La próxima Presidencia chilena tendrá menos protagonismo dado el “efecto constituyente”, que marca el momento. Pero, como en política todo se retroalimenta, es importante saber cuáles mensajes se están enviando desde los protagonismos progresistas chilenos. Esto, porque ya es clara la necesidad de que la Constitución sea como un Nunca Más en cuanto a los derechos humanos. Por ello es también necesario aclarar el rol que las candidaturas presidenciales juegan en la instalación de esa Constitución reparadora y que cumpla esa promesa de Nunca Más que esperamos por ser justa y necesaria. Una de las condiciones para que cumpla la promesa de no más impunidad es que cree una institucionalidad desmilitarizada, que corte con el círculo vicioso de la repetición de las violaciones a los derechos humanos, poniendo para ello fin a la escuela, estructura, institucionalidad y justificador de esas violaciones que son las Fuerzas Armadas (https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/05/27/una-constitucion-desmilitarizada.html ) y policías incorporando al derecho de objeción de conciencia como eje de esa Constitución desmilitarizada.

Los mensajes respecto al problema militar que emiten las candidaturas presidenciales darán o quitarán impulso y forma a la relevancia y profundidad que tenga esa desmilitarización y ese Nunca Más. No es buena señal al respecto que la más potente candidatura del nuevo viejo orden, el magallánico Boric, vaya –respecto al problema militar– por la misma senda ingenua que en su momento transitó Allende. Tanto Allende como Boric, en sus programas más que reducir la esfera militar, ofrece/ofreció sólo cambiar, aumentándola al mismo tiempo, esa esfera de intervención e influencia militar, modificando apenas el enfoque de las FF.AA.: el programa de la Unidad Popular buscaba un enfoque autónomo de la influencia estadounidense mediante una defensa nacional, soberana y popular. Con otras palabras, la propuesta del Frente Amplio dice lo mismo. El programa de Allende pedía integrar a las FF.AA. en la vida social y económica del país, el programa de Boric dice lo mismo, con ciertas precisiones de cuáles áreas y empresas militares se trata. La UP denunciaba en su programa algún privilegio previsional de las FF.AA. y planteaba corregirlo. El FA en su programa asume el cúmulo de denuncias y condenas respecto a la corrupción en las FF.AA. y promete corregirlas. Lo que ofrecía el programa de Allende a las FF.AA. era no afectarlas y dar continuidad al mismo trato de siempre: el mismo ingenuo error que plantea Boric en su programa.

La militarización de un país no es necesariamente algo que ocurre de golpe (militar), sino que por lo regular es un cúmulo de concesiones, una tras otra, que los gobiernos van dando a los militares incorporándolos en otras áreas (civiles) de institucionalidad estatal, bajo mil excusas que van desde el fomento del deporte, la ayuda en catástrofes, hasta el combate al terrorismo o la inseguridad pública. Un ejemplo bien documentado es México, en el cual la militarización lenta y soterrada del Estado ha continuado bajo todos los gobiernos, desde 1990 (por poner una fecha), siendo uno de sus hitos la impunidad militar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el más reciente la creación de una nueva rama militar por el presidente López Obrador: la Guardia Nacional. Podríamos decir algo similar respecto al gobierno de la UP en Chile, el cual dio espacios civiles a los militares tanto voluntaria como como forzosamente. Así, visto como un proceso de militarización, se puede hacer un hilo que va del decreto de Estado de Excepción en 1972, que puso a los militares en las calles, la publicación e implementación de la Ley 17.798 de control de armas (que dio a las FF.AA. el control absoluto del tema, aumentando sus potestades), el gabinete militar-cívico encabezado por el general Prats, proceso que se cierra con el golpe militar de septiembre de 1973, anunciado y ensayado en el tanquetazo de fines de junio de ese año.

En el Chile postdictatorial nunca se asumió la tarea de desmilitarizar el país. debido a la estrategia de la Concertación para encarar el problema militar: una negociación permanente con las FF.AA. a las que se asumía como una de los poderes fácticos existentes (junto al empresariado y la Iglesia católica) y que, en la práctica, funcionaba como “partido militar” que durante todos los 90 contó con representación en el Senado. Esa estrategia de negociación dio como resultado un blanqueo de las Fuerzas Armadas para que parecieran “democráticas” sin haber hecho ningún proceso de despinochetización, especialmente en el Ejército. Este lavado de imagen gubernamental tuvo su momento más destacado en la aparición sobre una tanqueta de la entonces ministra y “destapada” futura presidenta Bachelet. Toda concesión política que afectara a las Fuerzas Armadas (cambios a la Constitución de Pinochet) fue pagada con más y total autonomía presupuestaria, con altos niveles de impunidad en el tema, así como aval gubernamental a un excesivo programa de rearme que colocó a Chile como un objetivo del mercado armamentista y todos los dineros ocultos que en esa área se maneja, como deja en evidencia el Milicogate (https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/08/06/milicogate-fiscalia-pide-15-anos-de-carcel-para-juan-miguel-fuente-alba-por-millonario-fraude-en-el-ejercito.html). Todas esas concesiones mantuvieron a las FF.AA. sin programas o planes de educación democrática y despinochetización.

Por ese camino llegamos a la situación actual, en la cual los programas presentados respecto al tema Defensa sólo aseguran la continuidad del lento proceso de re-remilitarización que vive Chile y que tiene sus hitos más visibles en la militarización de las fronteras impulsadas por Piñera, los continuos estados de excepción decretados que pusieron a los militares a controlar las ciudades, la permanente militarización del Wallmapu y, claro, el show mediático de militares subiendo a inmigrantes a aviones para expulsarles, como si presos de Guantánamo se tratara porque, por cierto, la militarización es también simbólica.

No es inútil recordar que los dos gobiernos de izquierda que tuvo Chile (la República Socialista de Marmaduque Grove y la Unidad Popular de Salvador Allende) terminaron mediante sendos golpes militares: el problema militar chileno explosiona, no metafóricamente, con los gobiernos de izquierda. Más vale no ser ingenuos en lo histórico y tomar medidas precautorias.

Si no aparece en los programas de las candidaturas presidenciales una iniciativa clara de desmilitarización social/país, no se hará creíble una política cuyo eje sean los derechos humanos, sociales, culturales, políticos, económicos y de género. Al contrario, mantener el problema militar dándole continuidad y expansión a su esfera sólo asegura limitaciones efectivas a cualquier construcción social realmente de cambio. Y eso influirá en el ánimo constitucional. Decir que Allende fue el Boric de su época puede causar cierta molestia, pero respecto al problema militar ese dicho es cierto.