Como pocas veces antes en la historia del país, las elecciones presidenciales del próximo 19 de diciembre serán determinantes en el futuro de Chile. Quien salga electo en ellas no sólo conducirá el gobierno durante el próximo periodo presidencial, sino su liderazgo como Jefe de Estado resultará gravitante en el destino del país en las próximas décadas. Ello es consecuencia de la incidencia que el futuro Presidente, con toda certeza, tendrá en el proceso constituyente en desarrollo, proceso a través del cual, por mandato ciudadano, se está elaborando una propuesta de bases institucionales que deberían regir la convivencia entre las personas y los pueblos de Chile hacia el futuro.

Como sabemos, las posturas de los candidatos sobre la materia son abiertamente opuestas. Desde mucho antes de ser candidato presidencial, Gabriel Boric ha sido un activo promotor del impulso de un proceso orientado a la construcción de un pacto social inclusivo expresado en una nueva Constitución que permita profundizar la democracia y los derechos humanos y poner término a las inequidades y exclusiones a las que la Constitución de 1980, a pesar de sus modificaciones, ha dado lugar. Luego, como candidato, ha otorgado un claro respaldo al proceso constituyente, así como a la Convención Constitucional electa democráticamente para conducirlo, señalando que respetará y apoyará su trabajo de elaboración constitucional, así como su autonomía.

En contraste con ello, José Antonio Kast ha sido un claro detractor de dicho proceso. En efecto, Kast estuvo entre el 20% de los ciudadanos que en el plebiscito de 2020 rechazó la opción en favor de la elaboración de una nueva Constitución, manifestando con ello su voluntad de mantener la vigencia de la Constitución de 1980. Y, si bien como candidato ha señalado que respetará a la Convención Constitucional, ha advertido que, si esta no respeta entre otros el derecho a libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, de propiedad privada, la impugnaría, y haría todo lo posible por que fuese rechazada. No puede obviarse tampoco que algunos de sus adherentes han hecho pública su intención de boicotear el trabajo de la Convención Constitucional.

Lo anterior es grave. No puede olvidarse que el proceso constituyente fue consecuencia directa del estallido social, y que el mismo fue gatillado por el malestar social frente múltiples situaciones de inequidad, abusos y marginación de que amplios sectores del país fueron objeto como consecuencia directa de la permanencia prolongada de la Constitución de 1980, la que el candidato Kast ha pretendido mantener.

Tampoco debe olvidarse que la prolongada negativa del sector político que Kast representa al desarrollo de proceso constituyente orientado a la elaboración de una nueva Constitución, proceso que venía siendo demandado por la ciudadanía desde hace al menos una década, terminó por generar una profunda fractura en la sociedad chilena, fractura que se expresa en un clima de creciente polarización y enfrentamiento perceptible a lo largo del país.

Contra toda lógica, el candidato Kast propone mantener la institucionalidad que acrecentó las inequidades en el país y terminó por fracturar la sociedad. Frente a la protesta social que, de frustrarse los esfuerzos por construir una nueva institucionalidad más justa y democrática (a través del proceso constituyente en desarrollo) con toda certeza se intensificará, Kast no tiene más propuesta que la mantención del orden público, es decir: el uso de la fuerza. Ello en particular en zonas de conflicto, como en la Araucanía y regiones aledañas.

En su reciente libro Una breve historia de la igualdad, Thomas Piketty, economista francés, nos dice que “el camino hacia la igualdad es fruto de luchas y rebeliones contra la injusticia, y resultado de un proceso de aprendizaje de medidas institucionales y sistemas legales, sociales, fiscales y educativos que nos permitan hacer de la igualdad una realidad duradera”. El mismo autor constata que, a pesar de los muchos desafíos hoy existentes para hacer de la igualdad jurídica una realidad en la práctica, los avances en esta dirección en todo el mundo son evidentes. Con todo, constata que lamentablemente los avances hacia sociedades más igualitarias muchas veces se ven debilitados por, entre otros factores, “la amnesia histórica y el nacionalismo intelectual”.

Las reflexiones de Piketty resultan iluminadoras en el contexto de las elecciones presidenciales del próximo domingo. El dilema de esta elección, entonces, es cuál es la opción presidencial más adecuada para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y, como consecuencia, superar la fractura y la polarización que hoy se vive en el país; si aquella que favorece la construcción de un pacto social expresado en una nueva Constitución a través de un dialogo inclusivo de todos los sectores y pueblos  del país, de una institucionalidad que pueda ser reconocida como la “casa de todos” y no de unos pocos que han concentrado el poder económico, o la opción que propone la mantención de la institucionalidad que generó dichas inequidades y como efecto de ello, la fractura social, así como el uso de la fuerza para quienes demandan justicia e igualdad, y por lo mismo se oponen a dicha institucionalidad. En lo fundamental, eso es lo que l@s ciudadan@s debemos decidir en estas elecciones presidenciales.