En torno a la Acusación Constitucional contra el ministro Raúl Figueroa se han construido caricaturas y falsas oposiciones que impiden ir al fondo de los problemas expuestos: la crisis de la educación y las comunidades educativas, agudizada por el mismo ministro de Educación. En estas líneas iremos a uno de los puntos críticos: las subvenciones escolares, su regulación y la disminución en el financiamiento de los establecimientos educacionales.

La Acusación Constitucional cita un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que muestra la variación del monto de subvenciones escolares entre 2019 y 2020. En lo referido a la Subvención General dice que 48,58% de los establecimientos recibieron menos ingresos en el pandémico 2020 versus el año 2019. En el caso de los establecimientos municipales, el desfonde que muestra es todavía más profundo: 54,02% recibió menos recursos.

La defensa del ministro Figueroa sobre el punto es irrisoria. Se escuda en promedios y señala que “las subvenciones siguen a los niños”. Dice incluso que, del total de establecimientos que recibieron menores ingresos, el 75% se explica porque su matrícula promedio disminuyó en relación con el 2019. Pero en ninguna de sus 300 páginas aclara qué ocurrió con el 25% que omite, un cuarto del sistema educativo perjudicado que no se explica por disminución de matrícula.

Con lupa, y en base a los datos oficiales del Mineduc, detectamos que -más allá de los 6.774 establecimientos con disminución en alguna subvención- hay 1.591 establecimientos que, manteniendo o incluso aumentando matrícula, bajaron sus ingresos por concepto de Subvención General. Y que, en suma, son 4.643 las escuelas del país (correspondientes al 44% del sistema escolar subvencionado) donde la subvención disminuyó proporcionalmente más que la matrícula, afectando los recursos asociados a cada estudiante. Es decir, ni aún bajo la lógica del ministro la subvención “siguió” a las y los niños y adolescentes.

Esto no considera el detalle de las disminuciones por subvención del Programa de Integración Escolar (PIE), ni tampoco las asociadas a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), dirigidas a estudiantes vulnerables, las que sufrieron bajas reales por más de $ 3 mil millones entre un año y otro. Estos recortes han tenido efecto de manera particular en las comunidades educativas, impactando sobre las remuneraciones de docentes y asistentes de la educación; en la distribución de horas lectivas y no lectivas; en menores recursos para la contratación de especialistas que atienden las necesidades educativas especiales de miles de niñas, niños y adolescentes.

Todos estos antecedentes presentados en la Acusación Constitucional en su contra no son abordados con debida diligencia en la contestación de la defensa de Figueroa. Hablamos de miles de establecimientos afectados, tanto públicos como privados. Millones de estudiantes a lo largo de Chile para los cuales no hay respuesta ni justificación evidente, con el agravante de la pandemia, cuando los establecimientos y las comunidades educativas requerían (y requieren) de mayor apoyo. La magnitud del problema y la cantidad de recursos involucrados hacen inverosímil que, por acción u omisión, no haya responsabilidad por parte del ministro Figueroa.