El Tribunal de Contratación Pública (TCP) declaró como ilegal que Katherine Martorell, en su rol de subsecretaria de Prevención del Delito, adjudicara la licitación de cámaras corporales para Carabineros a Motorola, por $378 millones.

Lo anterior, en el contexto de una convocatoria a una licitación para adquirir 300 cámaras corporales para Carabineros, oficializada en el portal Mercado Público, a la que postularon ocho empresas, destacándose entre ellas Motorola y Pegasus.

El caso comenzó cuando Pegasus, tras perder el concurso, interpuso una querella contra la subsecretaría y Martorell, posteriormente acogida y remitida a la Fiscalía Centro Norte, argumentando que ofrecía un producto que se acomodaba mejor a lo requerido por la autoridad, y a menor precio.

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Y según recoge T13, la resolución del TCP señala que Motorola no tenía las características ni para ser evaluada técnicamente por la Comisión Revisora de la Subsecretaría, lo que no fue cumplido a cabalidad considerando las bases de la licitación.

De todas formas, el Tribunal reconoció que, pese a que la institución quebrantó la ley, la empresa de telecomunicaciones arregló el problema que no la hacía competente, instalando un software adicional a las cámaras tras entregarlas a Carabineros.

Con esto en consideración, confirmó que Prevención del Delito actuó fuera de las normas de Contratación Pública, sin embargo evitando que las arcas fiscales se vieran afectadas al poner las cámaras en regla. Además, constató la demora en la puesta en marcha de los productos vendidos por Motorola, y que no es claro que se aplicaran multas por esto.

Anomalías en la adjudicación

Ya en octubre del 2021, la Contraloría General de la República confirmó que existían “anomalías” en la millonaria compra pública, estableciendo que “no existe constancia ni evidencia de los antecedentes tenidos a la vista para analizar” la compra finalmente adjudicada por Motorola.

En específico, el informe detalló que las dos empresas que pasaron a la etapa final de selección, Motorola y Pegasus, no cumplieron con los plazos de postulación ni con los requerimientos técnicos requeridos por el proceso realizada en febrero del 2020.

“En tales circunstancias, conforme a los dispuesto en el número 2.5 de las bases administrativas, las dos propuestas deberían declararse inadmisibles y, por ende, no entrar a la fase de evaluación, lo cual no ocurrió en la especie”, expone el documento de la CGR.

La principal característica tecnológica que no se evaluó por la cartera liderara por Martorell fue un sistema requerido por la licitación que permite grabar por dos minutos después que las cámaras son apagadas, denominado “post recording de 120 segundos”, con el fin de tener registros más completos de los operativos de Carabineros.

El ente fiscalizador sostuvo que junto con no existir documentación que acredite que estas cámaras de video cuentan con el sistema requerido, en las presentaciones del producto en páginas web no hay descripciones que indiquen que lo tiene.