La reactivación económica luego de la pandemia del Covid-19 coincide con un momento clave para enfrentar la crisis climática global. La evidencia científica más reciente ha arribado a conclusiones inequívocas en relación no sólo al calentamiento de la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre, sino a la actividad humana como principal causa de este fenómeno. En su más reciente informe el IPCC ha sido enfático en señalar que debemos aplicar de manera inmediata medidas sustantivas y a gran escala para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, como única forma de poder estabilizar el clima. Existe, también, amplio consenso entre los organismos internacionales y especializados sobre que la recuperación económica no puede volver sobre las mismas políticas y lineamientos que nos llevaron a este momento de crisis climática: la recuperación debe ser verde.

En este sentido, tanto la ONU, OCDE, BID, CEPAL y otros organismos internacionales han trabajado en distintos lineamientos para la formulación de políticas públicas de reactivación que incorporen la variable climática, medidas que permitan la adaptación y mitigación del cambio climático. También han desarrollado distintos proyectos para medir el gasto público que en este tipo de políticas están realizando los distintos países alrededor del mundo. Citamos al efecto el Global Recovery Observatory y el Tracker de Recuperación en América Latina y el Caribe.

¿Cómo lo ha hecho Chile en su proceso de reactivación económica? El documento “Reactivación Económica y Gasto Fiscal con Justicia Climática en Chile”, de la Fundación Rumbo Colectivo en colaboración con la Fundación Henrich-Böll, muestra que durante 2021 el gobierno de Chile ha adoptado medidas de reactivación económica financiadas mediante el Fondo COVID, elaborado para los mismos propósitos. Dentro de estos recursos, se destina sólo un 1,8% a iniciativas o programas que tienen impacto en adaptación o mitigación del cambio climático. Aún más preocupante es que, hasta agosto pasado, se han ejecutado tan sólo un 19,2% de los escasos recursos asignados. Esto representa sólo un 0,2% de la totalidad de los recursos ejecutados por el Fondo, cifra inferior al 2,2% del gasto de reactivación a largo plazo ambientalmente sostenible a nivel regional a mayo de 2021. Es preocupante su baja proporción y nivel de priorización (ejecución) al considerar el nivel de ingreso de Chile y contrastar con el gasto público mundial en reactivación ambientalmente sostenible de alrededor de 19%, según la Organización de Naciones Unidas en los informes citados.

Hacia dónde debería orientarse. Esta semana comenzó la votación de la Ley de Presupuestos en el Congreso y es imperativo que en la discusión presupuestaria para el año 2022 se enmiende el rumbo orientando el gasto público con un fuerte énfasis en una recuperación verde. En primer lugar, es necesaria una mayor priorización en la cantidad de recursos públicos destinados a la materia, asegurando su oportuna ejecución a nivel territorial.

Adicionalmente, y para asegurar una supervisión ciudadana moderna del uso de los recursos públicos, se debe reenfocar la actual estructura en gastos de carácter transversal presupuestaria dotando mayor transparencia a reportes e informes públicos. Parte relevante de esto se puede lograr mediante la implementación de las recomendaciones para las distintas etapas del ciclo y estructura presupuestaria realizadas por la Comisión de Gasto Público, el fortalecimiento del rol y funciones de la Oficina de Presupuestos en el Congreso y de la sociedad civil en materias de control y supervisión.