Este lunes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió el sobreseimiento del exdirector de Clínica Las Condes (CLC), Fredy Jacial, de su imputación por el delito de administración desleal. El exejecutivo fue objeto de una querella desde el mismo centro de salud por "recibir pacientes COVID en exceso" desde el sistema público en el contexto de la pandemia y no informarlo al directorio, según acusaron.

Fue en mayo de este año cuando CLC interpuso la acción judicial en contra de Hagel. En el libelo se acusó que "se aceptaron pacientes FONASA derivados por la UGCC del Minsal, por sobre el límite impuesto por la autoridad sanitaria" y que el exgerente "simplemente omitió, de manera dolosa y deliberada, informarlo al directorio".

Desde CLC estimaron que sus actuaciones habrían generado un perjuicio de $8.500 millones al capital social, ya que el arancel que se calculó para este tipo de pacientes alcanzaba a cubrir apenas el 50% de los costos. Así en el directorio se habría manifestado la preocupación de que "la derivación de infectados desde el sistema público ante la baja de camas críticas provocaría un verdadero hoyo financiero".

No obstante lo anterior, el juez Rodrigo Carrasco resolvió acoger la solicitud de la defensa, a la que también se adhirió el Ministerio Público, y sobreseer definitivamente a Jacial. Además, consideró que "no hay motivo plausible para litigar", por lo que condenó a la CLC a pagar las costas del juicio, según informó La Tercera.

"Los actos realizados por el querellado en su calidad de gerente general dicen relación a su aceptación a los términos impuestos por el Estado dentro del manejo que se hizo y se sigue haciendo en el contexto de la pandemia de Covid-19. No se observa que el querellado haya realizado alguna actividad dolosa, que tenga como objetivo el perjuicio patrimonial de Clínica Las Condes", afirmó el magistrado.

"(...) el querellado no estaba en posibilidad de decidir sobre el ingreso o rechazo de pacientes Fonasa como se le imputa en la presentación de la querellante", agregó.

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De igual forma, argumentó que se debía considera que "los perjuicios están siendo demandados en un juicio que se sigue por Clínica Las Condes contra el Fisco de Chile, donde se reconoce que el Estado impuso medidas a Clínica Las Condes, las que le acarrearon una disminución en su patrimonio lo cual viene a evidenciar la falta de facultades del querellado, en su calidad de Gerente General, en cuanto a negarse a los requerimientos de la autoridad sanitaria".

Por su parte, María Trinidad Luengo, abogada del exejecutivo, valoró la resolución y sostuvo que la decisión es categórica "respecto a la inocencia de don Fredy Jacial, quien actuó en todo momento conforme a la ley y a las exigencias de la autoridad sanitaria", en conversación con el citado medio.

En tanto el abogado Marcelo Sanfeliú, representante de CLC, afirmó que "la resolución del tribunal no se condice para nada con lo que se le imputa a Jacial en la querella y en la investigación (...) nunca se ha imputado a Jacial haber aceptado pacientes en exceso, lo que se le imputa es haber omitido esa información sumamente relevante y material al directorio de CLC".

Un segundo exgerente sobreseído

Jacial no fue el único exgerente de la Clínica Las Condes sobreseído esta jornada. El mismo tribunal, aunque otro magistrado, resolvió terminar con la imputación a Jaime Hagel, también exejecutivo de CLC y querellado por el centro de salud por administración desleal.

En este caso la acción fue interpuesta en octubre del 2020 a raíz de la aprobación de un crédito por $4 mil millones que realizó CLC al Centro de la Visión (CEV), razón por la cual al asumirse una nueva administración encabezada por Cecilia Karlezi se presentó el escrito acusando un daño patrimonial de $2.800 millones. En el texto argumentaron que hubo decisiones "dolosas" por parte de Hagel con el objetivo de que los nuevos dueños tengan que asumir la millonaria deuda.

Sin embargo, la jueza Ximena Rivas sostuvo que la decisión de efectuar dicha operación fue "razonable". En razón de esto, consideró que "querellarse con posterioridad por la ejecución de una decisión que fue debidamente estudiada, que fue ponderada junto con otras y que no solamente desde una perspectiva empresarial, sino incluso a ojos de esta juez resultaba mucho más rápido de ejercer y por ende más rápido de generar esta solución al problema de la ratio de endeudamiento, es que parece abusivo ejercer una querella criminal".

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