Sin duda alguna, el interés estratégico y económico que ha tenido y que tiene el litio internacionalmente se ve reflejado en nuestro país por el Código de Minería, donde en el artículo séptimo se indica que no es susceptible de concesión. Sin embargo, el artículo siguiente lo permite siempre y cuando sea realizado por el “Estado” o “por sus empresas”, o “por medio de concesiones administrativas” o de “contratos especiales de operación”. En esta última condición (“contratos especiales de operación”) se aloja lo dispuesto el 27 de julio de 2021 y publicado en el Diario Oficial el pasado 13 de octubre por el Presidente de la República. Confiamos que durante este periodo de más de 2 meses que pasó haya sido mantenido en estricta reserva. De lo contrario, se encontrarían en desventaja los que sólo la conocieron el 13 de octubre, considerando que el plazo de recepción de ofertas es de sólo 45 días hábiles.

Regresemos al Código de Minería, donde el artículo octavo indica que el litio puede ser explorado y explotado, entre otros, por el “Estado” o “Empresas del Estado”. Las universidades públicas son parte del Estado de Chile y, por ende, deberían tener dicho derecho. Sin embargo, a pesar de tener toda la estructura necesaria para desarrollar la investigación, innovación y desarrollo, y transferencia tecnológica necesaria para una exitosa exploración y explotación del litio, las universidades no tienen facultades para desarrollar este tipo de actividades. No obstante, dentro de las estructuras orgánicas de las universidades públicas existe la normativa que permite la creación de empresas que estarían al alero de estas. Por ende, las universidades estatales que cuentan con todos estos elementos son capaces de iniciar el desarrollo de una cadena completa de exploración y explotación de litio que terminaría en la fabricación de artefactos de mayor valor agregado como, por ejemplo, las baterías externas. Los recursos obtenidos se invertirían en financiar investigación, innovación y desarrollo y transferencia tecnológica no sólo relacionadas con el litio, sino también en otras áreas afines.

En resumen, la participación de las universidades estatales a través de sus empresas en la exploración, explotación y procesamiento de litio sería muy beneficioso para el país, dando un verdadero impulso no sólo a la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano avanzado, sino, también, creando nuevos modelos de negocios que permitirían obtener mayor valor agregado a la materia prima y, sin duda, una mayor generación de empleos.