Las ciudades y el territorios son espacios de producción y reproducción social y forman parte de un ecosistema; por ende, dan forma a la comunidad, a la vez que reflejan su conformación. El sistema neoliberal ha generado una forma de organizar y controlar el espacio que responde a intereses económicos y no al bienestar de las personas que lo habitan, generando segregación y discriminación socioespacial, destrucción de la naturaleza e imposibilitando a ciertos grupos a acceder a una vida libre de violencia que les permita gozar el entorno, el ocio y la vida pública.

La mercantilización del suelo y el consecuente establecimiento de derechos de propiedad privada sobre este bien produce distorsiones en su asignación, por cuanto la capacidad adquisitiva de las personas determina y limita su posibilidad de elegir las condiciones en las que habita el espacio, lo que incrementa la discriminación y exclusión socioespacial.

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Entendiendo la importancia de cambiar este paradigma, la Fundación La Casa Común convocó un grupo de trabajo compuesto por urbanistas, ingenieras en transporte, economistas y abogados/as, con el objeto de elaborar una propuesta constitucional de construcción del territorio con una perspectiva antineoliberal, de derechos humanos, feminista y ecológica.

Para ello, la propuesta cuestiona fuertemente la lógica productivista bajo la cual se han construido las ciudades y el territorio hasta ahora en nuestro país, reivindicando un urbanismo feminista, que reivindique la importancia de los cuidados, sin designar a la mujer en el rol de cuidadora, comprendiendo que todas las personas somos dependientes unas de otras, así como del ecosistema del que formamos parte.

El documento pretende sentar las bases constitucionales que habiliten la protección del derecho a la ciudad y el territorio, al medio ambiente sano y equilibrado, a la vivienda adecuada y al control de la especulación inmobiliaria; en miras a construir espacios integrados socialmente, sustentables, accesibles, libres de violencia, con participación en las plusvalías urbanas y en las decisiones que afectan a los territorios y sus comunidades.