En medio de la causa judicial por presuntas actuaciones irregulares del exliquidador de la Universidad del Pacífico, Carlos Parada, durante la última audiencia de revisión de cautelares se conocieron diligencias realizadas por el fiscal del caso, Felipe Sepúlveda, contra la jueza del 25° Juzgado Civil de Santiago que tramita dicha quiebra, Susana Rodríguez Muñoz, y el oficial primero de su tribunal, Juan Carlos Toro.

Se trata de un requerimiento de información a todas las compañías telefónicas, cursado en julio de 2020, para que informaran los números telefónicos asociados a la jueza Rodríguez y a el funcionario Toro. Se pedía, además, información personal de los contratos, como las direcciones de correos electrónicos registradas por ambos, y solicitaba no destruir los archivos de tráfico de llamadas, Whatsapps y mensajes de texto de los últimos 12 meses.

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Durante la audiencia de revisión de cautelares, la defensa de Carlos Parada, quien se encuentra en prisión preventiva, cuestionó el requerimiento a las compañías telefónicas, dado que no se pidió autorización judicial, cuestiona a la jueza por actuaciones propias de su cargo y se asienta en una “teoría conspirativa” en un caso que se trabajó con transparencia y ajustado a la legalidad.

El requerimiento de información que hizo la Fiscalía a las telefónicas surgió de una solicitud del abogado querellante, Samuel Donoso, que en la audiencia de revisión de cautelares, realizada el viernes de la semana pasada, explicó que se trataba de descubrir si existen o no funcionarios públicos comprometidos.

Donoso agregó que se trató de una medida intrusiva que requiere un “alto standard” para ser concedida, sin referirse al hecho de que no fue autorizada por un juzgado de garantía, como es costumbre en estos casos.

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“Con sospechas construidas en base a apreciaciones mañosas de la realidad, aquí se ha intentado instalar la idea de que en los tribunales civiles existiría una 'pandilla' que buscaría involucrarse en algunas quiebras con fines innobles. Y para eso, se insiste en cuestionar a las personas por actuaciones propias de su cargo, ajustadas a derecho”, dijo la abogada defensora de Carlos Parada, Paula Vial, sobre la diligencia que se llevó a cabo contra la jueza.

La bogada agregó que “como defensa, lo único que vemos hasta ahora en este caso es un intento de intimidación por parte del querellante, con la relevancia de que afecta la necesidad de que los tribunales puedan trabajar sin presiones”.

Al menos hasta la época del requerimiento, en el expediente no había más antecedente relacionado a la jueza que haber tramitado el caso. En la práctica, se le cuestionan dos actuaciones judiciales: una, la designación de Carlos Parada como liquidador concursal en la causa; otra, una supuesta mal notificación de la audiencia inicial de la quiebra.

Querellantes también recibieron querellas

El abogado y liquidador concursal Carlos Parada enfrenta una formalización por negociación incompatible y obtención de ventajas indebidas, delitos por los que hace unas semanas se decretó su prisión preventiva.

La investigación nació de una querella presentada por los dueños de la inmobiliaria Standard SPA, que meses antes de la liquidación de la universidad le compró a esa casa de estudios un valioso terreno en Avenida Las Condes.

Como liquidador concursal, y habiendo detectado que la transacción estaba en un “periodo sospechoso” y había sido por un monto menor a la tasación comercial, Carlos Parada ingresó a tribunales una solicitud para anular la compra-venta y lograr que esos dineros fueran a pagar las deudas de la universidad con profesores y alumnos. También presentó una denuncia en fiscalía.

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Posteriormente, los dueños de Standard entraron al proceso de liquidación concursal que dirigía Parada comprando una acreencia ya verificada en el tribunal. Ya como parte de la masa de acreedores, se querellaron contra Parada por una serie de actuaciones que consideraron sospechosas. Durante el transcurso de esta investigación contra Parada, la acción revocatoria de la compra-venta del terreno ha permanecido prácticamente sin movimiento.

Por la transacción de la propiedad también existe una querella presentada por los extrabajadores de la Universidad, que acusan una venta fraudulenta.