Ya han pasado casi 25 años desde la quema de camiones en Lumaco, suceso que inició un nuevo ciclo del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche. Durante este tiempo, hemos visto a gobiernos de centroizquierda y de derecha fracasar una y otra vez con su política para la Región de La Araucanía. En mi opinión, aquello es porque ninguno ha entrado al fondo del problema. Como he señalado tantas veces, este es un problema de naturaleza política y, por lo tanto, requiere un acuerdo político de todos los actores para su solución. Por lo mismo, veo una oportunidad en que las y los candidatos presidenciales propongan cuotas en órganos de representación, escaños reservados, un Ministerio de Pueblos Originarios, un Consejo de Pueblos Originarios y una nueva política de tierras. Estas medidas en conjunto pueden propiciar el diálogo político tan urgente como necesario para darle una solución de largo aliento a la región.

Hace ya cuatro años, el programa presidencial de Sebastián Piñera dedicó un capítulo completo a los pueblos originarios y a la Región de La Araucanía. Lo que vino más tarde es conocido: anunció el Comando Jungla, efectivos de Fuerzas Especiales asesinaron a Camilo Catrillanca y, con ello, cualquier posibilidad de avance se esfumó. Un estallido social, colmado de banderas mapuche, pondría fin a cualquier intento de llevar adelante su programa de gobierno. Así, cuatro años después, quienes vivimos en La Araucanía sabemos de sobra que no hay avance alguno. Por lo mismo sorprende que, en vez de hacerse cargo, La Araucanía no sea prioridad en los programas de los candidatos de Chile Vamos. Mientras Joaquín Lavín y Mario Desbordes no la mencionan, Ignacio Briones sólo lo hace para ejemplificar la pérdida del Estado de Derecho. Sebastián Sichel, por su parte, la presenta como región prioritaria para la compra de terrenos para vivienda, la menciona a propósito de la falta de penetración de internet y, finalmente, para crear una Zona Franca. Sinceramente, para las deudas y dolores que tiene nuestro territorio, aquello es demasiado poco.

A pesar de ello, al hablar de pueblos originarios se pueden reconocer algunos avances en las propuestas de la derecha. En este sentido, es Ignacio Briones quien ofrece la mirada más amplia: propone reconocer la propiedad colectiva de comunidades indígenas sobre las aguas, mayor reconocimiento cultural y educacional, además de un Ministerio y un Consejo de Pueblos Indígenas. Sin embargo, es preocupante que cuando propone reemplazar el mecanismo de compra de tierras lo haga abriéndose a “otras formas de reparación”. Aquello es desconocer que el conflicto es, precisamente, por las tierras.

El programa de Sebastián Sichel también integra una mirada política del conflicto, anunciando reconocimiento político, cuotas, escaños reservados y un “consejo”. Lamentablemente, lo hace sin ofrecer mayores detalles, lo que impide comprender su propuesta a cabalidad. Mario Desbordes, por su parte, propone la coexistencia respetuosa y la integración a través del diálogo intercultural y una “consideración de la cuestión territorial”. Vaya a saber uno qué significa aquello. Finalmente, debo consignar que Joaquín Lavín derechamente no menciona a los pueblos originarios.

Por su parte, los programas de los candidatos de la primaria de Apruebo Dignidad, y de la precandidata presidencial Paula Narváez (del PS), concuerdan en la necesidad de avanzar hacia un Estado plurinacional. Gabriel Boric, incluso, propone iniciar un tránsito hacia las autonomías indígenas. Asimismo, todos incorporan en su propuesta una comisión de estudio y un nuevo procedimiento para la restitución de tierras. Paula Narváez va más allá, e integra a este proceso la restitución de los derechos de agua y la protección de ecosistemas. Además, ella y Daniel Jadue concuerdan también en la creación de un Ministerio y un Consejo de los Pueblos Indígenas, así como en promover la participación de los pueblos originarios a través de cuotas o escaños a nivel nacional, regional y comunal. De todas formas, me sorprende que las empresas forestales –el otro actor de este conflicto– prácticamente no estén presentes en los programas de la y los candidatos.

Aun así, veo una oportunidad. Los candidatos de la centroizquierda parecen haber recogido el aprendizaje de los últimos años, y proponen soluciones más robustas y complejas. Algo de ello también ha permeado a la derecha. Si estas ideas llegan a puerto, es de esperar que representantes de pueblos originarios, elegidos a través de cuotas o escaños reservados, o integrantes de un futuro Consejo de Pueblos Originarios, puedan ser los interlocutores de un nuevo Ministerio y, por cierto, de las forestales, los actuales dueños de la tierra. Una institucionalidad así puede propiciar un diálogo real entre todos los actores. Y de él podrán nacer soluciones que perduren en el tiempo para nuestra La Araucanía.