La provincia de Petorca es referente cuando hablamos de sequía, ya que desde 2008 ha pasado 11 años y medio bajo la declaratoria de escasez hídrica, repartidos en 23 decretos que representan el 10,8% de todos los que ha habido a nivel nacional. En marzo de este año hubo 24 decretos vigentes, los cuales abarcaron al 54,3% de las comunas, concentradas en 6 regiones, afectando el 8,1% de la población. 20 de estos se encuentran vigentes a la fecha de esta columna.

No obstante, esta realidad no sólo es consecuencia del cambio climático, sino también del sobre otorgamiento de derechos de agua de cuencas que aceleradamente tienden al agotamiento. De estos derechos, gratuitos y a perpetuidad –según la legislación vigente–, 5.381 han sido otorgados en la provincia de Petorca, la sexta con más otorgamientos en la historia, de los cuales, a pesar de los decretos de escasez hídrica, el 70,9% tiene fecha de resolución posterior a 2008. Ampliando, de las 56 provincias del país, 32 se han visto afectadas por estos decretos este año, las que, según la Dirección General de Aguas, suman el 66,5% de los 140.558 derechos otorgados, y de los cuales casi dos tercios han sido otorgados desde 2008.

¿Por qué, a pesar de la situación crítica que enfrenta el país en materia de aguas, se siguen otorgando permisos y además existen quienes han gozado de subsidios del Estado en torno al desarrollo de negocios de monocultivo, como es el caso del cultivo industrial de paltas?

Una primera aproximación de respuesta sería señalar que el origen del problema es de carácter político y no científico, como sostenidamente se ha intentado hacer creer.

La crisis hídrica, que partiera en Petorca y que hoy se extiende a todo el país, es lo que nos trajo a la Convención Constitucional, aprovechando la ventana de oportunidad y el masivo respaldo electoral para cambiar esta realidad que tiene a tantas comunidades y territorios precarizados. Entre convencionales de diferentes regiones, pueblos, fuerzas políticas y movimientos sociales, construimos colectivamente un Estatuto del Agua que fue firmado por más de 80 convencionales, más de la mitad del total de los escaños de la Convención, y que busca avanzar consensuadamente hacia una nueva institucionalidad hídrica que ponga la vida como eje y deje atrás el sobre otorgamiento de cuencas agotadas en favor del mercado del agua que perpetuara el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución impuesta en dictadura, y que ningún gobierno posterior tuvo la voluntad de cambiar.

Asimismo, las reglas de la Convención establecen que para la aprobación de cada artículo se debe alcanzar un quórum de ⅔, lo cual promueve alcanzar amplios acuerdos para aprobar las normas que compondrán la nueva Constitución. Esto significa que aquellos derechos que sean sentidos como necesarios deben construirse de tal manera que permita lograr al menos 103 de los 154 votos para su aprobación. Por lo tanto, no corresponden a una imposición arbitraria de unas pocas personas sino, por el contrario, son fruto del diálogo de representantes escogidos democráticamente para escribir la hoja de ruta que permita avanzar hacia el Chile que por tanto tiempo ha sido demandado a nivel territorial.

En el desarrollo de nuestras actividades como constituyentes, hemos visto que el agua es un sentir transversal que debe ser abordado por la Convención Constitucional. No hay sector político que pueda sostener que el modelo actual es sostenible y que a la vez se desentienda de la escasez hídrica latente. Tampoco es responsable señalar que su solución sea hacer reformas mediante discusiones parlamentarias, pues los tiempos del Congreso son distintos y el Código de Aguas, que acaba de ser aprobado, no está a la altura de las dificultades que encontramos en Petorca, Choapa o Melipilla. Para que la solución a la crisis hídrica que vivimos sea real, y con proyección futura, debe estar consagrada en la nueva Constitución.

Nuestra propuesta se centra en la creación de una Agencia Nacional de Aguas, la cual, como organismo autónomo, deberá asegurar el uso sostenible del agua. Además, será la encargada de conducir la restauración de los ecosistemas, administración en base a las cuencas hidrográficas y garantizar la seguridad hídrica, pudiendo custodiar y administrar las aguas continentales, determinar la calidad de los servicios de saneamiento y que cumpla con la normativa ambiental y de salud, ordenando la oferta y demanda de Agua Potable y Saneamiento.

Cuando hablamos de desconcentrar los derechos de agua, nos referimos a que existe una concentración asimétrica de estos. Por ejemplo, existen 34.120 derechos otorgados para riego, de los cuales 17.216 (50,5%) pertenecen a entidades y personas individuales que tienen un solo derecho. Por otra parte, 163 entidades concentran 10 o más derechos de este uso, de las cuales 108 son empresas limitadas y sociedades anónimas agrícolas, mineras, viñateras e inmobiliarias, que como conjunto suman 1.726 derechos. Es decir, 108 empresas concentran la misma cantidad de derechos de agua para riego que 1.726 entidades que tienen un solo derecho.

En este sentido, las alertas que prende el empresariado no corresponden a una realidad transversal sino a la reacción de una minoría que ha disfrutado de una posición de privilegio en detrimento de miles de familias campesinas. A su vez, la norma corresponde a una estrategia institucional para enfrentar la crisis hídrica y a un apoyo para nuestras comunidades rurales, pero también es una respuesta ante las demandas territoriales por políticas responsables en torno a las aguas.

Debemos dejar atrás las presiones y la desinformación que puedan promover los grupos económicos y de poder, tanto en lo que respecta a la norma del agua como en la labor constituyente en general. Cada norma aprobada ha sido construida de forma conversada y consensuada y, además, aprobada por al menos 103 de los 154 constituyentes, quienes representan colectividades e identidades de las diferentes regiones del país, y que como conjunto conformamos dentro de la Convención un fiel reflejo de la sociedad chilena.