Un nuevo salvavidas fue lanzado a la industria salmonera de Chile. El pasado 26 de enero, la Comisión de Intereses Marinos, Pesca y Acuicultura de la cámara de senadores del Congreso Nacional de Chile aprobó en general un proyecto de ley, presentado por el presidente Sebastián Piñera, que introduce la figura de “concesión acuícola sustentable” para permitir que la industria salmonera pueda seguir operando en las áreas naturales protegidas.

Agrupaciones medioambientales y expertos en conservación cuestionaron la iniciativa no solo porque la ciencia ya ha demostrado los impactos que tiene la salmonicultura en los ecosistemas marinos, sino también porque el proyecto fue presentado de forma paralela a otro que nació de la ciudadanía y que busca justamente lo contrario: prohibir que se sigan ingresando nuevas solicitudes de concesiones salmoneras dentro de áreas protegidas y establecer un plazo de salida para las que ya fueron otorgadas.

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Los últimos movimientos del gobierno saliente no solo han generado controversia en el sur del país, sino también en el norte donde los salares albergan, además de una rica y frágil biodiversidad, las principales reservas de litio del mundo.

En enero, el gobierno adjudicó la licitación para impulsar la producción de litio en el país poco antes de que se iniciara una sesión especial en el Congreso en la que se iban a discutir los términos de las concesiones. La decisión del gobierno generó una ola de críticas de parte de la oposición y miembros de la Convención Constitucional​ quienes buscan redactar una nueva constitución que garantice la protección del medio ambiente.

Áreas marinas protegidas en peligro

A inicios del año pasado, una investigación de Mongabay Latam reveló que de las 1407 concesiones otorgadas para criar salmones, 416 (el 29.67 %) se encuentran al interior de espacios marinos que tienen alguna categoría de protección y que, además, 105 concesiones que se encuentran en trámite buscan instalarse al interior de áreas protegidas.

Esto ocurre a pesar de que la ciencia ha demostrado que la crianza de salmones a gran escala tiene serios impactos en los ecosistemas marinos. De hecho, la industria salmonera en Chile ha protagonizado diversos escándalos medioambientales y sanitarios que han perjudicado no solo los recursos marinos sino también la calidad de vida de los ciudadanos.

En la Patagonia chilena, donde se ubica la industria salmonera, se combinan ecosistemas de fiordos -canales de agua de mar- con grandes masas de hielo que permiten la existencia de características “únicas e irrepetibles”, aseguró Alex Muñoz, Director para América Latina del programa Pristine Seas de National Geographic. Por lo mismo, en el mar de la Patagonia chilena existen numerosas especies que no habitan en ningún otro lugar del mundo. Es sitio de reproducción y alimentación de animales como las ballenas azules, que están en peligro, y sus bosques de algas son uno de los mayores sumideros de gases de efecto invernadero ayudando a reducir los impactos del cambio climático en todo el planeta.

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Es por eso que “Chile debe prohibir la salmonicultura en todas las zonas sensibles de la Patagonia”, dijo Muñoz, en relación al proyecto de ley que, tras ser impulsado por científicos, comunidades indígenas y conservacionistas, fue presentado a fines del 2021 al Congreso Nacional para prohibir que se sigan ingresando nuevas solicitudes de concesiones salmoneras dentro de áreas protegidas.

“Es una contradicción que el Estado reconozca la fragilidad de los ecosistemas en la Patagonia Austral, al mismo tiempo que autoriza el funcionamiento de industrias que los degradan”, dijo el presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Jorge Brito, al presentar el proyecto de ley.

Tres meses después, el nuevo proyecto ingresado al Congreso abre la posibilidad a que los centros de cultivo sigan funcionando en áreas protegidas. “Es inaceptable que el Gobierno saliente se preste una vez más, para favorecer al sector salmonero y la acuicultura, elaborando y propiciando un proyecto que va en un sentido totalmente contrario al presentado por las organizaciones”, dijo la representante de la Fundación Elemental Nature, Ximena Schott.

La propuesta del gobierno argumenta que es necesario “compatibilizar la actividad económica con la sustentabilidad y cuidado y protección de la naturaleza y el medio ambiente”, considerando que “la salmonicultura crea en torno a 35 000 puestos de trabajo de manera directa y una intensa red de proveedores de servicios e insumos”.

Para “enfrentar la problemática sobre la interacción de la acuicultura con las áreas protegidas”, señala el documento, el proyecto de ley busca introducir la figura de “concesión acuícola sustentable” para lo cual se exigiría requisitos tales como la innovación tecnológica, la respuesta frente al cambio climático, el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos o el uso apropiado de antibióticos y antiparasitarios.

“Es una figura que suena bastante extraña como si fuese algo aparte de una concesión normal. Todas las concesiones deberían cumplir con estos requisitos mínimos”, sostiene Victoria Belemmi, abogada de la ONG Fiscalía de Medio Ambiente (FIMA), que lleva algunos casos de defensa del territorio de las comunidades indígenas Kawésqar en la zona.

Salmoneras en fiordos patagónicos, Chile. Foto: Vreni Häussermann

Además, Maximiliano Bello, experto en política pública para la conservación de los océanos y miembro de la organización Mission Blue, creada por la reconocida oceanógrafa Sylvia Earle, asegura que la propuesta del Gobierno “no tiene ningún asidero científico” y que “es una respuesta de la presión de la industria del salmón, quienes continúan tratando de erosionar la imagen y el patrimonio natural del país”.

Por ahora, el proyecto continuará siendo analizado en particular durante las próximas sesiones de la comisión en el Senado. De ser aprobado, el reglamento que fije el emplazamiento, el plazo y mecanismo de asignación de las concesiones acuícolas sustentables deberá dictarse dentro del plazo de ocho meses contado desde la publicación de la ley.

Salares en peligro

Otro de los movimientos que ha realizado el gobierno saliente durante sus últimas semanas de gestión y que ha causado revuelo fue la adjudicación de la licitación para la explotación de litio.

El Ministerio de Minería optó por entregarle a las empresas BYD Chile Spa (pertenecientes a la empresa china fabricante de baterías ByD) y a Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. una cuota de 80 000 toneladas de litio metálico comercializable a cada una. Ambas compañías tendrán un plazo de 7 años –prorrogables por otros dos– para hacer la exploración geológica y desarrollar el proyecto minero. Luego tendrán 20 años para la producción.

La licitación había generado polémica desde un inicio por realizarse a meses de que termine el mandato de Sebastián Piñera, a pesar de que la oposición y el presidente electo, Gabriel Boric, que en su programa de gobierno propuso crear una empresa nacional del litio, pidieran detener el proceso para permitir “tener un debate de largo aliento respecto a un bien tan estratégico como el litio».

Pero la ola de críticas se suscitó cuando el gobierno anunció la adjudicación de la licitación dos días antes de que venciera el plazo y poco antes de la cita que se había convocado en el Congreso para discutir justamente los términos de las concesiones y a la que el ministro de minería, Juan Carlos Jobet, debía asistir.

Salar de Surire. Foto: Davide Zanchettin – Creative Commons

La controversia, si bien política, también tiene un componente ambiental importante. Según analiza Cristina Dorador,  científica experta en salares y miembro de la Convención Constitucional​, órgano encargado de redactar la nueva Constitución en Chile, “la discusión se circunscribe a quien explota, si es que es el Estado o son privados, pero se le da poca relevancia al factor ambiental”. Esto, a pesar de que el litio se obtiene a partir de la extracción de salmuera, es decir, del agua con sal que está en los salares y que sostiene la vida vegetal y animal en estos frágiles ecosistemas.

Uno de los puntos más críticos de la polémica licitación en términos ambientales es que “no queda claro exactamente cuáles son los posibles emplazamientos de proyectos”, explica la senadora Isabel Allende, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. Lo que sí está claro, agregó la parlamentaria, es que “los nuevos proyectos de litio no se llevarán a cabo en el Salar de Atacama dado que (ahí) no hay mucho más espacio para poder explotar litio, teniendo en cuenta además la sustentabilidad del propio salar”.

El problema de esto es que a pesar de que los salares son ecosistemas clave para la vida de numerosas especies, algunas de ellas en peligro, como los flamencos, no todos están protegidos. Lo que es peor, ni siquiera los que están bajo alguna categoría de protección están libres de ser afectados por la minería. A esto se suma el impacto de la actividad en la vida de las comunidades locales.

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Una reciente investigación de Mongabay Latam en alianza con Ladera Sur detectó que 40 proyectos mineros se ubican al interior, en los límites o en zonas próximas a 16 parques y reservas nacionales. Ello se debe a que los decretos que crean los parques y reservas en Chile no contemplan una zona de amortiguamiento en torno a ellos, pero también porque a pesar de que la legislación chilena prohíbe las actividades extractivas dentro de las áreas protegidas, si el presidente de la república considera que la explotación es de interés nacional, lo puede autorizar.

“Lo único que protege a los demás salares desde el punto de vista ambiental es la normativa de aguas, que no tiene particularmente un estándar ambiental, y el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, del cual la ciudadanía desconfía enormemente luego del caso Dominga”, señaló Allende.

Prueba de ello es lo que ocurre en el salar de Maricunga, uno de los casos analizados en la investigación periodística. Tres proyectos de litio se sitúan al norte de este salar y próximos al Parque Nacional Nevado Tres Cruces. César Pizarro, Jefe de la Sección de Conservación de la Diversidad Biológica de la Corporación Nacional Forestal de la región de Atacama (CONAF), el organismo que administra el parque, explica que el sector sur del salar forma parte del parque nacional, pero el sector norte, donde se encuentra su núcleo, no. “Por lo tanto, los proyectos mineros del litio se están instalando en todo el sector norte (no protegido) del Salar de Maricunga”, asegura el experto. Pero tanto científicos como las comunidades Colla argumentan que un salar es una estructura biológica, física y químicamente única, donde todo está unido. Por ello resulta imposible pensar que lo que ocurre en el sector norte, núcleo del Salar de Maricunga, no afectará al sector sur.

En opinión de Dorador, lo ocurrido va en dirección contraria al proceso que Chile se encuentra realizando con la redacción de una constitución que se espera sea ecológica. “No se deberían tramitar proyectos de tal relevancia, como es el caso de la licitación de litio, durante un proceso constituyente donde nos estamos preguntando justamente cuáles son los desafíos que tiene Chile y cómo vamos a enfrentar estos temas relacionados con la economía y la naturaleza en las próximas décadas”.

A mediados de enero diputados de oposición solicitaron a la Contraloría General de la República dejar sin efecto la licitación del litio apuntando a “vicios de legalidad en el proceso de adjudicación”.

Además, la Corte de Apelaciones de Copiapó decidió suspender el proceso de licitación luego de que se presentaran dos recursos de protección: uno interpuesto por el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, y otro por la Comunidad Indígena Colla Pai Ote que argumenta no haber sido consultada, según lo exige el convenio 169 de la OIT al cual Chile está suscrito. Aunque el gobierno presentó recursos de reposición para revertir la resolución, la justicia negó la solicitud. De esta forma, por ahora, no se podrá avanzar en el proceso de licitación.

Este reportaje original del medio de noticias ambientales Mongabay Latam fue escrito por Michelle Carrere y es parte de una alianza con Bienes Comunes de El Desconcierto.