El pasado 6 de abril, a través de los medios de comunicación, nos enteramos de un hecho que a nadie dejó indiferente. Los titulares indicaban que una niña acudió al hospital con fuertes dolores estomacales tras consumir un anticucho adquirido en un carrito de la calle en el barrio Meiggs en la comuna de Estación Central (Santiago de Chile). Al realizar un escáner, el personal médico identificó la causa del malestar de la paciente: se trataba de un microchip alojado en su estómago, el cual debió ser retirado mediante una cirugía.

Posteriormente, se constató que el microchip correspondía a un dispositivo de implantación subcutánea para mascotas y animales de compañía, cuyo sistema de registro contiene información única y estandarizada de cada animal, pudiéndose constatar que el microchip extraído a la paciente pertenecía a un perro de raza poodle, del mismo modo se logró identificar a la familia que había inscrito a esta mascota, quienes indicaron que se había perdido.

Esta revelación causó un gran revuelo en redes sociales, pues si bien en países asiáticos el consumo de carne de perros es habitual y legal, en Chile es catalogado como un acto inconcebible de crueldad extrema. Ciertamente, existen diferencias culturales y distintas definiciones de que animales son "comida", sin embargo, ninguna escapa del sufrimiento y la sentencia a muerte como parte de una línea de producción imparable para saciar la constante demanda de las carnicerías.

Día a día la industria de la carne vulnera los derechos de los animales domésticos, privándolos de sus necesidades físicas, emocionales y sociales en pos del beneficio humano. Pues la crueldad no sólo radica en cómo mueren, sino en cómo viven, sometidos a un régimen de explotación sistemática y condiciones extremas, en espacios reducidos donde abundan los antibióticos y las hormonas. En el tormento de los mataderos el maltrato y la brutalidad son las premisas, un escenario tenso, temible y violento invisibilizado por el apetito carnívoro.

El dramático caso del perro poodle se suma a una extensa lista de abuso animal que desde hace décadas el movimiento animalista y antiespecista busca concientizar pública y colectivamente. Este caso viene a reforzar la necesidad de posicionar los derechos de los animales -no humanos- y reconocerlos como seres sentientes en la nueva Constitución, lo cual se encuentra en marcha, pues el pasado 25 de marzo el Pleno de la Convención Constitucional aprobó un artículo que establece que “los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato". Además, señala que "el Estado y sus organismos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales".

Tenemos una deuda pendiente con los animales -no humanos-, que va más allá de la incómoda verdad tras comer carne, pues prácticas como la experimentación médica, el testeo de productos cosméticos, la caza deportiva, la exhibición en zoológicos, el entrenamiento en circos, las carreras y peleas lamentablemente aún no son erradicadas.