El rol que juegan las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico del país es innegable: basta decir que sobre ellas recae cerca del 44% del empleo. Por eso, es imprescindible reafirmar nuestro compromiso de trabajar por y para ellas, legislando para entregarles protección legal, financiamiento y capacitación. Para eso, es clave enfrentar el problema que conlleva la concentración económica y transitar hacia una distribución del ingreso más equitativa que implica tomar una postura activa en el apoyo a este tipo de empresas.

En la Región de Antofagasta, las MiPymes tienen la oportunidad de funcionar al alero de grandes proyectos mineros o de inversión y durante nuestro periodo legislativo venimos trabajando con diversas agrupaciones de Pymes y MiPymes que prestan servicios a la minería, a las empresas constructoras, que se dedican al turismo, o a otros emprendimientos.

En muchos casos, esta relación que debería ser virtuosa y traer empleo y oportunidades a nuestra región, se vuelve una verdadera pesadilla. Contratos con cláusulas que deberían ser catalogadas como abusivas; presiones para renunciar a las acciones judiciales correspondientes; empresas contratistas y subcontratistas que desaparecen o entran en procesos de liquidación concursal (quiebra) y jamás cumplen sus obligaciones con sus proveedores, estos son sólo algunos de los obstáculos que viven las Pymes y MiPymes en la Región de Antofagasta. Esto es inaceptable.

En este sentido, creemos necesario iniciar con premura una discusión con la diversidad de actores involucrados en estos procesos y levantar iniciativas que vayan en la dirección de mejorar su relación en la cadena productiva. Por nombrar algunas, debiéramos avanzar en proteger a las MiPymes estableciendo la responsabilidad solidaria de la empresa mandante respecto de lo adeudado por la empresa intermediaria para asegurar que puedan cobrar sus acreencias impagas cuando las empresas contratistas o subcontratistas desaparezcan o no puedan hacer frente a sus obligaciones. Por otra parte, debemos avanzar en medidas para priorizar a los prestadores de bienes y servicios constituidos en MiPymes regionales y locales en toda la cadena de contrataciones de proyectos de inversión pública.

Sabemos que toda esta realidad se volvió más cruda con la pandemia. Sin ir más lejos, el promedio de los montos de ventas anuales disminuyeron en 37,5%, 10,4% y 4,3% en micro, pequeñas y medianas empresas respectivamente, por lo que hoy más que nunca es urgente y necesaria pensar una reactivación económica post pandemia, que sea verde y que vaya de la mano de las MiPymes, facilitando su acceso a créditos, fortaleciendo su funcionamiento y crecimiento y equiparando la cancha en cuanto a su relación con las grandes empresas, para que el tamaño no determine el acceso a determinados mercados.

En esta dirección, junto con Gabriel Boric, proponemos impulsar la provisión de apoyos estatales mediante subsidios que les permitan liquidez, medidas tributarias, flexibilización en convenios de pagos y de renegociación para cumplir de manera ordenada y proporcional a sus capacidades de pago, sin asfixiarlos; considerando programas intensos de capacitación, reconversión, y focalización de las compras públicas considerando a las MiPymes. Y para esto es clave poder impulsar la desburocratización de los distintos apoyos estatales y la asistencia durante todo el ciclo de vida de los emprendimientos.

Sabemos que estas medidas no resuelven todos los problemas ocasionados por la pandemia, ni tampoco la desigualdad de poder que existe entre los grandes empresarios y el resto, pero van en la dirección de fortalecer una de las fuentes de trabajo menos monopólicas y más masiva de nuestro país.