En los últimos meses, hemos sido testigos de las mentiras más grandes, las excusas más burdas, las volteretas más espectaculares y los maquillajes más exquisitos. El escenario ha sido la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El actor principal, hábil para la comedia, pero también para la lágrima fácil, es el senador Felipe Kast. El director –quién más podría ser–, el Presidente Piñera. No me imagino otro país del mundo –aunque de seguro lo habrá– en que la coalición de un gobierno cuyo Presidente está imputado y procesado por delitos de lesa humanidad, y que tiene a su haber el triste saldo de más de 3.700 heridos durante jornadas de protestas, más de 400 lesiones oculares, casi 500 denuncias por violencia sexual, unas 950 querellas por torturas y 43 víctimas de homicidio, pretenda presidir la Comisión de Derechos Humanos de su Senado.

Parece una broma, pero no. Es lo que ha estado intentando hacer la derecha desde hace tres meses, montando una operación mediática y realizando diversas maniobras de desestabilización del trabajo legislativo al interior de la Cámara Alta. Todo comenzó con un viejo acuerdo, firmado por los diversos partidos políticos con participación en el Senado, allá por comienzos de 2018. Ese acuerdo, dentro de otras cosas, decía que durante 2021 le correspondía la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos a la derecha. Para el grueso del Senado, la verdad es que la Comisión de Derechos Humanos siempre fue tratada como una comisión más; incluso durante 2016 fue presidida por la UDI, sesionando poco o nada y torpedeando en gran medida todas las iniciativas importantes que le competían.

Desde la izquierda –por supuesto– nos oponíamos, pero visto está que en general ganaba la desidia. Los derechos humanos para muchos eran cosas del pasado, parecía que el “para que nunca más” ya gozaba de un acuerdo transversal. Pero nadie contaba con el 18 de octubre de 2019. Nadie contaba con el levantamiento popular. Y nadie contaba con que en este país se volvería a torturar. Fueron meses álgidos. Tuve el mandato de presidir la Comisión ese año, a partir del mes de marzo. A inicios de agosto, las bancadas de los partidos Renovación Nacional y Evópoli presentaron una moción de censura contra mi persona, bajo la justificación de mis declaraciones en el Foro de São Paulo, donde manifesté que la “Constitución moribunda” de 1980 debía ser  reemplazada con urgencia. La moción fue rechazada de manera unánime por los presentes en la Comisión, con la ausencia de los dos senadores de oposición.

En plena revuelta social, entre octubre y enero, sesionamos 22 veces, abordando la extraordinariamente grave situación vivida en el país en esos meses. En medio de las protestas, organizamos el primer Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que contó con la presencia del destacado jurista y ex juez Baltasar Garzón –el mismo que logró detener al general Pinochet– y nos querellamos contra el Presidente Piñera, con proyecciones de llegar incluso a la Corte Penal Internacional. Pero hay algunos que no captan las señales, ni las indirectas ni las directas. Después de tanto dolor para este país, después de que la derecha escupió encima de su “nunca más”, la coalición del presidente Piñera quería volver a presidir la Comisión de Derechos Humanos en 2021. La respuesta de la oposición fue un ¡No! Rotundo. Las razones se explican solas.

Para comienzos de 2021, la Comisión de Derechos Humanos la componíamos la senadora Adriana Muñoz, el senador Juan Ignacio Latorre y yo, desde la oposición. Por la derecha estaban los senadores Felipe Kast e Iván Moreira. La derecha había visto que después del 18 de octubre quedó sin piso moral para poder volver a presidir la Comisión, menos con Moreira ahí, quien fue íntimo amigo de Pinochet y de Jaime Guzmán, o Kast, quien ha tenido lamentables pronunciamientos frente a la situación de violaciones a derechos humanos en el país. Con esos antecedentes, y el cambio de circunstancias ocurrido en el país con el estallido y revuelta social, se hacía imposible que se verificara el traspaso de la presidencia de la Comisión, como había sido acordado en el inicio de esta legislatura, a inicios del 2018. Entre las posibilidades ofrecidas a la derecha, estuvo, y está, la de entregar la presidencia de la Comisión de Minería, en manos de la oposición hasta este momento.

En un acto desesperado, la derecha oficialista decidió hacer un cambio en el elenco. Salió el defensor de la vieja derecha, Iván Moreira, y entró la otrora joven promesa, Francisco Chahuán, hoy presidente de Renovación Nacional, partido en el que milita presidente Piñera, y quien, a pesar de un discurso de compromiso con los derechos humanos, ha defendido el actuar de su gobierno en materias tan graves como la actual crisis migratoria, y las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante la revuelta social. Pero resultó que no era un problema de nombres, sino de coaliciones políticas. Como oposición volvimos a decir ¡No! ¡La derecha no pude presidir la Comisión de Derechos Humanos!

Por nuestro trabajo durante octubre de 2019, conté con los votos de los comprometidos senador Latorre y senadora Muñoz, para volver a encabezar la instancia. El show pasó del drama a la tragedia. Tomó protagonismo entonces el galán de Evópoli, el senador Kast. Todo comenzó con un berrinche el 19 de abril, en el que expresó que dejaría de asistir a la Comisión si no se le daba la presidencia a la derecha. Y, verán, aquel osado galancete cumplió su amenaza: ¡estuvo tres meses sin ir a trabajar! Pero, al parecer, la vergüenza pudo más. Tras 80 días de inactividad, volvió a aparecerse por la Comisión y, como nadie le guarda rencor, fue recibido con las puertas abiertas (al fin de cuentas para trabajar fuimos electos). Pero se apareció no para trabajar, sino ¡para renunciar!

Y he aquí el “quid” de la cuestión. La renuncia de un senador a una comisión es algo tan inesperado y sin sentido que no está previsto en el reglamento del Senado. Las comisiones deben componerlas, por reglamento, cinco senadores/as. Como ahora somos cuatro, no podemos sesionar y la derecha no nombra reemplazantes, y pareciera que se mantendrán en tal postura mientras no les cedemos la presidencia de la Comisión. Hay varias explicaciones para entender cuál es la verdadera motivación del senador Kast para este papelón, que de seguro va al Oscar, por mejor guión y por mejor actor. Algunos me han dicho que lo hizo para frenar dos importantes proyectos que se estaban tramitando: uno que prohíbe a Carabineros el uso de escopetas (para terminar con los traumas oculares) y otro que prohíbe y penaliza los desnudamientos forzosos para terminar con los ultrajes y violencia sexual en las comisarías y procesos de detención. Otros me han dicho que es para salvar a su Presidente Piñera de que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado lo siga persiguiendo penalmente. Otros me han dicho también que es sencillamente por flojera.

Como sea, el punto es que la Comisión necesita trabajar, porque el país necesita avanzar en justicia, reparación y prevención. Porque los derechos humanos son aquí y ahora. Porque Kast y su coalición ya han hecho suficiente daño al país. Ante las circunstancias descritas, insisto categóricamente en que no renunciaré a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado.

Por su parte, la Mesa del Senado debe proponer un o una reemplazante: la senadora y presidenta Ximena Rincón debe realizar una propuesta de reemplazo para integrar la Comisión, ya sea del oficialismo o de la oposición. Quiero, de todos modos, señalar el grave riesgo que significa el precedente que intenta imponer el senador Kast y la derecha con este actuar, bloqueando el normal funcionamiento de una Comisión de manera unilateral y arbitraria.

De continuar, y consolidarse esta situación, en los hechos hoy está abierta la posibilidad de que cualquier comisión del Senado que se encuentre tramitando proyectos de alto interés para la ciudadanía, como la Ley de Indulto General a los presos de la revuelta, o el fin de las AFPs, o más aún, el Cuarto Retiro de los fondos de pensiones, podría quedar paralizada a sola voluntad de un senador, partido o coalición que quiera desplegar una estrategia obstruccionista como la que se ha desplegado en la Comisión de Derechos Humanos. La Mesa del Senado tiene la palabra, y de ella depende poner fin a esta gravísima situación que compromete al funcionamiento presente y futuro de la Cámara Alta del Congreso.