Cansado, de entre las 50 personas que llevaban trabajando en un árido proceso de licitación que llegaba a su fin, el ingeniero informático Bruno Opazo fue el único del equipo de funcionarios del Registro Civil que pidió un día administrativo para descansar. Era julio de 2010 y el contrato por US$300 millones había sido adjudicado a la tecnológica española Indra, luego de dos años desde que se abriera el concurso.

Opazo había participado en el equipo que diseñó la licitación y sabía todos los detalles. Su relación con el entonces director del servicio, Cristian Behm, no era buena desde que Opazo le había expresado su molestia por no haber sido nombrado Subdirector de Desarrollo. Por eso, las miradas apuntaron a él cuando, días después, un detalle crucial, pero escondido a los ojos de cualquiera, terminó por derribar la licitación. Entre sus compañeros de equipo se instaló la sospecha de que Opazo, en su día libre, pudo haber entregado la información clave que necesitaba Idemia (exMorpho), cuya oferta era tercera en el ranking de precios, para echar abajo la licitación. Concretamente, la firma francesa impugnó la licitación pidiendo que se publicaran las boletas de garantía, un detalle que solo podía conocer un cercano al proceso, como Opazo, y se comprobó que la boleta de Indra, era irregular. Había sido emitida después de la fecha indicada. Este hecho se confirmó a los pocos meses. De esta manera, Indra quedó fuera del proceso. Este escándalo hizo que salieran del Registro Civil Christian Behm y el director de desarrollo.  Por el contrario, Bruno Opazo permaneció en su puesto.

“Siempre sospechamos de Bruno Opazo, pero nunca tuvimos pruebas, lo cierto es que Morpho, en ese entonces, tuvo los elementos suficientes para botar la licitación en tribunales. Se adoptó un mecanismo para que nadie pudiera influir internamente en el resultado. Hubo 50 personas evaluando, veedores del Ministerio de Justicia, expertos de la Universidad Católica, de manera que nadie pudiera torcer el joystick para que ganara uno u otro. Si alguien como Bruno hubiera querido influir, lo único que le quedaba era entregar toda la información de la que disponía, secreta y no secreta, de manera que IDEMIA pudiera hacer las preguntas correctas”, afirma un testigo de la licitación que ganó la empresa que hoy administra el contrato.

Hasta 2013, Bruno Opazo fue la contraparte de Idemia, administradora del contrato, en representación del Registro Civil. Luego debió salir por los constantes roces y problemas con la Asociación de Funcionarios del servicio. A partir de 2015 Opazo aparece haciendo gestiones para Idemia, según la plataforma de lobby, para Fonasa con la directora de entonces, Jeanette Vega.

Aunque la maniobra de Idemia fue exitosa, para el Fisco no fue el mejor negocio. Estaba presupuestado que el contrato costara US$400 millones en 10 años y terminó costando cerca de US$700 millones.

Una historia que se repite

Vale la pena retroceder en el tiempo porque el proceso actual tiene similitudes importantes. La primera, es que este martes el Registro Civil anunció que dejó sin efecto la licitación que el 15 de octubre había adjudicado al consorcio formado por la tecnológica china Aisino y la alemana Muhlbauer. Otro aspecto parecido al proceso anterior, es que días después de la adjudicación, apareció en escena Bruno Opazo, para presentar como persona natural una querella contra el director del Registro Civil, Sergio Mierzejewski, y el jefe de tecnología, Ricardo Salgado. La acción judicial es por “negociación incompatible”, “tráfico de influencias”, “violación de secreto” y “uso de información privilegiada”. En la querella se menciona como dato de contexto que lo ocurrido con IDRA en la licitación anterior.

A través de un comunicado, el Registro Civil anunció que “el director Nacional ha resuelto dejar sin efecto la Resolución Exenta 353 del 15 de octubre de 2021 que adjudicó la licitación pública para la contratación del nuevo modelo de sistema de identificación, documentos de identidad y viaje y servicios relacionados para el Servicio de Registro Civil, a la UTP [Unión Temporal de Proveedores] Aisino”.

La razón está expresada en dos de los nueve puntos del comunicado. Según la repartición que depende del Ministerio de Justicia, “esta decisión ha sido adoptada después de solicitar una serie de antecedentes a la UTP Aisino, mediante carta oficio del 8 de noviembre pasado y en cumplimento de lo señalado en el punto 20 de las Bases Administrativas de la Licitación, a efectos de verificar antecedentes necesarios para culminar con la firma del respectivo contrato”. Y detalla que “se solicitó que en cumplimiento de las Bases de Licitación, informara de una serie de inconsistencias en su oferta”

Pero lo más grave parece estar contenido en el punto 4: “Con fecha 12 de noviembre, el representante de la UTP Aisino contestó que la información pedida era improcedente, y por lo tanto no dio respuesta a los requerimientos exigidos”.

El consorcio, por su parte, asegura que esta última razón es absolutamente falsa. “No es efectivo lo señalado por el SRCI en su comunicado público en el sentido de que Aisino no respondió a los requerimientos de la autoridad. Aisino contestó todos los requerimientos de la autoridad en tiempo y forma, tal cual fue requerido por el Registro Civil”, expresó la firma en un comunicado, agregando que “resulta inverosímil que la misma misiva, se refiera a que se presentaran “inconsistencias en la oferta”, lo cual habría hecho imposible para Aisino- Mühlbauer ser la propuesta mejor evaluada y finalmente la que se adjudicara la licitación, no obstante haber sido objeto de continuas acciones judiciales interpuestas por otras empresas competidoras que no prosperaron”.

En efecto, algunas cosas importantes pasaron antes del 12 de noviembre, fecha que el Registro Civil reconoce como el día en que decidió anular la adjudicación. A fines de octubre vino una delegación del Departamento de Estado de Estados Unidos para evaluar la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se encendió la alarma ante la posibilidad de que Chile salga del convenio por haber adjudicado la licitación, que implica el manejo de datos sensibles, al consorcio encabezado por los asiáticos, principal rival comercial de Estados Unidos. En ese contexto el canciller Andrés Allamand, encargó una asesoría al abogado Andrés Jana (ex socio de Rodrigo Hinzpeter) para analizar el contrato desde el punto de vista de los acuerdos internacionales de Chile y el Registro Civil. Jana, en tanto, pidió ayuda al abogado Luis Cordero Vega, experto en Derecho Administrativo. Ambos debían entregar sus conclusiones la semana pasada. Pero todo se habría adelantado después de un informe reservado de la Cancillería al Registro Civil, que habría recibido el 12 de noviembre, en el que se advertía la inconveniencia de adjudicar el contrato a Aisino.

Esta conclusión coincide con las gestiones que desde hace meses llevan haciendo dos de los proveedores que perdieron la licitación: Idemia, que administra actualmente el contrato; y la chilena Sonda, con buenas redes en La Moneda.

Sonda es una empresa tecnológica fundada por Andrés Navarro y su hermano Mario hace más de 30 años. En 2020 Navarro volvió al directorio de la firma, es amigo y ha sido socio del Presidente Sebastián Piñera durante décadas, además de copropietario de un helicóptero Robinson R-44 junto al Presidente. Han sido socios, por ejemplo, en la Clínica Las Condes, la Constructora Aconcagua y ambos formaron parte del directorio de Chilevisión cuando Piñera era el dueño.

En 2019, en el Registro Civil de calle Moneda, se vio la presencia de Juan Bennett visitando la oficina del entonces director del servicio, Jorge Álvarez. Bennett fue accionista de Sonda y  director del Registro Civil en la dictadura, y uno de los fundadores de la empresa Tisa, creada junto a Navarro y Felipe Lamarca, la que luego se fusionó con Dicom, hasta su venta a la estadounidense Equifax en 1997.

Aunque Bennett fue accionista de Sonda y durante el primer gobierno de Piñera director del Instituto de Previsión Social (IPS), distintas fuentes al interior del Registro Civil consideran que fue un asesor informal del director nacional del Registro Civil, Sergio Mierzejewski, durante parte del proceso de licitación. Esto, porque según dieron a conocer estas fuentes en El Mostrador, durante el proceso de la actual licitación, aparece copiado en distintos correos electrónicos donde se discutía la evaluación.

Bennett fue quien recomendó a la consultora El Trebol para que examinara el trabajo de Idemia. Luego de esta auditoría, la empresa fue notificada en septiembre del año pasado de una multa por $164 millones, situación de la que se está defendiendo judicialmente.

Pero en la actual licitación -que evaluó en un 32% la propuesta técnica y 68% la económica- todos los competidores quedaron sorprendidos cuando en abril de este año se abrieron las ofertas y la más económica fue la del consorcio formado por la tecnológica china Aisino y la alemana Mulhbauer. Esta dupla presentó la oferta más barata por un total de US$207 millones; luego vino la de Idemia, por US$226 millones; y en tercer lugar la de Sonda, por US$261 millones.  En términos prácticos, con el contrato adjudicado a Aisino, los pasaportes habrían costado alrededor de $27.000 y las cédulas de identidad $2.117.

Sin embargo, rápidamente explotaron los cuestionamientos hacia el consorcio que lideran los asiáticos, incluidas dos citaciones a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados, una con el director del Registro Civil y otra solo con los funcionarios a fines de septiembre, donde el diputado Jaime Naranjo hizo que éstos hablaran sobre la conveniencia de suspender la licitación hasta el próximo año. Incluso, el Embajador de Estados Unidos, Richard Glenn, manifestó lo que se consideró una intromisión ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara: "el programa Visa Waiver está siempre siendo revisado y una parte de esa revisión es ver cómo se emiten los pasaportes”.

Paralelamente, Idemia y la UTP que forman Sonda y la francesa Thales, pidieron también la suspensión del proceso, amparándose en supuestas deficiencias técnicas que tendría el consorcio Aisino Mulhbauer. Estas peticiones se hicieron en el Tribunal de Contrataciones Públicas. Cada una de las empresas lo hizo con una demanda respectiva en contra del Registro Civil en agosto de este año. Idemia se asesoró con los abogados Jorge Burgos, ex ministro del Interior y uno de los barones de la DC; y Francisco Zuñiga, abogado constitucionalista ligado a Bachelet y al PS. Con todo, la poderosa ofensiva legal no funcionó y a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), las demandas fueron desestimadas por el tribunal.

Ya que falló la ruta convencional, al parecer fue mucho más efectivo el camino sinuoso del lobby. Idemia, asesorado por la consultora Tironi y Asociados, del mítico ex director de la Secom en los años 90, Eugenio Tironi, se paseó por los medios dando su versión con sus ejecutivos hablando en off, especialmente remarcando las fallas de seguridad que tendría la propuesta de Aisino.

Sonda-Thales también arremetió y aunque no pudo ganar en tribunales, tomó ventaja gracias a una decisión que vino desde el Ejecutivo. El 4 de octubre, a dos días de que concluyera el proceso de Licitación, el Registro Civil anunció que se tomaría diez días para revisar “exhaustivamente” la oferta de Aisino. Curiosamente, la revisión anunciada por el servicio estatal, se ajustó a los mismos 255 aspectos que Sonda-Thales le cuestiona a Aisino en su demanda ante el Tribunal de Contrataciones Públicas. Fuentes que conocen el proceso de licitación aseguran que la orden que fue plasmada mediante un acto administrativo del que la Contraloría tomó razón, vino directamente desde La Moneda y sería el propio Piñera quien tomaría la decisión final.

Como sea, el 19 de noviembre, pese a que tenía plazo hasta el 15 de diciembre, el Registro Civil adjudicó la licitación, nuevamente, a Idemia por 10 años más y un monto de US$226 millones.