Este miércoles, diputados de la oposición ingresaron formalmente el escrito de acusación constitucional en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera. En un documento de cerca de 100 páginas, los parlamentarios argumentaron que el mandatario no habría respetado la constitución en su participación en el Caso Dominga.

Fue el pasado 3 de octubre que Ciper y LaBot publicaron los documentos de Islas Vírgenes Británicas acerca de la venta que se hizo entre las familias Piñera y Délano del polémico proyecto minero en 2010. La revelación revivió una serie de antecedentes que Radio Bío-Bío hizo públicos en 2017 y que llevó a una investigación penal liderada por el entonces fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra.

En el centro de la polémica se encuentra una cláusula que condicionaba uno de los pagos que recibiría una sociedad ligada a la familia Piñera, respecto a que la zona del proyecto no se decretara área protegida ambientalmente, facultad que correspondía al propio Presidente. Ahora, mientras se desarrolle el juicio político, la labor de Guerra hace cuatro años está entredicho y la Fiscalía anunció una investigación a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien deberá determinar si los nuevos antecedentes revisten o no carácter de delito.

Al respecto, en conversación con El Desconcierto, el exfiscal de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente y abogado penalista, José Antonio Villalobos, plantea sus dudas sobre las aristas que quedaron sin investigar por el fiscal Guerra y critica que las indagatorias no se hayan expandido más allá de lo que acusaban las querellas.

[Te puede interesar] Fiscalía abriría causa penal contra Piñera: Acuerdo por Dominga no fue investigado el 2017

[Te puede interesar] Sergio Jara, director de prensa de El Desconcierto, repasa el caso Dominga

[Te puede interesar] Acusación Constitucional contra Piñera es firmada: “Nadie cree que no sabía lo que pasaba”

Villalobos estuvo en el Ministerio Público durante 12 años, participando en casos como Corpesca, Penta y SQM, además de dirigir la investigación del caso IM Forex. Dejó la institución en marzo de 2017, cerca de cuatro meses después de que Guerra iniciara las pesquisas por Dominga.

“Faltó evidentemente indagar otros nexos y otras figuras delictivas que asociaran a estas conductas, eventuales delitos de otra naturaleza.”, sostiene sobre la investigación que se cerró en ese entonces.

—¿Cree que los antecedentes revelados por los Pandora Papers ameritaban realizar una nueva investigación en contra del Presidente?

Me parece que ameritaba abrir una investigación en los términos que lo ha anunciado la Fiscalía, más allá de las querellas que se han interpuesto y que obviamente también implican un avance en la investigación. En principio se estaba esperando la investigación de oficio de la Fiscalía, que demoró un poco, en el intertanto llegaron las querellas que obligan a la Fiscalía a investigar esta arista. Creo que lo importante es determinar si este contrato fue objeto o no de la investigación inicial que fue sobreseída definitivamente. Ahí va a haber hoy día una discusión importante en relación a si esos hechos están contenidos o no en la resolución que dictó el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, respecto del sobreseimiento que pidió la Fiscalía y la defensa. Si se entiende que están contenidos en esa resolución, la causa no debiera prosperar.

—¿Estarían prescritos los eventuales delitos?

El tema de la prescripción hoy está en discusión. Para determinar la prescripción siempre es necesario realizar la indagatoria, la investigación, porque hay muchos elementos que pueden permitir establecer, por ejemplo, que esa prescripción se suspendió en algún momento, o se interrumpió, todo eso amerita que finalmente la investigación se haga y realizar todas las diligencias para finalmente esclarecer el caso. No me parece que pudieran determinarlo a priori y decir que los hechos están prescritos. Por lo tanto, la investigación debiera llevarse a cabo ojalá con la mayor celeridad posible, para evitar discusiones de prescripción o que puedan seguir corriendo los plazos, pero también teniendo a la vista la investigación anterior. Porque el hecho que no haya estado, por ejemplo, contenido en la querella ese hecho que pudiese ser un delito, no implicaba que la Fiscalía dejara de investigar esa arista, todo lo contrario. Cuando tú tienes una querella por un hecho “x”, no significa que te tengas que abocar solamente al esclarecimiento de ese hecho “x”. La investigación se inicia con la querella, pero habilita al fiscal a investigar todas las aristas posibles del caso que se está denunciando o querellando.

—En ese sentido, ¿cómo evalúa el desempeño del exfiscal Manuel Guerra en la investigación de 2017?

Es difícil saber cuál fue su desempeño sin analizar la carpeta investigativa completa, pero hablando en términos generales, si es que hubo un elemento relevante en esa investigación y no fue objeto de diligencias de investigaciones en ese sentido —porque muchas de las diligencias de los querellantes fueron rechazadas en su oportunidad, o postergadas por decirlo así— me parece que la labor no está cumplida. Finalmente, lo que tú esperas es que una investigación de esa naturaleza con la gravedad que tiene y con su relevancia sea esclarecida en todos sus ámbitos, no solamente acotarla, ni terminar una investigación con mucha premura respecto a solamente los hechos contenidos en la querella. Uno esperaría que se investigara todo lo que se tiene que investigar y no tener un apuro o ansiedad por terminar una investigación respecto de una persona importante.

—Guerra dijo a La Tercera en 2017 que “habría sido arbitrario pedir correos a Piñera sin tener un hecho que lo justificara”. ¿Qué opina de la decisión de no solicitar los correos del mandatario?

Si se estaba indagando una posible negociación incompatible respecto de ese contrato suscrito, en el evento que se haya tenido a la vista, me parece que siempre son relevantes las comunicaciones que existen entre las personas que supuestamente pudieron haber tenido intervención. Digo correos electrónicos, comunicaciones de WhatsApp, tráficos telefónicos, si tuvo o no comunicación con una persona en particular en el periodo en que se suscribieron los documentos. Uno no puede discriminar a priori y no solicitar ciertos antecedentes que son relevantes, máxime si lo está pidiendo un interviniente que es el querellante y que obviamente tiene que haber justificado su petición en aras del esclarecimiento del caso.

—Una de las principales defensas que ha esgrimido el Presidente es que no tenía conocimiento de estas negociaciones debido a su fideicomiso ciego. ¿Cree que el fideicomiso ciego “blinda” al Presidente?

En términos formales, se supone que al existir el fideicomiso ciego la persona que está involucrada en estos negocios no debiese conocer las tratativas que se hacen respecto de su patrimonio. Ese es el objetivo primordial, pero eso es en términos formales. La realidad me parece que es bien distinta a la formalidad que tiene esta institución, porque si tú tienes negociaciones con personas con las cuales tienes mucha confianza, o algún tipo de parentesco, como en este caso con los hijos o una amistad íntima con otra persona, es bien poco creíble que no tuviste conocimiento de lo que se estaba haciendo con tu patrimonio. Si bien eso es una cuestión de lógica, de máximas de la experiencia, se puede traducir en un indicio de conocimiento de las negociaciones y de las tratativas que se estaban haciendo y eso requiere corroborarse con otros elementos. Esos elementos pudiesen haber sido esas comunicaciones que se requirieron y que no fueron solicitadas en la investigación.

—Sobre el rol de Jorge Abbott, el fiscal nacional no podría haber dado órdenes sobre casos particulares, a menos que él mismo tome la causa...

La figura establecida para que el fiscal nacional asuma una investigación, tiene que ver con la investidura de las personas que están siendo investigadas. Si tienes hoy día a la más alta autoridad del país, evidentemente es el caso de manual. Ahora, desconozco si existe algún tipo de inhabilidad o algún tipo de cuestión previa que haya planteado el fiscal nacional de personas que estén vinculadas en esta investigación, ahí es más complejo que pueda asumir si efectivamente constituye o no una inhabilidad. (El fiscal nacional sería primo en quinto grado de Carlos Alberto Délano).

—Pero más allá de esa posibilidad, en su experiencia ¿cómo se relaciona el fiscal nacional con el fiscal a cargo de la investigación? Sobre todo en causas de alta connotación.

Si el fiscal nacional tiene algún tipo de inhabilidad en relación con la causa, su obligación es no enterarse de las gestiones que está haciendo el fiscal a cargo, que en este caso era el fiscal Guerra. Pero no hay que desconocer que hay una unidad de la Fiscalía Nacional, una unidad de asesoría jurídica que en este caso es la Unidad Anticorrupción, que finalmente está tomando las decisiones en conjunto con el fiscal que tiene la investigación, porque aquí esta investigación no se debe haber cerrado porque lo pidió exclusivamente el fiscal Guerra. También esto está visado por las unidades respectivas donde toman conocimiento sobre cuáles son la decisiones que se van a adoptar, lo mismo que tiene que haber ocurrido en el Caso Penta, donde finalmente se saca el cohecho y se dispone que solamente hay delitos tributarios para sacar al Consejo de Defensa del Estado. En ese sentido, si bien no hay una comunicación directa, me parece que el hecho de que una asesoría de la Fiscalía Nacional esté visando este tema también implica que en el fondo las decisiones no se toman en términos exclusivos, se toman en conjunto.

—El fin de semana El Desconcierto dio a conocer que la organización internacional Oceana envió una carta al Presidente solicitando decretar área protegida a la zona en que se emplazaría Dominga, un mes antes que se firmaran los primeros acuerdos donde se contenía la famosa cláusula 3. ¿Podría complicar a Piñera el hecho de haber sabido que existían intenciones de hacer área protegida esa zona específicamente?

Creo que ahí está el problema, donde está la cláusula de esta especie de omisión que finalmente depende de la institución de la Presidencia de la República, en términos de no declarar zona reservada o protegida donde finalmente iba a operar la minera Dominga. Implica que ahí puede enarbolarse una tesis de establecer que el Presidente de la República seguía cometiendo una especie de omisión. En el fondo seguía vigente esta posibilidad cierta de no hacerlo. Ahí va a haber un juego importante en términos de discusiones jurídicas para establecer, primero qué delito eventual se pudo haber cometido y ver desde cuándo está contando la prescripción del delito que están investigando hoy los fiscales.

—Pablo Wagner declaró en la causa de 2017 haberse reunido con ejecutivos de Minera Activa a mediados de 2010, mientras era subsecretario de minería, y que ese mismo año tuvo una reunión con la familia Délano, donde le expresaron que estaban interesados en comprar a Minera Activa un proyecto minero en la IV Región. ¿Se debió investigar en mayor profundidad estas reuniones en las que participó Wagner?

De todas maneras. Esta es una investigación que si bien estuvo dirigida en algún momento contra el entonces subsecretario, ya en esa época habían elementos para indagar todo lo que tenía que ver con Dominga. Este era un negocio que probablemente ya se pensaba muy lucrativo en esa época, donde se estaban realizando gestiones para finalmente obtener algún tipo de información del panorama en el cual podía situarse este negocio y luego, obviamente, nos dimos cuenta que hubo también una suscripción de un contrato. Todas estas comunicaciones y gestiones que eventualmente pudieron desarrollarse al parecer quedaron un poco inconclusas, máxime si se estimó que no había delito de cohecho a su respecto y que solamente había delito tributario. Faltó evidentemente ahí indagar otros nexos y otras figuras delictivas que asociaran a estas conductas a eventuales delitos de otra naturaleza.

—Con estos antecedentes y lo conversado hasta ahora, le vuelvo a preguntar, ¿cómo evalúa lo hecho por el fiscal Guerra en 2017?

Insisto, sin tener los antecedentes a la vista y hablando en términos generales, me parece que siempre que existen aristas inconclusas y siempre que hay diligencias que fueron solicitadas por los intervinientes, en este caso los querellantes y que fueron rechazadas; y siempre que existe un conflicto donde puedes avizorar que no existió una investigación en términos concretos, donde quedaron aristas inconclusas, es evidente que uno pudiese entender que faltaron diligencias por realizar. Eso implica que una investigación quede inconclusa y que no se llegue al resultado que se espera. Hoy día tenemos la prueba más fehaciente de que esa investigación no estuvo concluida en términos absolutos, porque al parecer se ciñó exclusivamente a la querella. Por eso hoy día hay una nueva investigación, es una cuestión objetiva, innegable, de lo contrario no la tendríamos.

—En términos penales, ¿qué arriesga el Presidente de la República?

Las penas que están establecidas por los delitos que está siendo investigado difícilmente van a implicar penas de cárcel. Tienes temas de prescripción, tienes temas de penalidades que están asociadas a la antigua ley de delitos funcionarios, que son todas penas que están bajo los cinco años de privación de libertad eventual. Entonces todas esas penas respecto de personas que no tienen antecedentes, la regla general es que se cumplen en libertad. Yo diría que no arriesga pena de cárcel. También van a tener que superarse varias vallas que hoy están complicadas con la investigación. Una, que está conectada con la primera investigación, que es si esto está dentro del sobreseimiento definitivo; dos, la prescripción de la causa; y tres, que efectivamente logren en el fondo establecer que el Presidente de la República tuvo intervención en esos hechos que está siendo investigado. Veo difícil que se actúe muy rápido, creo que el Presidente va a terminar su periodo y esto va a demorar mucho más, porque si la investigación está inconclusa, va a requerir que se hagan las diligencias que no se hicieron en su minuto. Esto va a tardar.