Los empresarios han sido un poderoso actor social, actuando individualmente y a través de sus influyentes grupos de presión, y cuentan con del apoyo de los medios de comunicación de masas y de centros de estudio. Los gobiernos de la Concertación, con la excepción del de Patricio Aylwin, atendieron sus intereses, especialmente el de Ricardo Lagos, preocupado de provocar una reacción adversa por ser el primer socialista después de Salvador Allende. El primer gobierno de Michelle Bachelet compartió esta preocupación, designando ministro de Hacienda a Andrés Velasco, un economista de centroderecha, radicado en los Estados Unidos desde 1976.

En el Parlamento, los empresarios contaron con la interlocución y el respaldo de legisladores de derecha y también de algunos de la ex Concertación, con los cuales establecieron lazos personales y económicos. Esto último se expresó a través de financiar sus campañas electorales por medios ilegales (“boletas ideológicamente falsas”), aprovechando el hecho de no haber financiamiento legal de partidos y que el financiamiento de campañas se introdujo recién en las elecciones del año 2005. Este hecho (de las “boletas ideológicamente falsas”), conocido en 2015 por la investigación del fiscal Carlos Gajardo, remeció a la opinión pública, acentuando la baja confianza en los políticos, en los partidos y en los empresarios. Esta postura fue compartida por sus interlocutores en la ex Concertación, entre los cuales había políticos y “técnicos” que hicieron uso de la puerta giratoria o se “privatizaron”, creando empresas de lobby y de comunicaciones.

Los empresarios se entusiasmaron con los logros económicos, ignorando el malestar que había en la sociedad. Era un hecho conocido desde un estudio del PNUD de 1998 y en las encuestas del CERC, las cuales mostraban, desde las de 1995, que los buenos indicadores macroeconómicos no iban acompañados de la satisfacción con la democracia. El CEP publicó un libro, en 2017, con el sugestivo título ¿Malestar en Chile?, entregando una respuesta negativa: “Antes que malestar, el bienestar predomina entre los chilenos” (p. 13).

Los empresarios fueron sorprendidos por el 18-0 y varios hicieron un mea culpa. Alfonso Swett, presidente de la CPC, opinó: “Tenemos que meternos las manos al bolsillo y que duela” (El Mercurio, 30 de octubre de 2019). Andrónico Luksic, líder de uno de los grupos económicos más importantes del país, escribió en los diarios: “Ayudemos a pagar la cuenta”, proponiendo aumentar el ingreso mínimo (Pulso, 26 de octubre de 2019), que concretaría en las empresas del grupo. En términos similares, se expresó Richard von Appen, presidente del grupo Ultramar, actual presidente de la Sofofa, proponiendo que se aumentara el impuesto a los más ricos: “Nosotros debiéramos contribuir más a través del global complementario, donde la tasa va a subir al 40%, y yo estaría dispuesto a que esa tasa fuera más alta, de 45% o 50%”. (El Mercurio, 3 de noviembre de 2019). José Luis del Río, líder del grupo Derco, socio del grupo Falabella, afirmó: “Es necesario y posible una mayor contribución de quienes tenemos más”, y adelantó la decisión de incorporar a los trabajadores a la propiedad de una de las empresas de aquel grupo (El Mercurio, 4 de noviembre de 2019). Hans Eben, director de empresas, manifestaba preocupación por las desigualdades porque los “altos niveles de desigualdad van en contra del mismo modelo que nos ha dado el crecimiento económico” (El Mercurio, 27 de octubre de 2019).

Sin embargo, el rechazo de Piñera a las demandas sociales y el énfasis que éste puso en condenar la violencia de grupos minoritarios (“Estamos en guerra”) desvió la atención hacia los temas de orden público. Los empresarios abandonaron el mea culpa y retomaron su conducta tradicional, mirando con desconfianza el proceso político y económico.

El estallido social mostró la crisis de legitimidad del sistema económico, que carga con el pecado original de haber sido impuesto por la dictadura y siguió un paradigma de neoliberalismo radical. Los gobiernos de la Concertación le introdujeron reforma, eliminando parte de su radicalismo, pero sin guiarse por otro paradigma.

Miran con honda desconfianza el proceso constituyente. La derecha no sacó el tercio en la Convención Constitucional para tener un veto y los partidos de la ex Concertación son una clara minoría. Hay una mayoría de izquierda que les crea incertidumbre sobre la nueva Constitución.

El candidato presidencial preferido por los empresarios, el independiente Sebastián Sichel, ex militante del PDC y Ciudadanos, luego de ganar ampliamente las primarias de los partidos de derecha, se ha desplomado en las encuestas, con escasas posibilidades de pasar a segunda vuelta. Podría ser el ex diputado José Antonio Kast, pero sus posturas maximalistas no le favorecen ante el candidato de la oposición unida. El escenario más probable es el triunfo del candidato de la oposición, Gabriel Boric, del Frente Amplio, con el apoyo del PC, líder estudiantil de las manifestaciones de 2011, diputado desde 2014, o Yasna Provoste, militante del PDC de su sector de izquierda, apoyada por los partidos de la ex Concertación.

Las recientes decisiones de grandes empresas de repartir utilidades (dividendos) a sus accionistas, superior a 12 mil millones de dólares, puede ser mirada desde sus intereses económicos y su vocación política. La primera es una fuerte inyección de liquidez a la economía que será probablemente superior al cuarto retiro que podría ser equivalente a 7-8 mil millones de dólares. La segunda expresa su poder estructural para influir en la política, más efectivo que el poder político instrumental que ejercen a través de los gremios patronales, por la extrema concentración económica que hay en Chile. Los empresarios presionarán la agenda de la Convención Constitucional y la del próximo gobierno y del Congreso. Las tres instituciones deberán impulsar cambios del sistema económico y hacerlo guiándose por otro paradigma, que puede ser de economía mixta o uno de economía social de mercado.