A dos años del estallido social del 18 de octubre, me parece importante conmemorar reflexionando y evaluando las deudas pendientes y los desafíos que marcaron la crisis social más profunda que ha vivido Chile postdictadura, en estos últimos 30 años.

Las principales deudas pendientes siguen siendo las relacionadas con las graves y masivas violaciones a los DD.HH. en el contexto de la criminalización y represión de la protesta social. Las demandas por verdad, justicia, reparación integral a las víctimas y garantías de no repetición.

Potentes informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos declararon que en Chile durante la revuelta popular se violaron grave y masivamente los derechos humanos. Desde la sociedad civil se ha abierto el debate sobre la sistematicidad de las mismas y la responsabilidad política y penal del gobierno de Piñera y el alto mando de las instituciones armadas encargadas de la represión.

Hay miles de querellas presentadas por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, daños oculares, homicidios frustrados y algunos casos de asesinatos por parte de agentes del Estado, y tenemos muy pocas sentencias condenatorias. En Chile sigue existiendo impunidad. Esto sin contar la cantidad de personas que fueron vulneradas en su dignidad y derechos, y por distintas razones hicieron denuncia formal. Seguiremos demandando justicia y agotando todas las instancias a nivel nacional e internacional.

La reforma estructural a la policía sigue siendo otra deuda pendiente. Los casos de corrupción por malversación de fondos reservados del alto mando, las graves violaciones a DD.HH., la excesiva autonomía del poder civil, la autorregulación con protocolos inefectivos, una policía militarizada encargada de reprimir la protesta social con un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, con una formación marcada por la lógica de la seguridad nacional y el enemigo interno. Todo lo anterior vuelve urgente una nueva policía democrática siendo una de las garantías centrales para la no repetición de graves y masivas violaciones a DD.HH.

Otra de las deudas pendientes es la situación de los presos de la revuelta social. En un contexto donde ha habido un aumento significativo de detenciones ilegales, un uso abusivo de la prisión preventiva como castigo anticipado, querellas del gobierno por Ley de seguridad interior del Estado como parte de una estrategia de criminalización de la protesta social, con un sistema de administración de justicia que encarcela la pobreza y la exclusión social, mientras los delincuentes de cuello y corbata no pisan la cárcel. En este contexto de crisis hemos buscado una salida política excepcional de carácter humanitario que se ha utilizado en distintos momentos de crisis a lo largo de la historia de Chile. Es así como surgió el proyecto de indulto apoyado en múltiples testimonios de agrupaciones de familiares de los presos y con el apoyo significativo de la Comisión chilena de DD.HH. y una red de abogados defensores de derechos humanos. Ha sido aprobada la idea de legislar en 3 comisiones del Senado (DD.HH., Seguridad y Constitución), sólo falta el pleno de la sala para habilitar la discusión en particular y que siga avanzando su tramitación. Ha faltado sentido de urgencia y voluntad política para legislar tal como lo pidió la Convención Constituyente en su primera declaración aprobada por más de 2/3 de los convencionales.

Sectores de la derecha se oponen al proyecto de indulto argumentando la defensa de las Pymes afectadas en el contexto del estallido social. Yo he sido partidario de una reparación a las Pymes dañadas presentando proyectos de acuerdo y de ley en el Senado. Ha faltado voluntad política del ejecutivo para generar una mesa de trabajo y recursos necesarios. Tampoco hay querellas del gobierno defendiendo a las Pymes, y en los catastros de presos que tienen las organizaciones de la sociedad civil no hay personas privadas de libertad acusadas de dañar Pymes. En este contexto especial de nuestro país, tenemos que buscar reparar y buscar soluciones integrales para la paz social con distintos grupos afectados por el estallido social: personas vulneradas en sus DDHH, presos de la revuelta y Pymes afectadas.

Es simbólico que, en esta nueva conmemoración del 18 de octubre, se comience el trabajo de comisiones en la Convención Constitucional para deliberar democráticamente sobre los contenidos de la nueva Constitución que se le va a proponer al pueblo soberano en un plebiscito. El órgano Constituyente es lo más representativo de la sociedad chilena, paritario, con presencia de los pueblos originarios, independientes y militantes de partidos y organizaciones de todo el espectro político. Además, es un espacio abierto a la ciudadanía con una búsqueda activa de mecanismos efectos de participación popular. Este proceso histórico es fruto de la revuelta popular y es una oportunidad democrática para construir un nuevo contrato social y ecológico que tenga legitimidad y encause un camino de salida del neoliberalismo impuesto a sangre y fuego por la dictadura cívico militar. Es un proceso que está siendo observado a nivel internacional y puede convertirse en un referente. La Constituyente se cuida y se defiende colectivamente frente a los ataques de una minoría privilegiada del rechazo.

Por último, este nuevo aniversario del 18 de octubre nos sitúa a prácticamente un mes de un nuevo ciclo electoral, que abre la posibilidad cierta de liderar un gobierno transformador y un parlamento favorable, que acompañe el proceso constituyente y comience a concretar los cambios estructurales que el pueblo demanda y dejemos atrás el legado del desgobierno de Piñera. Mayorías sociales y políticas para un nuevo Chile donde se respeten los DD.HH., con justicia social, descentralización efectiva, feminismo, sostenibilidad ecológica, plurinacional. Nuestros pueblos merecen Dignidad. Seguimos sumando y llamando a las y los jóvenes de todas las generaciones.