El 25 de junio, previo a que el ex ministro del interior Rodrigo Peñailillo (ex PPD) reapareciera transparentando su intención de ser senador, el Ministerio Público comunicó al Octavo Juzgado de Garantía su decisión de no perseverar la investigación en su contra en el Caso SQM.

Peñailillo integra la nómina de 34 personas que consiguieron liberarse del proceso, a pesar de la evidencia que la Fiscalía acumuló para demostrar que al menos 31 de ellas habrían participado en operaciones para financiar actividades políticas con dineros ilegales.

La mayoría libró del proceso penal debido a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) decidió no presentar acciones judiciales en su contra, a pesar de ser informados de los antecedentes por los fiscales.

Peñailillo habría emitido boletas que se pagaron con dinero aportado por SQM para financiar de manera ilegal la precampaña electoral de Michelle Bachelet, además de dejar un antecedente que marcó el destino de las investigaciones sobre platas políticas. Lo anterior porque junto al entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas (PS), habría encabezado las presiones sobre la plana mayor del SII en el 2015 para que ese servicio no siguiera colaborando con las indagatorias.

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De hecho, fue la actitud adoptada desde el SII, entidad que dejó de presentar denuncias o querellas, la que seis años después posibilitó la salida de la causa de Peñailillo y de los otros 33 imputados.

Tras el abandono de Arenas de la cartera de Hacienda, su puesto lo asumió Rodrigo Valdés (PPD), quien puso a la cabeza del SII a Fernando Barraza, quien instauró la política de no interponer nuevas denuncias o querellas alusivas a dineros políticos, lo que terminó minando a las investigaciones.

Con la decisión judicial de no perseverar contra estos 34 imputados, los últimos que saldrán del caso previo al inicio del juicio oral, la acción del Ministerio Público se mantiene solo contra ocho acusados, entre ellos Pablo Longueira (UDI) y Marco Enríquez Ominami (PRO).

En este contexto, el medio Ciper publicó este miércoles las principales evidencias y testimonios reunidos por la Fiscalía sobre Peñailillo

Aunque ya no sea imputado, el ex secretario de Estado todavía no puede decir que se libró completamente del caso SQM. Al aspirante a senador lo citarán en el juicio y la Fiscalía espera que testifique respecto “de su cargo como Ministro del Interior el año 2014 y de su relación con otros ministerios y la jefa de gabinete del Ministro de Hacienda, Andrea Palma, de las intervenciones por las acciones tomadas por el SII”, según reveló el mismo medio.

Peñailillo: "Efectivamente trabajé en una empresa de Giorgio Martelli"

Peñailillo ya admitió ante la Fiscalía que emitió boletas para Asesoría y Negocios SPA (AyN)), la sociedad constituida por el recaudador de fondos de la campaña de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, que habría recepcionado aportes de SQM.

"Efectivamente, cuando llegué en 2011, estuve en 2010 y 2011 estudiando en España, a fines de 2011 y principios de 2012, trabajé en una empresa de Giorgio Martelli en calidad profesional, como magister en análisis político", fue parte de lo que aseguró en ese entonces el ministro PPD.

Ademas, según afirma el citado reportaje, en el listado de pagos de AyN figuraban estrechos colaboradores de Peñailillo, integrantes del grupo G90 de su partido, que ahora también están en la nómina de los 34 excluidos del caso. Uno de ellos es Álex Matute, quien públicamente admitió que el ex ministro del Interior de la segunda administración de Bachelet prestó asesorías confidenciales para su estudio jurídico Harold’s & Johns Business &Law.

Su socio en ese bufete era Harold Correa, asesor e integrante del círculo de confianza del ex secretario de Estado. Y fue mediante esta sociedad que Correa y Peñailillo asumieron un rol en la recaudación de recursos para la pre campaña presidencial de la actual funcionaria de la ONU.

De acuerdo a la investigación, la firma de abogados de Correa y Matute facturó $32 millones a Empresas Copec y cerca de $120 millones a Compañía de Seguros del Sur (las dos pertenecientes al grupo Angelini), además de emitir 23 facturas a AyN, la empresa que Martelli montó para presuntamente triangular recursos desde SQM.

Una vez que estalló el escándalo, Peñailillo dejó La Moneda y junto a él salieron todos los integrantes del G90 que lograron instalarse en el palacio presidencial. Esto es, el jefe de asesores de Interior, Robinson Pérez, el encargado de estrategias de esta misma cartera, Flavio Candia, y el coordinador de actividades públicas de esta secretaría de Estado, Héctor Manuel Cucumides.