Más de 60 organizaciones solicitan terminar con concesiones acuícolas en áreas protegidas
Un total de 62 organizaciones locales, nacionales y extranjeras, y comunidades kawésqar, solicitaron al diputado Jorge Brito, presidente de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de Cámara de Diputadas y Diputados, presentar a la brevedad un proyecto de ley que estipule la total prohibición de la instalación de concesiones acuícolas en áreas protegidas bajo la consigna #ÁreasProtegidasSinSalmoneras.
Algunas de las organizaciones que firman esta petición son Patagonia, Fundación Rewilding Chile, el movimiento ciudadano Defendamos Chiloé, Comunidad Indígena Kawésqar, Comunidad ATAP, Fundación Terram, Oceana, ONG FIMA y Fundación Mission Blue, que lidera la destacada oceanógrafa y líder internacional en la conservación de océanos, Sylvia Earle.
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Esta solicitud viene precedida del recordado episodio de florecimiento de algas nocivas que comenzó a registrarse los últimos días de marzo de este año en el fiordo Comau, en la Región de Los Lagos, y que más tarde se expandió a la Región de Aysén, lo que produjo mortalidades masivas de salmones en centros de cultivo en el sur de Chile. Además, de manera reciente, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) acusó a la empresa de capitales noruegos, Nova Austral, de ocultar información e infringir la normativa ambiental, y le aplicó una multa de más de $ 1.200 millones. Esta empresa posee 28 concesiones acuícolas en la Región de Magallanes, 19 de las cuales están ubicadas al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini.
“Conociendo el liderazgo de Chile en cuanto a la protección de los océanos, así como los impactos que ha generado la acuicultura en el país, es muy relevante que Chile tome una decisión correcta: sacar a las salmoneras de las áreas protegidas de la Patagonia”, explica Max Bello, asesor de políticas oceánicas de Mission Blue. “Esto, porque son incompatibles la utilización industrial que hace la salmonicultura con los objetivos de conservación para los cuales esas áreas han sido creadas. Es hora de rectificar el rumbo y proteger totalmente esa zona tan prístina y vulnerable, especialmente hoy, a la luz de la crisis climática que vive el planeta”, agregó.
Según explica Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, en la actualidad existen cientos de concesiones al interior de áreas en Chile que han sido destinadas para la conservación de la biodiversidad, lo que resulta absolutamente incompatible con una actividad intensiva y con conocidos impactos en los ecosistemas como la salmonicultura, la que ha demostrado no estar a la altura de las exigencias ambientales.
Liberona explica que “la industria salmonera se ha instalado en áreas protegidas debido principalmente a dos razones. Primero, a que la legislación actual abre la puerta a dicha posibilidad tratándose de ciertas categorías de áreas protegidas, como Reservas Nacionales y Forestales, o Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU). En segundo lugar, ha sido la propia autoridad la que ha permitido la existencia de concesiones salmoneras al interior de áreas protegidas donde ello se encuentra expresamente prohibido, como en Parques Nacionales, además de exigirles el estándar de evaluación de impacto ambiental menos riguroso, a través de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Es más, recientemente, el propio órgano contralor advirtió la falta de una evaluación formal de las Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura (AAA) recaídas en diferentes categorías de protección, incluidas Parques Nacionales, evidenciando una gestión desarticulada por parte de la autoridad en la materia”.
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Leticia Caro, representante comunidad kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, explica que es importante avanzar con una ley que retire a la salmonicultura de las áreas protegidas, sin olvidar que estos son, además, territorios indígenas. “Sería un paso importante para avanzar a una transición ecológica y, para que exista, la posibilidad de una conversión, donde el Estado se haga cargo de los costos que tiene para la ciudadanía instalar industrias que degradan los territorios y destruyen las economías locales”.
Alex Perry, gerente general de Patagonia para América Latina, afirma que existe evidencia de que la industria salmonera es una amenaza tanto para los ecosistemas prístinos de la Patagonia, como para la salud de los habitantes y el desarrollo económico, y esto ha quedado demostrado cuando ocurren desastres ambientales, como se ven cada año. “Como Patagonia hemos visto y participado en iniciativas que han unido Chile y Argentina ante la industria salmonera y hoy continuamos esta labor haciéndonos parte de esta petición porque nuestro negocio es una herramienta de activismo para alzar la voz, especialmente en el contexto de crisis climática que vivimos. Es momento de actuar desde las políticas públicas y decir no a las salmoneras, sobre todo en áreas protegidas, para entregar protección para siempre a nuestra naturaleza y nuestras comunidades”, señala Perry.
Para Juan Carlos Viveros, vocero del movimiento ciudadano Defendamos Chiloé, además de los mencionados incumplimientos ambientales, la industria salmonera cambió por completo la cultura de borde costero y rural de quienes habitan ese archipiélago. “Somos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y llega una megaindustria a cambiar nuestras costumbres por cuatro décadas, de manera continua, lo que se convierte en una enorme transgresión cultural. El resultado de esto es una tremenda deuda impaga y quizás ya imposible de saldar”, explica.
Viveros recuerda que la salmonicultura se instaló en Chiloé hace unos 40 años con la promesa de “generar el ansiado ‘desarrollo’. Pero ese ‘desarrollo’ nunca ha llegado. Si vemos los indicadores de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el epicentro salmonero nacional está en la Región de Los Lagos, en la Provincia de Chiloé, y tenemos el mayor índice de pobreza multidimensional. ¿Cómo se entiende eso?”, se pregunta.
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Finalmente, Viveros dice que la parte “más lamentable” es que esta industria tiene al océano interior en un “estado penoso, con contaminación en los fondos marinos, con fiordos y canales sin oxígeno, con impacto a la biodiversidad marina tras los excesos de uso de antibióticos, y con episodios de escapes de salmones año tras año y los florecimientos algales nocivos. Para nosotros, los defensores de lo biocultural, es muy difícil convivir con esto”, se lamenta.