El pasado miércoles 22 de septiembre se celebró una nueva sesión en el Senado de las comisiones que revisan la Ley de Riego. La iniciativa presentada por el Presidente de la República pretende prorrogar por 12 años el sistema de subsidios para la tecnificación y la construcción de obras de riego. A la cita se conectaron parlamentarios como Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS), Rafael Prohens (RN) y el senador Juan Castro (RN), quien preside la instancia.

La legislación en discusión nació en plena dictadura y entrega recursos estatales para que agricultores o sociedades agrícolas implementen tecnificación del riego o hagan obras civiles para el manejo del agua, como el entubamiento de canales o la construcción de embalses. Si bien inicialmente la normativa tenía una vigencia limitada, la ley ha sido prorrogada en dos oportunidades, primero durante el gobierno de Eduardo Frei en 1994 y después en el primer gobierno de Michelle Bachelet, en 2009. En diciembre de esta año finaliza su último periodo, de ahí que el Ejecutivo haya decretado una suma urgencia.

Para realizar el análisis, los senadores decidieron que era necesario juntar a tres comisiones temáticas para que trabajen en conjunto: las comisiones de Agricultura, de Medio Ambiente y de Recursos Hídricos.

Ese miércoles 22, algunos miembros de la Biblioteca del Congreso Nacional hicieron una exposición sobre los alcances de la ley. Dentro de los datos que entregaron, se encontró una tabla con los agricultores y sociedades a quienes se les han transferido importantes montos en virtud de este sistema de subvenciones.

Finalizada la intervención, el senador Jorge Pizarro, a modo de broma y con una sonrisa, hizo un alcance: “Me llamó la atención que en la Tercera Región de Atacama, en el informe que hicieron los colegas de la Biblioteca, no pusieron al senador Prohens ahí dentro del cuadro de los grandes desarrollos agrícolas”, dijo riendo.

El senador Rafael Prohens, quien es parte de la Comisión de Medio Ambiente, acusó el golpe con humor y respondió que “nunca he sido beneficiado por el sistema, senador, lo puede averiguar cuando guste”, entre las risas de ambos parlamentarios. Después pasaron a otros temas.

Lo que Prohens no dijo en ese momento es que, si bien él no había recibido subvenciones en virtud de esa ley, su círculo familiar próximo lo había hecho en numerosas ocasiones. De acuerdos a datos obtenidos desde la Comisión Nacional de Riego (CNR) por la Fundación Terram, hermanos del senador han recibido a través de sociedades o como personas naturales un monto superior a los $300 millones utilizando la Ley de Riego, en los últimos años.

Estos hechos abren un flanco acerca de un posible conflicto de interés en la tramitación de una ley que ya despierta críticas entre los demás parlamentarios y que ha permitido que grandes terratenientes o empresas con presencia internacional, hayan recibido miles de millones en recursos estatales.

Los subsidios

La Ley de Riego permite que agricultores, como persona natural o a través de sociedades, accedan a fondos para implementar obras de riego, como la tecnificación con goteo o mediante aspersores; obras civiles, las que permiten transportar el agua, como la instalación de compuertas, tubos para canales o embalses.

Por otro lado, la familia Prohens son conocidos agricultores ubicados en la Región de Atacama, principalmente en la Provincia de Copiapó.

El mismo senador ya hizo noticia por asuntos relativos al agua en diciembre de 2019, cuando la minera Atacama Kozan se querelló en contra de Prohens por el delito de estafa y exigió un pago de US$2,7 millones. En esa oportunidad, la minera acusó incumplimientos tras haber realizado un contrato de suministro y venta de agua con la sociedad Agrícola Doña Berta Limitada, representada por el parlamentario.

Por su parte, el senador negó en su momento haber tenido un vínculo contractual con Atacama Kozan “como persona natural, que es la querella”, justificó. La causa al respecto sigue en tramitación de acuerdo a la plataforma del Poder Judicial, aunque casi no tuvo movimiento desde que se presentó la acción penal.

Actualmente, Prohens mantiene en su declaración de patrimonio e intereses una participación en la sociedad Agrícola Doña Berta, situación que declaró en 2018 cuando asumió el cargo y ratificó en las sucesivas actualizaciones incluyendo la de este año.

Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), la sociedad inició actividades en 1999 y se mantiene activa. Su principal actividad declarada al ente fiscalidor es el “cultivo de uva para mesa”.

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Si bien, tal como expresó Prohens en el Senado, no ha sido beneficiario de las subvenciones que entrega la ley en tramitación -tanto a su nombre como a través de Agrícola Doña Berta-, de acuerdo a los datos de la CNR, su familia ha recibido subsidios de la entidad en numerosas ocasiones.

Entre 1994 y 2019, la familiares del senador Prohens, a través de sociedades o como personas naturales, recibieron $483.749.002 desde la Comisión Nacional de Riego. Mientras que si consideramos solo a los hermanos del parlamentario, es decir, familiares de primer grado de cercanía, entre 2014 y 2019 recibieron $280.151.717 para realizar obras como la “instalación de riego por goteo” y las “labores de puesta en riego”.

El mayor monto de subvención se pagó en 2017 con la finalidad de financiar la “construcción y habilitación de un pozo”. El monto entregado fue de $84.276.512 y como beneficiario aparece la sociedad Agrícola Don Alfonso SpA, representada por Alfonso Prohens Espinosa, hermano del senador.

Otra de las bonificaciones más cuantiosas ocurrió en 2019. Esta vez el beneficiado fue otro hermano del senador. Óscar Prohens Espinosa recibió un monto de $55.478.336 para la “construcción de un embalse de regulación corta”.

En total, han sido 16 oportunidades de en las que la familia Prohens ha recibido subsidios a través de la Ley de Riego que se discute en el Congreso, 10 de ellas en los últimos siete años y con un promedio de poco más de $31 millones en cada oportunidad.

En las sesiones de las comisiones unidas, el senador ha intervenido activamente en la discusión, siempre destacando las bondades del sistema y la necesidad de aprobar el proyecto enviado por el Ejecutivo. Todavía no comienza la etapa de votaciones.

Vacíos y zonas grises

“La ley vigente establece el deber de abstención de los parlamentarios de manera bien precaria”, es el primer alcance que hace la abogada Valeria Lübbert, directora de Democracia y Anti-Corrupción de Espacio Público. “Por regla general, toda autoridad, todo funcionario, quien ejerce en definitiva un cargo público, una función pública, no debe intervenir en un asunto en el que tenga un interés directo, él o su núcleo familiar cercano”, explica.

“El hecho de que él tenga una agrícola y que este es un subsidio para empresas agrícolas, diría que hay un conflicto de intereses. Aunque no vaya él a postular ni haya postulado antes”, afirma. “Si su sociedad agrícola tiene una manera de beneficiarse de esta ley, ya ese solo hecho exigiría que él se abstuviera, porque es un beneficio para sociedades agrícolas. Se podría decir que él está generando legislación para favorecer su patrimonio”, considera.

“La ley dice que los parlamentarios no pueden promover ni votar un asunto que les interese directa o personalmente, a ellos su cónyuge a los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad”, afirma, pero de inmediato agrega un punto: “el problema es que la regulación de la Ley Orgánica del Congreso no tiene un mecanismo que permita alertar la existencia de conflictos de intereses que den lugar a esta inhabilidad ni tampoco hay una manera de forzar la abstención”.

En efecto, la ley no contempla una forma para forzar a los parlamentarios a que no intervengan en los asuntos en que podrían tener conflictos de intereses involucrados. Las sanciones para estos casos quedan en manos de la Comisión de Ética, quienes pueden establecer multas a la dieta parlamentaria, pero no es posible revertir una votación aunque exista un manifiesto conflicto de interés.

El artículo que regula las inhabilidades de los parlamentarios es el 5°B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. En el se establece que “no podrán promover ni votar ningún asunto” que les interese directamente o a sus cónyuges o familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad. Es decir, hasta los tíos y sobrinos, además de los cuñados. Sin embargo, permite que participen en el debate “advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”.

En su inciso final agrega que no se deberán inhabilitar en asuntos de índole general que “interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones o en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara”.

Esto, quiere decir que el impedimento aplicaría sólo si la discusión afecta directamente a los intereses del parlamentario o miembros de su familia, pero no en asuntos en que la discusión afecte de manera general, como pueden ser aquellas situaciones en que se pretenda regular, a modo genérico, al gremio o industria a que pertenezcan.

Para el caso particular del senador Rafael Prohens, la abogada experta en probidad y transparencia, María Jaraquemada, explica que “los conflictos de intereses pueden ser aparentes o reales” y en este caso “aparente, hay”. “Efectivamente se da un cruce entre lo que podría ser el interés particular de los familiares más cercanos y el interés general de la ley. Lo que corresponde es que ese conflicto aparente nunca se convierta en real. Ahí lo que se hace es declarar que existe ese potencial conflicto e inhabilitarse”, considera.

Ahora, para determinar si hay un conflicto de interés “real”, Jaraquemada cree que es necesario hacer un análisis más detallado del caso. “Habría que mirar la película completa y ver si efectivamente si su voto incide o no. ¿Si se abstiene se va a aprobar igual? Eso es lo que uno tiene que ver para el caso concreto y particular”.

“En general siempre he creído que esta normativa deja muchos vacíos y líneas grises, por lo tanto dificultan mucho la buena implementación”, asegura.

Lübbert, por su parte, afirma que en este caso no ve tan claro el conflicto en relación a los intereses familiares, en el mismo sentido que Jaraquemada. Considera que es necesario revisar cuál es la expectativa real de que los familiares o sus sociedades vayan a acceder a este beneficio en caso de prorrogarse la ley, por ejemplo. “Ahí uno podría decir que habría una expectativa razonable de que si la ley se aprueba, ellos van a continuar recibiendo el mismo beneficio”, explica.

El problema, coinciden, es que ese análisis del caso a profundidad es algo que nadie hará.

“El problema que tenemos nosotros es que no tenemos una institución que haya ido generando una especie de jurisprudencia relativa al Congreso, porque como esto al final el que se inhabilita se inhabilita, el que no, no”, dice Jaraquemada y agrega que “como no hay jurisprudencia al respecto, cuesta saber cuándo estamos frente a un conflicto de interés o no”.

La experta apunta a la posibilidad de replicar regulaciones como en Estados Unidos o incluso la que se está implementando en la Convención Constitucional. “Existe un órgano externo, que por ser externo se entiende que es más independiente, que también te puede asesorar. En la Convención se estableció que los constituyentes le pueden preguntar de manera reservada a esta comisión externa si tienen un conflicto de interés y ellos les van a dar su opinión”, detalla.

Al respecto, desde el Consejo para la Transparencia (CPLT) afirman a El Desconcierto que para ellos es relevante “avanzar en la tramitación del proyecto que fortalece la integridad pública, el que busca regular, entre otros aspectos, los conflictos de interés de los parlamentarios –actualmente en primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado-”.

La iniciativa busca “perfeccionar la inhabilitación en caso de conflicto de intereses. El proyecto propone modificar el artículo 5 B de la LOC del Congreso Nacional, prohibiendo como conducta a los parlamentarios, el intervenir en asuntos que tengan un interés personal”.

Así, la intención es “materializar el deber de abstención que afecte a los miembros del Congreso, debiendo el parlamentario promover su propia inhabilidad, la que deberá ser resuelta por la Comisión de Ética y Transparencia respectiva tan pronto sea promovida”, es decir, apenas se haga patente el conflicto durante la discusión. “Además, se prevé el caso de que el deber de abstención sea promovido después de la votación, y se hubiere faltado a éste, el cual deberá ser sancionado por la Comisión de Ética y Transparencia”, adelantan.

Finalmente, Jaraquemada piensa que la transparencia en el Senado y el Congreso, en general, es algo que “falta desarrollar, porque con todas estas normas lo que quieres es prevenir el conflicto de interés, prevenir la corrupción: que no se produzca. Cuando tú no las tienes bien desarrollada no hay prevención”.

El Desconcierto intentó ponerse en contacto con el senador Rafael Prohens por distintas vías, con el fin de conocer su comentarios. Sin embargo, el parlamentario no respondió los mensajes ni las llamadas al número entregado a este medio por el equipo de comunicaciones de Renovación Nacional (RN).