considera si alguien es integrante o no de un pueblo).

Lamentablemente, las autoridades bolivianas no han atinado a justificar su decisión con razones técnicas y de derecho. Por el contrario, se han ocupado de atizar la hoguera de la polarización que hace años divide a la sociedad boliviana, incrementando el desapego de las clases medias urbanas al gobierno y argumentos a quienes sostienen que es antidemocrático que no se pregunte por una categoría a la que ellos mismos adscriben.

A pesar de que la definición sobre el censo ya está tomada por el oficialismo y no se preguntará por los “mestizos”, hay muchos bolivianos escépticos que incluso ahora comienzan a dudar sobre los resultados que arrojará.

El problema es que eso podrían llevar a exigir recursos por parte de municipios que se consideran más numerosos de lo que realmente son. Sobre todo, en la zona oriental de Santa Cruz, el departamento que más ha crecido por la migración interna (siempre importante en Bolivia) pero que, a la vez, es región opositora y, por ello, más susceptible —creen— a ser perjudicada.

Ahora bien, detrás de este conflicto hay raíces que se verbalizan poco y que divide a la sociedad boliviana: el racismo contra los indígenas de quienes se consideran blancos (en este caso, mestizos) y que consideran que la actuación gubernamental es una revancha.

En Chile, varios artículos del borrador de nueva Constitución sufren críticas similares, sobre todo aquellos incisos que hacen referencia al tipo de sociedad que somos y el lugar que le corresponde a los pueblos indígenas en ella. En efecto, varios voceros de quienes se oponen a la nueva Constitución califican esos párrafos como revanchistas, indigenistas, que buscarían dividir en lugar de unir y que considerarían erróneamente que hay varias naciones (plurinacionalidad) cuando habría sólo una (porque lo único plural sería la cultura).

Esta oposición falaz entre conceptos que no son antitéticos también forma parte del debate en otras latitudes. Por ejemplo, en Estados Unidos la sociedad se divide en la discusión sobre lo que se puede o no enseñar en clases y sobre el derecho de los padres a la educación de sus hijos (como si ambas cosas fueran contradictorias). Es el caso de leyes estaduales como “don´t say gay” en Florida y que prohíbe hablar de orientación sexual e identidad de género en las escuelas o las propuestas en otros estados de leyes destinadas a limitar la enseñanza sobre el racismo (prohibiendo que un profesor se refiera a la Teoría Crítica Racial); y que buscan sancionar una “carta de derechos de los padres” por encima de los propios estudiantes. Todo ello tiene el mismo común denominador que las críticas al censo en Bolivia y a la nueva Constitución en Chile: desconocen la capacidad de agencia del otro.

En el caso indígena, además, niegan la distinción entre derechos individuales (esos que tenemos todos y todas) y derechos colectivos, aquellos que sólo pueden ser adscritos a pueblos indígenas preexistentes.

Es que el racismo y la discriminación están más presentes de lo que creemos, camuflados con diversos argumentos que el sentido común hasta podría calificar de “sensatos”.