Los efectos del vertedero Santa Marta, en Talagante, nos siguen preocupando. Hace pocos días fueron formalizadas cinco personas por delitos de daño ambiental por la descarga ilegal de líquidos percolados que contaminaron el estero El Gato, ubicado en esta comuna, donde, entre ellas, se encuentran tres directores del consorcio. Este es un paso que valoramos en justicia ambiental, pero que está lejos de ser una solución definitiva. La historia del vertedero nos ha mostrado los graves daños que ha causado a la comunidad, y un hecho basta para ejemplificar: el 15 de enero de 2016 se produjo un desprendimiento de 500 mil toneladas de residuos, generando una emergencia sanitaria por más de una semana. No sólo provocó una extendida nube tóxica por la zona, sino que, además, la sensación de total desprotección en las y los vecinas por la transgresión de su derecho fundamental a vivir en un ambiente libre de contaminación. Sin duda que esta es la muestra de la desidia del Estado y sus organismos medioambientales que deberían trabajar por un cambio de modelo, que esperamos se concrete en la nueva Constitución para que, luego, se vea reflejado en leyes concretas.

Es necesario pensar en un modelo de gestión de residuos sustentable con el medioambiente, el desarrollo y el bienestar de la comunidad. No podemos seguir permitiendo las llamadas “zonas de sacrificio” o los “patios traseros” de la Región Metropolitana. Un nuevo modelo para la gestión de la basura no admite postergaciones. Para eso es necesario que se hagan modificaciones legislativas en materia de depósitos de residuos con una mirada basada en la sustentabilidad, pero, sobre todo, pensando en que estos espacios no pueden seguir siendo una opción abierta a licitaciones de privados.

Sobre esto último, otra noticia también nos alerta: el 13 de agosto pasado vencieron los contratos de nueve municipios con el relleno sanitario Santa Marta para la disposición final de más de 700 mil toneladas de basura. Lo más preocupante es que la nueva licitación en marcha replica el mismo modelo de gestión de residuos que se ha venido implementando desde hace dos décadas, donde la acción de los privados no permite aplicar un control efectivo y que, por el contrario, sea el Estado el encargado de gestionarlos. Este es el mismo modelo que está poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida.

Ante la falta de leyes que busquen terminar efectivamente con este modelo, nuestra propuesta proyecta una reforma a la actual normativa para el tratamiento de residuos, que hoy impacta directamente en el suelo y sus diferentes capas por los percolados. Para esto es clave la existencia de un Congreso comprometido con las transformaciones de las comunidades y sus territorios, para que se elaboren reglamentos específicos que permitan darle una bajada a las políticas, planes y programas concretos que dan forma el nuevo Chile que queremos construir.

Una de nuestras principales propuestas es pensar un modelo de gestión de residuos que garantice el cuidado y la protección de la naturaleza por sobre cualquier interés privado, a diferencia de como lo hemos visto claramente en la historia del vertedero Santa Marta. Esta es nuestra tarea colectiva.