Las personas migrantes ante todo son seres humanos y por esa mera condición constituyen sujetos de derechos. Esta premisa tan esencial muchas veces es olvidada, en especial ad portas de un proceso electoral, donde su legitimidad se pone en discusión, con mensajes que cuestionan su presencia. Resulta fundamental contrarrestar retóricas falaces que se difunden entre la población y construyen un imaginario parcial y restrictivo de quien se desplaza.

En Chile varias situaciones han avivado los ánimos, como el masivo ingreso de migrantes por Colchane, las expulsiones de extranjeros efectuadas por el gobierno, la marcha en Iquique contra la inmigración y la quema de pertenencias. Mientras ciertas autoridades y sectores de la sociedad local abogan por un mayor control, otros remarcan la necesidad de abordar los desplazamientos desde un enfoque de derecho.

En la contienda electoral la movilidad humana se ha establecido como uno de los focos primordiales de debate. Los candidatos presidenciales que, según las encuestas, lideran las preferencias de votación se han trenzado en sendas disputas: Kast ha acusado a Boric de fomentar los flujos irregulares con su propuesta de entregar viviendas, mientras plantea, entre otras medidas, cavar una zanja en la frontera norte para frenar las entradas por pasos no habilitados.

Emulando a Trump y a la construcción de su famoso muro, José Antonio Kast sostiene que la respuesta estatal necesariamente debe apostar por la securitización fronteriza, como si fortaleciendo los lindes se resolvieran los desplazamientos. La ideología de Kast es clara: su programa señala literalmente que “el aumento desorbitado de migrantes hace colapsar los territorios, servicios básicos y condiciones mínimas de vida”, por lo que entre las medidas propone un “recinto transitorio de inmigrantes ilegales” “con el sólo objeto de preparar su expulsión del país” (página 203 de las bases programáticas de “Atrévete Chile”).

En una línea similar, Johannes Kaiser, en su campaña a diputado por el Partido Republicano, manifestó vía twitter, que “El que no aporta se deporta. Punto. No más buenismo a costa de la gente humilde de Chile”. Este mensaje ha sido difundido junto a cartel, copiado de la ultraderecha suiza, que usando de fondo la bandera chilena,ilustra un rebaño de ovejas mayoritariamente blancas que representarían a la sociedad chilena, en que una de las ovejas patea a otra, la que realmente sería un lobo disfrazado de oveja. Así, quien se desplaza es graficado como una amenaza, un riesgo para la comunidad nacional, al que se debe responder expulsando del territorio.

El Partido Popular Suizo creó esta propaganda para un referéndum sobre una “Iniciativa contra la inmigración”, en que se consultó a la población por el endurecimiento de las normas para la deportación. Bajo el lema “Conseguir la seguridad por fin” (Endlich sicherheit schaffen) se propendía a la “deportación de extranjeros criminales” (ausschaffung krimineller  auslander), facilitando su expulsión inmediata. La consigna se resumía en la imagen de una oveja blanca (suizo/a) que echa a patadas a una oveja negra (migrante = criminal).

También esta ilustración fue plagiada casi de manera idéntica, salvo por la bandera, por la ultraderecha española, la que apoyada en el eslogan “¡Compórtate o lárgate! Contra los altos índices de delincuencia extranjera”, pretendía obtener réditos electorales. Propaganda de esta índole no es exclusiva de un único país, sino que tal como se observa, es un mensaje xenófobo que se reproduce en diversas ocasiones en periodos de votaciones. Particularmente en Chile, en septiembre del 2017, en la campaña de reelección parlamentaria, Fulvio Rossi instaló en la Región de Tarapacá carteles con la premisa “No más migraciones ilegales. Ley de expulsión inmediata a los delincuentes”.

Con este mensaje reducía los flujos de personas a una cuestión de legalidad/ilegalidad, asimilando a aquellos que se encuentran irregulares a criminales, sobre quienes no cabría otra medida que la expulsión. Una estrategia que explota la hostilidad hacia quienes se desplazan, haciendo uso del prejuicio. Ello, aunque los estudios afirman que no hay vinculación entre migración y delincuencia (Servicio Jesuita Migrantes, Criminalidad, seguridad y migración. Un análisis en el Chile actual, 2020; Ajzenman, Domínguez y Undurraga, Immigration, crime & crime  (mis) perception, 2020).

No obstante la evidencia existente, constituye una eficiente retórica empleada por diversas autoridades en distintos países (Salvini en Italia, Orbán en Hungría, Le Pen en Francia, etc.). A pesar de los disímiles escenarios estos políticos han hecho uso de una propaganda que apelando a un nacionalismo insta a la exclusión de quien migra, el que se asocia a criminalidad. Por ejemplo, al comparar Suiza, España y Chile se observan más diferencias que similitudes, no sólo a nivel demográfico, económico, político y sociocultural, sino que también en el ámbito migratorio. Sólo como botón de muestra: si se considera el promedio de la inmigración de la OECD que se sitúa en 13%, mientras esos países europeos superan el promedio (Suiza 29% y España 14% al año 2019), el porcentaje en Chile es inferior (según la última estimación, los extranjeros residentes representan cerca del 8% al 2020). Sin embargo, aunque constituyen realidades disímiles, comparten discursos de naturaleza excluyente, en donde la persona migrante se configura como “chivo expiatorio”.

La naturalización de estas narrativas es nociva, a lo menos, por tres razones: en primer lugar, pues propenden la instalación de construcciones restrictivas acerca de la movilidad, al conceptualizar a la migración únicamente desde el utilitarismo; es decir, frente al extranjero sólo cabría hacer un cálculo de costos y beneficios: si las cargas resultan más que los aportes, su presencia no se justifica. Entonces, desde esta visión instrumental, quien se moviliza se legitima sólo si constituye un aporte a Chile, de lo contrario la respuesta estatal debe ser su expulsión. Esto a pesar de que, como advierte la literatura especializada, “la expulsión demuestra la “prevalencia de una respuesta simple, limitada y usualmente ineficaz ante un fenómeno complejo y multidimensional como la inmigración” (Ceriani, Luces y sombras de la legislación migratoria latinoamericana).

En segundo lugar, la propagación de estas retóricas es perniciosa, en tanto se sustentan en la falaz premisa de que el bienestar de ciertos sectores de la población local se contrapone a la presencia extranjera, fomentando tensiones y resquemores en la sociedad, que tienen múltiples consecuencias, como las manifestaciones contra la migración.

Por último, son discursos dañinos porque responsabilizan del bajo nivel de los servicios públicos y de la calidad de vida en Chile a quienes se desplazan al país, una vinculación errónea que no se condice con la realidad, pero que se propaga con efectividad, instalando en el imaginario social la inmigración como una problemática. Condicionar el derecho a desplazarse a la lógica de costo-beneficio significa no comprender la democracia, implica asumir la ciudadanía como un estatus excluyente; a fin de cuentas, se traduce en no tomarse en serio el Estado de Derecho, reduciendo la presencia migrante a la unidimensionalidad.

Las y los candidatos a cargos públicos debiesen efectuar declaraciones que no reproduzcan temores que fomentan la segregación. En tiempos electorales no debiesen azuzarse los prejuicios, sino que debiese abordar este complejo fenómeno sociocultural con seriedad, promoviendo el respeto de los derechos de todas las personas que habitan Chile. En efecto, se trata de entender que el otro –quien migra– no es una otredad, no es instrumento, sino más bien, y como sostuvo la filósofa Hannah Arendt, tiene “derecho a tener derechos”. Esa constituye la garantía más esencial, que siempre se debe resguardar en una democracia que se precie de tal.

Es hora de comprender la migración como una cuestión política, es decir, asumir que quienes se desplazan deben ser reconocidos como personas en todo su sentido. Esto  implica, en palabras de Arendt, no reducirlos a animals laborans o homo fabers, sino  más bien comprender su condición humana como vita activa: labor, trabajo y acción en  tanto sujetos de derechos.