Derecho a la ciudad: Conoce la primera propuesta de Fundación La Casa Común a la CC
La fundación La Casa Común hizo entrega del primero de una serie de documentos con propuestas destinadas a la redacción de una nueva Constitución, levantadas por expertos desde una perspectiva antineoliberal, de derechos humanos, feminista y ecológica, dirigidas a la Convención Constitucional.
La Casa Común, organización sin fines de lucro, fue fundada por el abogado y miembro de la Convención Constitucional Fernando Atria, y desde su creación ha trabajado en actividades que promueven el pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión política dentro de sus crecientes comunidades.
Así, la fundación compartió el documento “Constitucionario del derecho a la ciudad y territorio para la nueva Constitución”, que plantea una serie de medidas para avanzar en una planificación territorial y urbana con perspectiva de derechos humanos.
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Para los creadores del documento, “la nueva Constitución debe reconocer nuestro derecho de habitar en territorios y ciudades con mayor igualdad territorial y ecológicamente equilibrados; a una vivienda adecuada con acceso a infraestructura y servicios públicos, y a vivir en un medio ambiente protegido”.
En este texto, trabajaron Camilo Zamorano, Fernanda Alvear, Felipe Pino, Gabriel Ossandón, Maricarmen Tapia, Maritza Villalobos, Maximiano Atria, Monserrat Morales, Jaime Pujol, Juan Pablo Urrutia, Raquel Águila y Vicente Burgos.
Entre sus propuestas, recomiendan trabajar por un ordenamiento territorial vinculante, pensado desde y para las personas en respeto con la naturaleza, que considere la reivindicación de los labores de cuidados, con una perspectiva feminista.
Vivienda adecuada
Así también, postulan que el barrio debe ser la unidad básica desde la que se organiza el territorio, por ser el entorno inmediato de cada persona en la que se localizan la infraestructura y los servicios locales.
Por otro lado, releva la importancia de trabajar por alternativas que permiten resguardar de mejor forma el derecho a la vivienda adecuada, como el cooperativismo, el fideicomiso vecinal o los usufructos y comodatos, replanteándose el concepto de propiedad.
Incluso, propone a la Convención buscar cómo controlar el fenómeno de la especulación inmobiliaria, y el de la mercantilización del suelo, para facilitar los accesos a una vivienda adecuada para todas y todos los habitantes del país.
