El cierre de fronteras ha golpeado duro al sector turístico en un año en que había ciertas expectativas de remontar. Hoteles y agencias han pasado meses sin operar, pero esta no ha sido una realidad para todos. Los hoteles de tránsito y las agencias que lo gestionan han salvado (y algunos no por poco) los muebles este año a costa de las cuarentenas que los pasajeros que regresaban a Chile se han visto obligados a realizar por orden del Minsal. 

El precio promedio de los hoteles de tránsito para cinco días de estadía gira en torno a los 450.000 pesos, con tarifas que oscilan entre los 250.000 y los 800.000 pesos (o incluso más). La oferta varía desde los establecimientos de dos estrellas a los de cinco, pero todo depende de la disponibilidad que hay en el momento de la reserva. “Hemos aportado 55 hoteles de tránsito que tenían que cumplir unos requisitos como tener el certificado [de "Compromiso de Confianza Turística"] que entrega Sernatur, contar con protocolo Covid-19 y otros. Los hoteles que quisieron participar, participaron para ofrecer el servicio”, cuenta Alberto Pirola, presidente de Hoteleros Chile. 

Sin embargo, los retornados que estas últimas semanas se han visto obligados a contratar estos servicios aseguran que las tarifas, que ahora son por 10 días de cuarentena, superan los 700.000 pesos: “Lo más barato que yo encontré era por 830.000 pesos en el hotel By Director de Las Condes y los demás se ponían en 1 millón”, comenta Rodrigo, un chileno que luego de vivir 17 años en España trabajando como chef en un hotel de Marbella, tuvo que regresar a Chile porque la pandemia lo dejó sin trabajo ni ahorros. Quienes tienen que regresar denuncian la diferencia entre el precio que ofrecen las agencias y el que puede conseguirse por otros operadores como Booking. 

Hasta hace una semana la gestión de los hoteles se ha hecho a través de dos únicas agencias, las dos mayores del mercado: Cocha y Travel Security, sin ningún proceso de licitación abierto y por la vía del trato directo. Fueron contratadas por el Minsal como agencias de viaje exclusivas para gestionar, asignar y vender las reservas de los hoteles de tránsito. Según explicó la autoridad sanitaria, las dos elegidas son las únicas que tienen una sucursal en el área internacional del aeropuerto. “Es entendible que hayan escogido a estas dos agencias por la urgencia sanitaria y porque tienen credenciales para estar ahí, para acelerar procesos logísticos cuando se llega al aeropuerto y la capacidad de dar respuesta oportuna a la cantidad de pasajeros que vienen llegando”, apunta Daniel Rico, director de VisitChile.com, otro de los operadores turísticos del país. Sin embargo, para Rico, esa elección “da para especular y es un riesgo para la imagen de ellas”, ante lo que entiende que otros operadores se pregunten “por qué nos cerraron las puertas a las demás en un acto en el que fueron beneficiados solamente unos pocos”.

“Las agencias reciben una comisión del 20% y, si bien los hoteles hicieron un esfuerzo para bajar tarifas para los cinco días de la cuarentena [ahora son diez], las agencias siguieron con los mismos valores de comisión. Creemos que esto fue un error”, lamenta Alberto Pirola. Según cifras de la Seremi de Salud entregadas a El Desconcierto, desde el 7 de abril hasta el 28 de julio, 38.841 pasajeros han sido derivados a hoteles de tránsito. Una cifra que, tomando como referencia el costo promedio del hotel de 450.000 pesos, permite estimar que Cocha y Travel Security se habrían embolsado casi 3.500 millones de pesos a través de comisiones. 

Exclusividad de dos agencias

El negocio de los hoteles de tránsito ha beneficiado a las agencias más grandes del mercado y a los grandes empresarios del sector: Guillermo Correa, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y Sergio Purcell, vicepresidente de la misma, según recogen en su página web. Ambos, además, han compartido vínculos e intereses con el presidente Sebastián Piñera. 

Purcell es ingeniero comercial de la Universidad Católica y gerente general de Cocha. Sus primeros vínculos con el presidente surgieron en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica, a principios de los ochenta, donde Piñera entonces impartía clases. Tres años después de su egreso, se convirtió en gerente comercial de la administradora de tarjetas Bancard por decisión del actual mandatario, entonces uno de los socios. El presidente también lo colocó como gerente general de Intersport (Puma Chile) y en 1996 pasó a ser parte de LanChile, de la que Piñera tenía participación, donde ejerció como gerente general de LanPerú por casi cuatro años. Desde 2003 a 2008 estuvo al mando de la gestión general de Farmacias Ahumada, período en el que tuvo lugar el escándalo de la colusión de precios que la cadena reconoció. Piñera, a través de Inversiones Bancard y Santa Cecilia, era accionista minoritario de Ahumada. La justicia lo absolvió junto con otros nueve directivos imputados en el caso. Tras este episodio, pasó a ser gerente general de Cocha, cargo que ocupa desde hace casi 13 años.

Guillermo Correa preside la otra agencia favorecida, Travel Security, filial del Grupo Security, uno de los mayores grupos económicos del país y con presencia en el sector financiero, turístico, inmobiliario y de seguros, entre otros. De hecho, Correa ha ocupado la gerencia de Banco Security y ha sido responsable de Leasing Security y director de Valores Security. Según recoge Ciper, a través de Inversiones Santa Cecilia, Piñera poseía menos del 1% de las acciones del Grupo Security, a marzo de 2009.

El pasado mes de mayo, un grupo de 22 agentes de viajes y empleados de turismo presentó un recurso de protección para revertir la obligatoriedad de tener que ingresar en los establecimientos de tránsito que sólo gestionan Cocha y Travel Security: “La medida improvisada viola al menos tres garantías constitucionales: la libertad de empresa, la no discriminación arbitraria y el derecho a la propiedad”, expuso entonces Alfonso Marzano, uno de los agentes de viajes que se hizo parte de la acción judicial y creador del grupo Reinventados del turismo. 

“Ha sido un calvario”

Para muchos chilenos y chilenas residentes en el exterior, este 6 de agosto estaba marcado en rojo en el calendario. Es la fecha elegida por el Minsal para poner en marcha el proceso de validación de vacunas recibidas en el extranjero y que permitirá a quienes tengan la pauta completa obtener un pase de movilidad e ingresar al país sin tener que hacer la cuarentena obligatoria en un hotel de tránsito financiado por los propios pasajeros, sino que podrán permanecer en su propio domicilio.  

La obligación de pagar los hoteles de tránsito ha levantado polémica desde hace semanas en la comunidad chilena que vive en el extranjero y quiere regresar a su país. El Minsal aplicó un cambio de criterio de forma arbitraria el pasado 26 de julio: cuando se cerraron las fronteras el 5 de abril, la autoridad sanitaria consideró que los chilenos y residentes que habían salido del país antes del 28 de marzo de 2021 (cuando se anunció la medida de los hoteles) y que ahora querían regresar, debían pasar cinco días en un establecimiento de tránsito cuyo coste corría a cargo del Estado. Sin embargo, eso cambió a partir del 26 de julio, con la apertura de fronteras, cuando se informó que los hoteles de tránsito debían ser costeados por los chilenos y residentes en el exterior, independiente de la fecha de salida de Chile y que la cuarentena obligatoria se ampliaba de cinco a diez días. Del 26 al 29 de junio la demanda se disparó porque la cuarentena pasó a ser obligatoria para todos quienes regresaban sin pase de movilidad (independiente de su fecha de salida del país) y además aumentó a diez días. 

En medio de todo este caos se encontró Rodrigo: “Cuatro días antes de viajar nos enteramos que teníamos que pagar un hotel, algo imposible en la situación que nos encontrábamos. Tuve que hacer colectas entre vecinos y amigos para poder pagarlo porque viajaba sin nada de dinero. Llevo meses sin ingresos en España y estas semanas previas al viaje han sido muy duras psicológicamente. Ha sido un calvario”, explica. Josefina y su pareja, que han pasado un año en Barcelona para terminar sus estudios de posgrado, tuvieron que pedir plata prestada para pagarse el hotel. “Tenemos que volver porque nuestras visas están caducadas y no tenemos medios para seguir manteniéndonos en Barcelona”, señala.  Las quejas de quienes retornan inundan desde hace semanas las redes sociales con críticas a los precios y –en no pocos casos– a la mala atención que reciben en los hoteles donde los obligan a encuarentenarse: “Me tocó el Hotel Four Seasons, de la cadena Sheraton, y si bien la habitación es amplia y cómoda, la alimentación es pésima. Por la cantidad de dinero que pagas, tienes derecho a que al menos te sirvan la comida en un plato”, critica Cristina Domínguez.  

Una solución 'por fuera'

Rodrigo terminó su periplo para llegar a Chile gracias a una reserva “por fuera” de las dos agencias inicialmente impuestas por el Minsal. La resolución exenta 672-2021 publicada en el Diario Oficial, con fecha 24 de julio, no señala que las reservas de hoteles tengan que hacerse exclusivamente por Cocha o Travel Security y desde hace unos días los pasajeros han podido acceder a otros operadores o incluso contactar directamente con los hoteles. Una información oficial que muchos desconocían porque, dicen, el Minsal no lo informa, ni siquiera a los funcionarios a cargo de esta gestión. “Todo el mundo maneja una información diferente y tu destino depende de la persona que te atiende. En Madrid nos tuvieron un buen rato esperando porque empleados de Latam no tenían la info actualizada y, según ellos, no podía embarcar sin la reserva hecha por Cocha o Travel Security”. 

Ahora agrupaciones de chilenos y chilenas en el exterior se están encargando de dar a conocer los cambios a través de sus redes. “Reservé en el hotel Ibis Budget, que pagué por fuera de las dos agencias, y me salió por 404.000 pesos por los 10 días, solo con desayuno; comemos delivery y cosas que nos mandan los amigos”, señala Rodrigo. Josefina también pudo reservar su establecimiento al margen de la gestión de las agencias, por el que pagó 451.000 pesos. Desde el gremio de hoteleros, Pirola también considera equivocado que el Minsal impidiera a los clientes corporativos o frecuentes de los hoteles poder reservar su estadía de forma directa, en vez de pasar por las agencias: “Es una mala interpretación que se hacía en el aeropuerto”, asegura. 

Sobre el papel que cumplen Cocha y Travel Security en el aeropuerto, Rodrigo destaca que “no hubo nadie de las agencias” en todo el proceso de llegada a Chile, que se puede demorar más de seis horas. “Cuando nos bajamos del avión, nos llevaron a hacer una fila que se demoró cuatro horas y llegamos a un mesón del Minsal donde nos pidieron los papeles y te hacen la gestión del hotel, directamente con el Minsal, sin agencia ni nada. Si llegas al mesón sin hotel, te abren un sumario sanitario y te colocan en el establecimiento que ellos quieren, ni siquiera te dicen lo que te va a costar”, critica. 

"Han vulnerado nuestros derechos"

Lo que hoy reclaman los chilenos y residentes que quieren regresar a Chile es que sea el Estado quien se haga cargo de los costos de los hoteles de tránsito, como se había dispuesto en un principio. No se oponen a hacer la cuarentena obligatoria, pero sí exigen hacerla en su domicilio o en un hotel de tránsito financiado por el Minsal. “El Gobierno cree que con la validación de las vacunas se arregla todo, pero el tema central es el precio de los hoteles que no se corresponde a la realidad de los precios del país. Muchos han perdido sus empleos en Europa o Estados Unidos por la pandemia y no nos pueden poner un precio para entrar a nuestro país”, añade Daniel, quien en septiembre tiene previsto regresar a Chile desde Alemania. Incluso el gremio de hoteleros apunta a revisarlo: “La mayoría son estudiantes y para ellos la estadía en un hotel sale cara, deberían estudiar esta situación”, indica Alberto Pirola.

Mientras la situación no avanza, un grupo de 15 personas afectadas ya ha decidido acudir a la justicia. Presentarán un recurso de protección –el segundo relacionado con este tema– ante la Corte de Apelaciones contra el Minsal, y en particular, contra la Seremi de Salud. Buscan denunciar “la acción ilegal y arbitraria de cambio de normas y de condiciones a la entrada del país” que “ha vulnerado derechos fundamentales [de chilenos y residentes que quieren regresar] como la libertad, la igualdad y el principio de la confianza legítima, entre otros”, expone Gabriela Quevedo, representante legal de los afectados y parte de ese colectivo. “Es un derecho humano entrar al propio país sin ninguna condición y lo que nos están imponiendo es tener que pagar para entrar a nuestro propio país”, resume.