La elección recién pasada confirmó lo que intuíamos. La extrema derecha, representada por José Antonio Kast, creció y eso se tradujo, por un lado, en un estrecho primer lugar en la primera vuelta presidencial y, por otro, en la conquista de representación bicameral. De este evento pueden y deben extraerse lecciones. Una de ellas es que la retórica antifascista o anti-ultraderecha es impotente. Exponer lo que el candidato representa no tiene ningún efecto electoral perjudicial para su campaña. Esto es importante para lo que vendrá: la discusión para la segunda vuelta no puede fundarse sobre adjetivos o juicios morales, sino que deberá ser una disputa estrictamente programática.

En otras palabras, y por más complejo que sea de aceptar, al electorado de Kast no le conmueve su adhesión a la dictadura o sus expresiones de odio. Más aún, el “votante duro” seguramente está de acuerdo con lo anterior. Por eso, lo que verdaderamente importará de aquí en adelante será la discusión política para movilizar votantes. En esto, Kast ha sido particularmente efectivo: el candidato del Partido Republicano ha conseguido instalar la idea de que su candidatura presidencial representa el “orden y la paz”. Sin embargo, esto no es cierto. Si analizamos su programa veremos con claridad dos cuestiones que lo posicionan en las antípodas de su pretensión: su propuesta para gobernar el conflicto y su enfoque económico. Veamos sucintamente ambos asuntos.

En primer lugar, el modo propuesto por Kast para hacer frente a los diversos conflictos sociales tiene su foco central en la fuerza bruta. Algunos ejemplos son el enfoque estrictamente militar para abordar el conflicto en La Araucanía; la construcción de un Comité de Seguridad Permanente para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico (según su programa, un Comité Político sólo sirve para “discutir problemas de los políticos”); la propuesta de ampliar unilateralmente las atribuciones presidenciales en el Estado de Emergencia para encerrar a personas en lugares que no son cárceles; la persecución política bajo la vaga categoría de “radicales de izquierda”; la incorporación de las Fuerzas Armadas en tareas de control del orden público. En resumen, se trata de lo que el historiador George L. Mosse llamó la “brutalización de la política”, es decir, una renuncia a la política en el sentido de negociación o diálogo para hacer de la fuerza bruta el modo exclusivo de gobierno del conflicto. Ahora bien, no pecamos de ingenuidad: es evidente que el Estado debe recurrir al uso racional de la fuerza en ciertas ocasiones. Sin embargo, la historia es elocuente en torno a los efectos de hacer de la violencia el eje principal del arte de gobernar. El incremento de la violencia estatal sólo traerá consigo mayor violencia, sobre todo aplicado en un país con altos niveles de movilización social. Nos encontramos, entonces, con la negación del orden.

En segundo lugar, el planteamiento económico del candidato republicano es un retorno al fracasado recetario económico de la década de los 80: reducción del Estado, desregulación y privatización. Se plantea, por una parte, un desfinanciamiento fiscal a través de una fuerte disminución de la tasa de impuestos corporativos. Por otro lado, se promueve la progresiva desvinculación del Estado de las decisiones estratégicas para el país mediante la lógica de concesiones y privatizaciones: Kast ha hablado de privatizar CODELCO, su programa contempla la privatización de ENAP y recientemente su coordinador económico, Eduardo Guerrero, describió el programa como un “boom de concesiones” para incentivar la inversión extranjera. En síntesis, se ofrece menos Estado en el momento en que Chile más lo necesita: debemos enfrentar una recuperación económica postpandemia y abordar una crisis sociopolítica (eclipsada por la crisis sanitaria) cuya causa es, entre otras, la incapacidad del Estado de resolver necesidades sociales en materia de salud, educación, empleo, previsión y otros asuntos. Como es evidente, estos desafíos hacen que la propuesta de Kast sea inviable. Esto último no es pura especulación: el economista Francisco Meneses ha mostrado recientemente que el programa económico de Kast “haría quebrar al Estado chileno en menos de 4 años” debido a la irresponsabilidad fiscal que supone aumentar el gasto público y disminuir la recaudación.

Si a la fórmula anterior incorporamos la casi total inexperiencia en gestión pública del equipo programático del candidato republicano, entonces podemos asegurar un fracaso rotundo. Ahora bien, es probable que Kast acepte modificaciones programáticas para convocar a los sectores más moderados de la centroderecha, pero el riesgo persiste, pues el problema es de enfoque. Lo sabemos de sobra. Este recetario fracasó en Chile de la mano del gobierno autoritario. Como explica el profesor Ricardo Ffrench-Davis, los resultados económicos de la dictadura “no sólo fueron muy regresivos, sino además mediocres en lo económico. […] El balance neto de las reformas neoliberales, al final no es pro-desarrollo sino más bien pro-especulación y pro-desigualdad”. Un retroceso económico es siempre un retroceso social y aquello, de nuevo, es precisamente lo contrario al orden y la paz.

Así las cosas, un futuro gobierno de José Antonio Kast sería garantía de ingobernabilidad. La renuncia a la política a través de su brutalización y la reducción del Estado a través de su desfinanciamiento y limitación de su rol son un camino seguro hacia mayor violencia y menor capacidad fiscal para garantizar aquello que Chile ha exigido masivamente durante los últimos años. Nos parece de vital relevancia advertir sobre estos riesgos y debemos hacerlo con total claridad y seriedad, es decir, sin adjetivos ni caricaturas: Kast dice enarbolar la bandera de la paz y el orden, pero encarna su más absoluta negación.