El alcalde de Recoleta y candidato presidencial Daniel Jadue presentó su programa de gobierno e incluyó el tema de los medios de comunicación. Su propuesta tiene el mérito de poner en juego un tema esencial, pero omite cuestiones fundamentales de un sistema de medios acorde con los estándares de libertad de expresión vigentes.

Partamos recordando que defender la libertar de expresión es por definición la defensa del derecho de nuestros antagonistas a la palabra pública. Sólo desde esa premisa se puede acreditar de manera efectiva mi propio derecho a participar en el debate público. Así se construyó la defensa de la libertad de opinión y de expresión en el derecho internacional, que lo reconoce como un elemento esencial de los derechos sociales y políticos. Así ha sido entendido por muchos líderes. Entre ellos Salvador Allende, que defendió y creyó en el libre ejercicio de los medios de comunicación como condición para el funcionamiento de la democracia. Más allá de toda duda, en los años de su gobierno los medios funcionaron y vociferaron. Esa convicción no sólo le significó enfrentar la sedición de la derecha; también el “fuego amigo” de grupos de su propia coalición, que los usaron para enfrentarlo. Poner a los medios lo más lejos posible del control del Estado, incluso en momentos de extrema polarización, era una forma de asegurar el funcionamiento del Estado de Derecho. No haremos un análisis más complejo de este hito, pero es necesario recordarlo a la luz de las miradas que recoge la propuesta de Jadue, la que tiene un grave error de enfoque, pero tiene el mérito de hacerse cargo de una cuestión postergada por más de 40 años.

Desde los años 90, y hasta la fecha, se impuso la manoseada doctrina Tironi, que suponía que inhibir el rol del Estado y dejar la regulación del sistema de medios en manos del mercado era “no tener una política”. Máxima tramposa que escondió la decisión de todos los gobiernos de la Concertación de entregar el sistema de medios, cuyo funcionamiento se basa principalmente en el uso del espectro radioeléctrico, que es un bien público, a los actores privados, quienes dominan en la totalidad el sistema de telecomunicaciones. En ese punto es correcto abordar la necesidad de democratizar las comunicaciones para poner a disposición de la ciudadanía un debate público, donde haya voces diversas y una práctica mediática de calidad que posibilite la participación de un número mayor de actorías sociales y políticas.

En torno a esta necesidad, es claro que hay que pensar en qué sistema de medios se garantiza mejor el desarrollo democrático, cuál es el rol del Estado como garante de la libertad de expresión y qué marco de funcionamiento debe regir la gestión de los medios de comunicación con independencia de su formato. Este debate adquiere una importancia que va más allá de un programa de gobierno y se instala como una de las cuestiones fundamentales de la redacción de la nueva Constitución.

En la actualidad, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación es una garantía fundamental para que pueda realizarse adecuadamente el proceso de deliberación colectiva sobre los asuntos públicos. Se trata por lo tanto de un tema fundamental para la profundización de la democracia.

El mejor sistema de medios es aquel que reconoce que la libertad de expresión es un derecho cuya titularidad reside en l@s ciudadan@s. Por lo tanto, debe contribuir a que todas las narrativas tengan lugar en el debate y puedan incidir en la cuestión publica. Esto hace necesario un sistema diversificado, donde existan al menos tres sectores: el público, el privado y el social o comunitario. Los tres deben tener condiciones para el libre ejercicio del derecho a la información y la opinión.

Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2010): “La potestad de los Estados de regular la actividad de los medios y del ámbito de las telecomunicaciones, se debe ceñir a la obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación. Así como al derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas. La regulación que pueden y deben realizar los Estados debe estar destinada a crear un marco en el cual sea posible el más amplio, libre e independiente ejercicio de la libertad de expresión por la más diversa cantidad de grupos o personas. De forma tal que se asegure al mismo tiempo que esta facultad no sea usada como forma de censura y que se garanticen la diversidad y la pluralidad”. En función de este principio, los Estados deben inhibirse de cualquier acción que implique control de contenidos. En este punto, la propuesta del candidato comunista comete el error de facultar al Estado para tutelar contenidos a través de la figura de una institucionalidad fiscalizadora, desconociendo que ese rol debe recaer en la ciudadanía, la que debe contar con canales legales que le permitan jugar un papel en la interacción con los medios. El fin de estos canales debe ser posibilitar el control a través de la libre interacción de los usuarios y de los medios. Pero se debe resguardar que no se usen para su tutelaje por parte de NINGÚN grupo de poder.

Por otra parte, la existencia de un sector de medios públicos debe basarse en la autonomía editorial y en el cumplimiento de una misión que equilibre las narrativas que tenga la ciudadanía a su disposición. En ese sentido, deben entenderse como un sector que no conforma un sistema de medios gubernamentales y se debe velar por su independencia del poder de turno y del mercado.

Respecto a la participación de las comunidades, estas deben ser reconocidas como un tercer actor, que acceda a la gestión de medios. Con especial énfasis, en posibilitar la participación de las identidades que componen nuestra diversidad cultural. Las condiciones en que se desarrolle este tercer sector deben ser viables y sustentables. Respecto a ellas, el Estado debe tener el mismo deber de respeto a la autonomía de sus actores y contenidos. Además, debe generar condiciones equitativas para el acceso de los actores sociales y comunitarios al uso de los bienes públicos, que constituye, por ejemplo, el espectro radioeléctrico y la conectividad a las nuevas carreteras de la información.

Si el objetivo es profundizar nuestra cultura democrática, estas son algunas prioridades que una política pública debe considerar:

1. Reordenamiento del uso del espectro radioeléctrico con reserva de espectro para medios comunitarios y ciudadanos. Dentro de ese espectro reservado, incluir la gestión de medios por parte de comunidades y organizaciones de pueblos originarios.
2. Desarrollo efectivo de un sector de medios públicos autónomo, cuya gestión se base en un modelo que respete su independencia. Y cuyo rol sea promover el debate pluralista y el reconocimiento de la diversidad cultural. Su misión debe ser fiscalizada a través de un ente autónomo, cuya composición resguarde la no interferencia de los gobiernos.
3. Usando las posibilidades del PROCESO de digitalización de las señales de radio y televisión, convertir la infraestructura de TVN en la COLUMNA VERTEBRAL de un sistema de telecomunicaciones público, que concentre la irradiación (acceso a internet), el desarrollo de medios regionales y el mejoramiento del conjunto de los servicios de telecomunicaciones. De modo de permitir el desarrollo y la integración de todo el territorio nacional.
4. Promover una legislación sobre financiamiento y avisaje estatal que garantice un trato equitativo para TODOS los componentes del sistema de medios de comunicación. Sean medios ciudadanos, comunitarios o privados.
5. Crear un ente fiscalizador autónomo, que realice los procesos de adjudicación de frecuencias de radios y televisión de manera transparente, resguardando los principios de pluralidad y diversidad. Garantizando la expresión de voces plurales y el cumplimiento de los principios de uso del espectro como bien público.
6. Definir la conectividad y el acceso a internet como un bien de uso público, fomentando una política de desarrollo de infraestructura que permita la integración y el acceso en todo el territorio nacional bajo condiciones equitativas.
7. Incorporar a la legislación anti discriminación la penalización de los contenidos discriminatorios de los medios de comunicación en todos sus formatos. Creando un órgano autónomo que fiscalice el cumplimiento de los principios de no discriminación y de pluralismo en los medios públicos. Dicha institución debe tener rango autónomo.

Desandar décadas de negación de la necesidad de democratizar las comunicaciones será un proceso complejo y urgente que debemos hacer como sociedad democrática, lejos de los caudillismos de cualquier tipo.